EL ARBITRAJE ENTRE EMPRESAS SE HA CONVERTIDO EN EL NUEVO PRODUCTO FINANCIERO DE ÉXITO PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONALES

 

La práctica de que los Fondos de Inversión financien y lleguen a adquirir Arbitrajes (o contenciosos legales abiertos entre empresas) es habitual en mercados como el estadounidense o el británico y ahora llega a España.

  • La rentabilidad de financiar un arbitraje puede llegar a triplicar la inversión realizada

 

La búsqueda de nuevos productos rentables ha llevado a los Fondos de Inversión hasta el Arbitraje o proceso legal de resolución de conflictos entre empresas, entidades o países. Una práctica habitual en los mercados financieros más desarrollados que cuentan gran seguridad jurídica como el estadounidense y el británico que ahora llega a España. Más información en www.opendearbitraje.com

El Arbitraje, como sistema legal de resolución de conflictos, es una práctica que es cada vez más utilizada por las empresas en España y obligatoria en las relaciones internacionales. Estos casos de arbitraje abiertos, normalmente complicados, que exigen un tiempo medio de resolución y llegan a alcanzar costes muy elevados, están resultando ser unos interesantes y rentables productos de inversión para los Fondos.

 

Esta nueva práctica de lograr rentabilidad es habitual en Estados Unidos donde se manejan ratios de beneficio que llegan a triplicar la inversión realizada. El Fondo de Inversión analiza la posibilidad de obtener una resolución o laudo positivo en el proceso arbitral, también se estudian los activos de las partes que entran en conflicto y el costo estimado del proceso. En función de dichos parámetros se puede financiar el proceso, facilitando el coste a cambio de un porcentaje de las ganancias obtenidas, sólo si el laudo es favorable, también se puede realizar una financiación con intereses o, incluso, adquirir el arbitraje, es decir los derechos derivados del mismo e, incluso, del laudo.

La figura de financiar a una de las partes, demandante o demandado que reconviene, se denomina Third Party Funding. Es decir que un tercero financia a una de las partes para entablar un proceso arbitral o para formular una reconvención si se es demandado. La escala de retribución de estos financiadores va desde un 15 hasta un 50 por ciento e incluso más de la cantidad obtenida como resultado del procedimiento arbitral.

         El Open de Arbitraje analizará está nueva tendencias de los mercados financieros internacionales en dos escenarios. Por una parte en la charla que mantendrán (en el espacio Talking Arbitration – Chester) el importante árbitro de peso internacional Bernardo Cremades, socio de B. Cremades & Asociados y Mick Smith, CEO del relevante Fondo de Inversión Calunius Capital Llp.

 

También en la Mesa de trabajo que se desarrollará (dentro del espacio World Arbitration Report) denominada ¿Está en venta el Arbiraje? Que será conducida y moderada por Óscar Franco, Partner del despacho global de abogados Dla Piper y que contará con la participación como ponentes de: Óscar García Maceiras, Director General Jurídico de Grupo Santander; Francisco Ruiz-Risueño, Director de Asesoría Jurídica de Indra; Greg Fullelove, Socio responsable del grupo de arbitraje internacional en Osborne Clarke, Londres e Ignacio García-Escorial de León, Distressed Products Group Legal at Deutsche Bank.

 

El Open de Arbitraje, que este año recreará un plató de televisión, volverá a reunir a 300 importantes profesionales entre abogados, árbitros, peritos y responsables jurídicos de empresas convirtiéndolo en referente nacional y con creciente presencia internacional.

 

ASO.ARBITRAJE

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RECLAMACIONES DE CONSUMO

Artículo de : MARÍA DOLORES GARCÍA SÁNCHEZ abogada Palma de Mallorca, integrada en la Guía Española de la Abogacía y en el Buscador judicial Thesauro .

 

El consumidor o usuario tiene derecho a reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro, o la devolución o renuncia del bien, según se establezcan en los contratos que se formalicen.

