Tasas Judiciales, Vetos, Cláusulas Suelo y una pregunta que les quiero hacer.

Fuente: PERITOS HISPANIA , peritos judiciales incluidos en el Buscador de Peritos Thesauro 

Una de las cuestiones políticas en materia de Justicia sobre las que existe un mayor consenso es la necesidad de exonerar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y entidades sin ánimo de lucro de las infames tasas judiciales. 

Desde Brigada Tuitera llevamos años movilizando al sector jurídico y a la ciudadanía, para lograr que los partidos políticos de la oposición al Gobierno presentaran en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley tendente a lograr dicha exoneración.

No les quiero aburrir, pero si quieren conocer más sobre esta lucha, las acciones realizadas por Brigada Tuitera  y sus progresivos, pero constantes pasos, hasta lograr que dicha Proposición de Ley se presentara en el Congreso, pueden visitar el blog de La Brigada Tuitera, que con sus limitados medios viene a recoger y a documentar todo ese largo viaje.

Tanto el Partido Socialista, como Ciudadanos y Podemos, incorporaron en sus programas electorales el compromiso de derogar las tasas para PYMES y ONGs, existiendo consenso entre todas ellas, para sacar una Ley en el Congreso que lo hiciera realidad. En teoría y dado que las tres fuerzas políticas juntas suman mayoría absoluta, no debería haber habido problemas para ello.

La Proposición de Ley se llegó a presentar por el Grupo Socialista en el Congreso. En realidad creo recordar que Ciudadanos presentó también una propuesta unos días antes, pero no he encontrado referencias en la prensa en relación a ello. Es lo de menos, podrían haber sido cualquiera de los grupos de la oposición, pues como les digo, hay consenso en ello y hasta en la micro legislatura anteriorel Proyecto de Ley fue aprobado a tramitación con los votos a favor del Partido Popular.

¿Por qué no se ha aprobado ni se están tramitando estas Proposiciones de Ley? Por la sencilla razón de que el Gobierno ha echado mano del artículo 134.6 de la Constitución Española, por el cual “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

En definitiva, que la Constitución concede al Gobierno la capacidad de vetar u oponerse a la tramitación parlamentaria de Proposiciones de Ley que afecten a los ingresos o gastos presupuestarios, como sucede con esta iniciativa de derogación de las tasas judiciales.

Voy a dejar al margen el debate sobre la conveniencia o no de este singular derecho de veto, que en la práctica supone un bloqueo del poder legislativo por parte del ejecutivo, por lo que, en principio, parece que, al menos, desde el punto de vista político, solo procedería hacer un uso del mismo muy excepcional. Poder legislativo, no olviden, formado por las Cortes Generales, que según el artículo 66  de nuestra Constitución “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”, por lo que es bastante obvio a quién está vetando realmente el Gobierno.

Lo cierto es que parece que la posibilidad de veto existe y que nuestro actual Gobierno lo está aplicando sin piedad. Nada podemos hacer frente a ello desde el punto de vista jurídico. Ajo y agua, que se suele decir. Los ciudadanos quedamos vetados y nuestros representantes, los partidos de la oposición, neutralizados. De nada han servido las quejas y lamentos de los Diputados, cuyas propuestas legislativas en materia de Justicia no se pueden tramitar. Solo podemos tomar nota de la forma de proceder del Gobierno para, en las próximas elecciones, actuar nosotros en consecuencia.

Ahora bien, recordarán ustedes que hace unas semanas el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley en materia de Justicia para, supuestamente, proteger a los consumidores, habilitando un procedimiento extrajudicial de reclamación a los bancos por el tema de las cláusulas suelo. En realidad, se trata más bien de todo lo contrario. Es una normativa pensada para que los Bancos, si quieren, puedan dar una solución extrajudicial, total o parcial, al asunto, y si no quieren, minorar sus posibilidades de que sufranuna condenaen costas si finalmente son demandados judicialmente. (Si quieren más información Verónica del Carpio lo explica muy bien en esteartículo)

Pues resulta que esos Diputados, del PSOE y Ciudadanos, cuyas Propuestas de Leyes en materia de Justicia el Gobierno veta sin compasión alguna, han corrido raudos y veloces a pactar con el Gobierno el texto del Decreto Ley, para posteriormente convalidar el mismo en el Congreso de los Diputados.

Es decir, que el Gobierno les veta sus propuestas de leyes, nuestras leyes en realidad, dado que son nuestros representantes y estos corren a firmar leyes con el mismo Gobierno que les veta, sin que hayan negociado ni canjeado dicho voto a favor de esa ley por absolutamente ninguna otra. Cosa, que en su caso, y en el hipotético supuesto de que estuviéramos por la labor dar el sí quiero, yo creo que cuando menos, habríamos exigido cualquiera.

Y llegados a este punto, tras darle muchas vueltas a la razón de que esto esté pasando y queriendo pensar en positivo, pues no creo que hayan votado a favor para beneficiar a los bancos, ni por aliarse con el Gobierno o muchos menos, por traicionar a sus votantes y representados, la pregunta que me hago y en relación a la que me gustaría conocer su opinión es:

¿No habremos votado a idiotas?

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¿EL VALOR CATASTRAL DE TU PISO SE HA REVISADO AL ALZA? NO ESTOY CONFORME Y QUIERO RECURRIR!

¿El valor catastral de tu piso se ha revisado y no estás de acuerdo? Tienes un mes para recurrir. Te explicamos cómo hacerlo.

Necesitas recibir una notificación del cambio del valor catastral de algún inmueble de tu propiedad (local, vivienda, garaje, etc.). Esta labor se realiza, como mínimo, una vez transcurridos diez años desde la última valoración, pero siempre que así lo solicite su ayuntamiento.

1º PASO: NOTIFICACIÓN REVALORIZACIÓN CATASTRO.

Se recibe notificación y la subida te parece exagerada o injustificada, no lo dejes correr: solo dispones de un mes para recurrir. La subida del valor catastral incrementa el recibo del IBI y puede afectar también a otros impuestos como el IRPF, el de Transmisiones Patrimoniales o la tasa de basuras, es decir impuestos municipales con plusvalía.

2º PASO: ESTUDIO PRÈVIO REVALORIZACIÓN.

Para presentar un recurso, debes acudir a la Dirección General del Catastro (sus puntos de información se consultan en la web del catastro y enterarte de los datos en los que se ha basado la valoración: informes de mercado, estimación de la antigüedad, estado del inmueble, etc. Además, puedes consultar los datos de cada inmueble en la web sedecatastro, por si hubiera algún error en la antigüedad consignada, la superficie, etc.

A parte se puede complementar el estudio previo con una estimación del valor de la vivienda y poder comprobar si este es inferior al valor catastral revalorizado por la administración.

Si crees que tienes argumentos suficientes para rebatir la valoración, presenta un recurso económico-administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.

3º PASO: PRESENTACIÓN DEL RECURSO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO.

Se necesita la ayuda de un técnico (arquitecto o arquitecto técnico preferentemente) para preparar las alegaciones y aportar pruebas. El procedimiento es gratuito y no hace falta abogado ni procurador (aunque si la reclamación es desestimada y el Tribunal aprecia temeridad o mala fe, puede exigirte que pagues las costas del procedimiento, por lo que conviene no lanzarse a ella si no tienes una base firme). Existen dos procedimientos distintos según cómo sea de alto el valor:

  • Para reclamaciones que se refieren a valores inferiores a 72.000 euros, existe un procedimiento abreviado. En el mismo documento en que solicitas el recurso, tienes que exponer todas las alegaciones. Para ello, se debe rellenar un MODELO RECLAMACIÓN (solicita copia), y entrégalo en el ayuntamiento de tu localidad o en cualquier registro de la Administración. Debes adjuntar una copia de la carta en la que se te ha notificado la revisión del valor catastral y añadir cualquier prueba que te parezca pertinente, como un informe del técnico. El plazo máximo de resolución es de 6 meses.
  • Si el valor catastral por el que reclamas es superior a esta cifra, debes completar este mismo modelo, pero es posible que el Tribunal te cite para que presentes las alegaciones y pruebas en un momento posterior. El plazo máximo de resolución de la reclamación económico administrativa por procedimiento normal es un año desde la presentación

Si os interesa ampliar información resto a vuestra disposición.