Por eso, los objetivos del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), así como del resto de leyes o normativas dictadas en el ámbito de las Comunidades Autónomas que tienen reconocida la competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía, son dotar a los consumidores y usuarios de herramientas legales para la defensa y protección de sus intereses.

Los poderes públicos en el ámbito de sus competencias, y en base al artículo 103.2 de la Constitución, han de servir con objetividad a los intereses generales, fomentarán la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que estos dispongan de la información precisa y eficaz de sus derechos y velarán para que se les preste información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a disposición de mercado.

De estas competencias de información, orientación y formación de los consumidores, así como la función de recoger las quejas y reclamaciones nacen las Oficinas de Información al Consumidor (OMIC).

Los consumidores y usuarios pueden reclamar sus derechos bien individualmente o bien a través de Asociaciones de Consumidores y Usuarios constituidas al efecto.

Los conflictos en materia de consumo pueden resolverse a través de procedimientos judiciales, de arbitraje, mediación y conciliación.

Habrá que ver en cada caso, cuál de las vías es la más adecuada a aplicar al caso concreto.

El consumidor o usuario puede acudir a los juzgados y tribunales para obtener la tutela de sus derechos e intereses que considere lesionados, pero también puede acudir, a otros procedimientos de heterocomposición como el arbitraje y la mediación.

En cuanto a los procedimientos judiciales podemos hablar de acciones judiciales individuales, en los que la legitimación activa la ostentará el consumidor demandante, y de acciones colectivas, en las que la legitimación activa se ejerce en defensa de intereses colectivos o intereses difusos de los consumidores, diferenciándose aquellos en función de si están o no determinados los consumidores a los que afecta la lesión en materia de consumo.

Con carácter general puede decirse que se entiende por intereses colectivos, aquellos que no son una mera acumulación o suma de intereses subjetivos individuales. El interés colectivo transciende al interés subjetivo de manera que la acción que se ejercita en su defensa no pretende sólo la protección de los intereses individuales de cada uno de los perjudicados, sino también y -fundamentalmente- contra una conducta hábil, para la causación de perjuicios, a una pluralidad de consumidores o usuarios, contribuyendo la resolución que estime la acción, a evitar la extensión del perjuicio a otros potenciales afectados y disuadiendo al profesional o empresario al que le sea imputable, la realización de comportamientos similares en el futuro.

Los cauces procesales adecuados para enjuiciar las reclamaciones de consumo, va en función de la acción ejercitada por el consumidor, siendo que tenemos:

– Acciones relativas a las condiciones generales de la contratación que se tramitarán a través del juicio ordinario, a excepción de que se ejercite la acción de cesación. La competencia para el conocimiento de estas acciones se atribuye al juzgado de lo Mercantil (Art. 86 Ter 2 LOPJ).

– Acciones de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, se ejercitarán por el juicio verbal con independencia de su cuantía.

– Las demás acciones de protección de los derechos de los consumidores y usuarios se ejercitarán por los cauces propios del procedimiento que corresponda según la cuantía.

El párrafo 2º del artículo 12 de la ley de Condiciones Generales de la contratación, dice: “A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria la devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia y la indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de dichas condiciones.

” Los instrumentos extrajudiciales de resolución de conflictos los podemos enumerar en:

– La conciliación, como instrumento alternativo al judicial, siendo un proceso en el que las partes con la intervención de un tercero, intentan aproximar sus puntos de vista con intención de llegar a una solución en el litigio planteado.

– La Mediación, procedimiento destinado a poner fin a la controversia a través de un acuerdo a través de un proceso de negociación y con la ayuda de un mediador que intenta aproximar las posiciones de las partes, e incluso propone acuerdos, sin que en ningún caso se imponga la solución del mediador al conflicto.

– El arbitraje de Consumo. El sistema arbitral de consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.

Sólo pueden ser objeto de arbitraje las materias de consumo que versen sobre materias de libre disposición de las partes.

La base de acudir a este sistema de arbitraje es el pacto al que llegan las partes para en caso de controversia someterse al mismo.

El laudo será vinculante para las partes, ya que el ordenamiento jurídico le concede la misma eficacia que una sentencia judicial firme.