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EL VALOR CADASTRAL Y SU INCIDENCIA SOBRE EL IBI.

FUENTE: CLICKTECNIC – GIRONA 

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“El Catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país o región de éste, permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a ésta en todos sus ámbitos.”

De ahí podemos establecer algunos elementos esenciales:

  • Es un inventario o registro público; al servicio no sólo de las distintas Administraciones sino del ciudadano y de la sociedad en general. Permite la consulta y certificación de los datos.
  • Global, de todos los bienes inmuebles de un determinado ámbito territorial.
  • Actualizado. El Catastro tiene como objeto material el bien inmueble, la realidad física.
  • Contiene información relativa a esos bienes inmuebles: datos gráficos (cartografía parcelaria y croquis catastral) y alfanuméricos (físicos, económicos y jurídicos).

Soporte de múltiples aplicaciones fiscales y económicas. Es un sistema de información del territorio rápido, fácil y eficaz.

La formación y mantenimiento del Catastro, así como la difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas, salvo la coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores que deben ser ejercidas en todo caso por la Dirección General del Catastro.

Los bienes inmuebles tienen asociado un identificador único y obligatorio en el catastro, denominado “referencia catastral”.

El valor catastral se calcula en función de una serie de parámetros o características del inmueble, como la superficie, uso o destino y tipología constructiva, entre otros. El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) grava el valor de los bienes inmuebles y el valor catastral es su base imponible.

Importante: “Esté pendiente del nuevo valor catastral, porque con esta referencia se calculan las próximas facturas de la contribución urbana o las plusvalías municipales”.

Muchos somos los que nos preguntamos:  ¿cuánto valen realmente nuestras viviendas? ¿Lo que determina el Catastro? ¿El importe que le asigna su Comunidad Autónoma? ¿O el precio que uno quiera venderlas? Aunque cada una de estas preguntas tenga una respuesta diferente, ninguna tiene por qué ser errónea. Lo que se debe saber es cómo se determina ese valor y, sobre todo, cuáles son las consecuencias a la hora de utilizarlo ante la hacienda pública para así evitar problemas posteriores.

Millones de contribuyentes están recibiendo notificaciones colectivas elaboradas por el Catastro, por las que se les informa sobre el nuevo valor que tienen sus inmuebles (viviendas, garajes, etc.) y su repercusión en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Datos a tener en cuenta:

1.- La revisión se produce cada diez años.
Las valoraciones colectivas son los cálculos que realizan los técnicos del Catastro para determinar cuánto valen los inmuebles. Esta labor se realiza, como mínimo, una vez transcurridos diez años desde la última valoración, pero siempre que así lo solicite su ayuntamiento.

Al recibir la notificación del Catastro, los propietarios pueden interponer una reclamación económico-administrativa, si consideran que esos cálculos no se ajustan a la realidad.

2.- La revisión tiene caracter general.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas valoraciones «no se realizan de forma individualizada en cada inmueble, sino con criterios generales», por lo tanto susceptibles a errores por no tener encuenta la singularidad del inmueble (estado de la finca, reformas efectudas en ella, año de construcción, recolocación en el mercado,  etc)

Y un punto a tener encuenta es que <el valor catastral de un inmueble «ha estado históricamente por debajo del de mercado y, legalmente, no puede superarlo>.
2.- Todos los datos correctos
Los expertos indican que existen ciertas circunstancias ante las que se debe estar atento. Por ejemplo,«hay que fijarse en que la calificación del suelo no haya sufrido ningún cambio de uso o recalificació.

Si, por ejemplo, detecta un error en la superficie de alguno de sus inmuebles, al aparecer como superior a la real, debe reclamar. En este caso, «necesitará un levantamiento topográfico en el que se han de utilizar las mismas referencias que tiene el Catastro».

Incluso en el caso de que el nuevo valor catastral sea superior al de mercado, deberá demostrar ese error mediante una tasación realizada por un perito profesional. Porque si la última revisión catastral se realizó hace muchos años, «es normal que ahora suba el importe del impuesto, porque se ha actualizado ese valor del inmueble». Aunque el valor catastral deba encontrarse por debajo del de mercado, «en una situación económica como la actual, con muchas zonas afectadas por la crisis inmobiliaria, pueden surgir casos atípicos».

3.- Revisión de los documentos y criterios en base se realiza la nueva valoración.
Se debe revisar detenidamente los documentos que reciba si durante los últimos años ha realizado alguna reforma en su casa. «El Catastro debe haber recogido esta circunstancia». Porque, si no lo hace, «le pueden sancionar y el Ayuntamiento podrá reclamar el diferencial de pago de los últimos cuatro importes del IBI».

4.- Impacto en el IBI, plusvalías y rentas
Hay que saber a qué impuestos afecta el valor que le comunique el Catastro, así como cuál es el que se utiliza para otros tributos. La valoración catastral sirve para calcular la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que el nuevo valor sea superior al anterior, el cambio en la base imponible del IBI no se realiza de un año para otro, para evitar el impacto fiscal que pudiera tener esa medida. De hecho, se puede ir aumentando esa base un 0,1 sobre el valor, por cada año que transcurra, hasta dentro de una década.

RECOMENDACIÓN:

¿El valor catastral de tu piso se ha revisado y no estás de acuerdo? Tienes un mes para recurrir. Te explicamos cómo hacerlo o bien te lo gestionamos.

Catalá: Se revisarán las tasas judiciales para que no haya merma del derecho a la tutela judicial efectiva

Fuente: Redacción NOTICIAS JURIDICAS

Sobre la base de que el concepto de tasas judiciales tiene sentido para un tipo de usuarios cualificados de nuestro sistema, el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, destacó su compromiso de identificar en un breve plazo cual es la situación creada por su actual modelo, en especial respecto del derecho a la tutela judicial efectiva y no descartó que, si efectivamente se aprecia que se puede estar poniendo en peligro el acceso al mismo, revisarlo.

En el acto de clausura del Legal Management Forum, celebrado ayer en Madrid bajo la organización de Wolters Kluwer e Inkietos, Catalá, que se definió a sí mismo como un directivo público experto en la gestión pública, destacó la importancia de gestionar adecuadamente los recursos y las personas.

En este sentido subrayó que la Administración de Justicia española, con 48.000 trabajadores a su servicio y 1.615 millones de presupuesto para el próximo año, cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo su tarea.

El ministro destacó también la importancia de la abogacía de los negocios, objeto principal de este Foro, como herramienta de dinamización de la economía, al facilitar la salida al exterior de nuestras empresas y la llegada de otras a nuestro país.

Esa dinamización económica requiere de una necesaria seguridad jurídica para atraer inversiones, sobre la base de un sistema normativo adecuado y una gestión eficaz de la Administración de Justicia que asegure su cumplimiento.

Para ello, destacó que su departamento está trabajando en proporcionar un marco legal adecuado para nuestra sociedad, poniendo como ejemplos su impulso a un nuevo Código Mercantil que supere las obsolescencias del actual, la implantación efectiva de la oficina judicial, el impulso de la administración electrónica y el desarrollo de nuevos mecanismos para la solución extrajudicial de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria.

Finalmente destacó también la importancia de la futura Ley de asistencia jurídica gratuita, con la que se pretende aportar una mayor eficiencia, control y transparencia en la gestión de los recursos públicos dedicados a la Justicia.

Abogados y procuradores exigen parar las tasas y la ley de colegios

Fuente: El Periódico Mediterráneo .MARI CARMEN TOMÁS 01/10/2014

El anteproyecto pone en peligro la pervivencia de los órganos colegiales y puede encarecer los pleitos. Reclaman al nuevo ministro que las suprima porque perjudican al ciudadano y han hecho caer los recursos

Abogados y procuradores reclaman que Rafael Catalá, el sucesor del dimitido ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, retire la ley de tasas y que “aparque” y “meta en un cajón” el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales.

La presidenta del colegio de procuradores de Castellón, Carmen Rubio, demanda al nuevo ministro retirar la ley de tasas sin esperar a que se pronuncie el Constitucional. Apunta que con ella han disminuido de un 60 a un 70% los recursos que se presentan ante la Audiencia y de un 30 a un 35% en primera instancia, lo que perjudica claramente a los ciudadanos de la calle. Antonio Esteban, desde el colegio de abogados, se muestra esperanzado con el anuncio que efectuó Catalá, en su toma de posesión, de que iba a revisarlas y pidió que no se espere al pronunciamiento del Constitucional y las elimine.

LEY DE COLEGIOS // La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Laura Oliver, recuerda que el anteproyecto de ley de colegios se lleva “cocinando” 14 meses (se presentó el 2 de agosto del 2013) y esta incertidumbre “impide planificar el progreso de los despachos y necesidad de trabajadores” e intenta liberalizar el mercado en base a criterios economicistas que en otros países han fracasado”.

Esteban considera que, tal y como está diseñado el anteproyecto, “puede afectar a la supervivencia de los colegios”, especialmente de los pequeños, ya que “impone una cuota fija común obligatoria a todos los colegios sin distinción de 240 € anuales, en base a un método de cálculo alejado de la realidad, y difícilmente van a poder dar todos los servicios que prestan”.

Además, permite la libre colegiación en cualquier punto del territorio, lo que facilita deslocalizar despachos allá donde sea más barato. Actualmente, la colegiación debe producirse en el colegio donde se ubica el despacho principal o único abierto.

INCOMPATIBILIDADES // El anteproyecto contemplaba eliminar las incompatibilidades entre abogados y procuradores, cuando son “trabajos absolutamente diferentes, es como entrar a un quirófano y que te opere el anestesista”, explica Carmen Rubio.

Además, los procuradores alertan del alza del coste de los pleitos si desaparece el arancel, una retribución común a todos los procuradores que “permite saber cuánto va a costar el proceso y supone un coste fijo, lo que iguala a todos los ciudadanos al margen de su capacidad económica”. Algo que, indican, “favorece al sistema anglosajón de grandes despachos, en el que el pez grande se come al chico”, indica Oliver.

También avisan de que se corre el riesgo de ralentizar la justicia si se mantiene la incompatibilidad pero se reduce el arancel.

Los procuradores catalanes piden a la Generalitat que no aplique la tasa judicial

Noticia de: elperiodico.com

Advierten de que si se aplicara esta tasa “los catalanes tendrían que pagar más que los ciudadanos del resto del Estado”

Primer congreso de procuradores de Catalunya, el 28 de febrero pasado.

El Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha calificado este miércoles de “desmesurada” la tasa judicial estatal, que empezó a aplicarse el 16 de diciembre del 2012, y ha considerado que “la aplicación por parte de la Generalitat de la tasa judicial catalana perjudicaría todavía más el acceso a la tutela judicial efectiva de los catalanes”.

Si se aplicara esta tasa, “los catalanes tendrían que pagar más que los ciudadanos del resto del Estado”, han subrayado los procuradores catalanes en una nota.

El Col·legi ha mostrado su desacuerdo con “la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el cobro de tasas judiciales para la Generalitat y que rechaza el recurso que el Gobierno español presentó contra estas”.

Frente esta situación, el Col·legi ha pedido “prudencia” a la Generalitat en la aplicación de la tasa judicial catalana.

 

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Los Juzgados y Tribunales ingresaron 8.636.016 asuntos el año pasado, un 3,8 %, menos que en 2012

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

El número de asuntos ingresados en 2013 en los Juzgados y Tribunales se elevó a 8.636.016, lo que supone un descenso del 3,8 % respecto al año anterior, según el informe sobre la situación de los órganos judiciales españoles elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Salvo en la jurisdicción social, donde los asuntos han aumentado un 2,1 %, todas las jurisdicciones han experimentado disminuciones interanuales: del 15,5 % en la contencioso-administrativa; del 9,2 % en la civil y del 2,1 % en la penal.

El número total de asuntos resueltos en 2013 fue de 8.875.557, es decir, casi 240.000 más que los ingresados, y el de asuntos en trámite a final de año era de 2.680.933.

Por jurisdicciones, la cifra de asuntos ingresados en la civil fue de 1.670.305, un 9,2 % menos que en 2012. Se resolvieron 1.814.394 y estaban tramitándose otros 1.029.130.

En la jurisdicción penal entraron 6.304.949 asuntos, con una disminución del 2,1 %, habiéndose resuelto 6.392.637 y quedando en trámite 1.035.554.

La jurisdicción contencioso-administrativa registró 191.088 nuevos asuntos, con un descenso del 15,5 %. Se resolvieron 260.103 asuntos y están en trámite 255.837.

Por último, la jurisdicción Social ingresó 469.329 asuntos, lo que supone un incremento del 2,1 %. Se resolvieron 408.092 y quedaron en trámite 360.412.

Andalucía, Madrid, y Baleares, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 183,2 asuntos por cada mil habitantes.

Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Andalucía (215,7), Madrid (201,1), Baleaers (196,8), Canarias (195,6), Cantabria (190,6), Comunidad Valenciana (188,6) y Murcia (187.7).

Mientras tanto, las Comunidades con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (115,4), País Vasco (131,5) y Extremadura (141,3).

Datos del cuarto trimestre de 2013

La Sección de Estadística del CGPJ también ha hecho públicos hoy los datos referidos al último trimestre del año pasado, en el que el número de asuntos ingresados fue de 2.174.544, un 6,7 % menos que en el mismo periodo de 2012.

En los últimos tres meses del año el volumen de asunto disminuyó en las cuatro jurisdicciones: un 15,7 % en la civil, un 12,4 % en la contencioso-administrativa, un 3,8 % en la penal y un 2 % en la social.

Durante ese trimestre, los tribunales españoles resolvieron 2.234.265 asuntos.

Por jurisdicciones, la civil ingresó 454.961 asuntos y resolvió 461.220; la penal recibió 1.552.879 asuntos y quedaron resueltos 1.593.075; en la contencioso-administrativa entraron 51.791 nuevos asuntos y se resolvieron 68.141; y la social ingresó 114.825 asuntos y resolvió 111.741.

Se adjuntan los datos estadísticos, a los que también se puede acceder desde la página web haciendo clic aquí.

Las tasas judiciales empiezan a frenar las demandas por negligencias sanitarias

A finales de septiembre la familia de Paula Rodríguez, una niña de Poblete de cuatro años que sufre una parálisis cerebral severa, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les diese la razón: su hija fue víctima de una negligencia médica, tras ser sometida al poco de nacer a una operación en el Hospital Gregorio Marañón.

“Sólo” tres años después la justicia ha fallado a su favor en la demanda contra el SUMA (el sistema público de salud madrileño), condenado a abonar una indemnización de 600.000 euros.

Pero esto no es lo habitual, lo frecuente es que pleitos de este tipo se eternicen en los tribunales y no se resuelvan a favor del demandante. Problema al que se ha sumado en el último año el de las tasas judiciales que contemplan la condena en costas en lo Contencioso, para el instigador del procedimiento.

“Ha habido suerte, el caso de Paula entró en una nueva sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la décima, menos atascada que otras”, explica Rubén Darío Delgado, el abogado del equipo jurídico de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), que está detrás de la victoria en los tribunales de los Rodríguez Bastante.

“Ellos van a cobrar, seguro, pero todavía no sabemos cuándo”, afirma en una entrevista en la que este letrado de 30 años, que lleva más casos  en Ciudad Real, se queja de cómo las tasas judiciales de Gallardón están frenando las demandas. “Antes no te podían condenar en costas, ahora sí, y estas demandas son muy costosas, hay que pagar peritaciones médicas…. El demandante debe estar preparado para  disponer antes de una parte proporcional de lo que reclama y eso es muy difícil”, añade.

Avinesa, una asociación sin ánimo de lucro fundada por familiares de víctimas, lleva desde la mitad de los noventa asesorando a víctimas y familiares de errores graves como consecuencia de mala práxis o mal funcionamiento de la sanidad. Fueron los primeros en organizarse para hacer frente a denuncias “que entrañan enormes dificultades”.

En Ciudad Real el caso de Paula ha sido todo un premio a un trabajo que todavía no ha terminado: “El SUMA no ha recurrido por lo que la sentencia es firme. La administración tiene un plazo de dos meses para pagar voluntariamente y el tiempo corre a nuestro favor puesto que cuanto más se retrasen más intereses tienen que abonar”.

No obstante, no será la sanidad pública madrileña quien pague sino su aseguradora, que es la misma que la que tiene que hacer frente al accidente del Alvia de Santiago de Compostela.

“Si no nos pagan tendremos que presentar una demanda ejecutiva, que tiene por objeto el embargo de bienes, pero no creo que tengamos que llegar a eso”, agrega el abogado.

En Ciudad Real Delgado lleva además otros casos. Uno de ellos se parece al de la niña Paula, porque tiene que ver con un parto, pero es todavía más grave. Se trata de una niña nacida el 16 de julio de 2011 en el Hospital General y que sufre problemas neurológicos severos por una presunta mala práxis durante el alumbramiento.

La madre, que ya había tenido otro hijo por cesárea, tuvo complicaciones en el segundo parto, “le quitaron la monotorización cuando se veia que el niño se estaba asfixiando por una bradicardia grave. Además tuvo a este bebé de manera natural cuando había sido sometida a una cesárea y si se da esta circunstancia debe haber un consentimiento informado. Un parto natural tras una cesárea implica riesgos y no le dieron la oportunidad de asumirlos”, detalla Delgado.

También de la provincia lleva otra denuncia de un hombre de unos 50 años que fue sometido a unas pruebas en el Hospital La Mancha Centro que le dejaron problemas cardiacos severos (es de 2008).

Y una tercera denuncia, en esta ocasión en una clínica privada, en la que no supieron ver a tiempo un grave melanoma en un hombre de 30 años lo que provocó un retraso de diagnóstico de consecuencias fatales.

De los asuntos de Castilla-La Mancha, denunciados ante los tribunales de lo Contencioso de Toledo sede del Servicio de Salud regional, el abogado de Avinesa explica que van “anormalmente lentos” en comparación con denuncias en otras comunidades autónomas.

 

Fuente: Lanza digital

Abogados, procuradores y funcionarios, contra la Ley de Tasas

Exigen que se garantice el acceso a la Justicia a toda la ciudadanía.

 

Más de un centenar de personas, entre abogados, procuradores, representantes sindicales y funcionarios, se concentraron esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra para reiterar su rechazo a la Ley de Tasas. En el primer aniversario de la promulgación de esta norma, se insistió en que la misma «ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela juficial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia».

Además, remarcaron que este «efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos». Los movilizados, asimismo, criticaron el hecho de que «el ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita».