La Responsabilidad Social Corporativa en empresas del sector legal

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La Responsabilidad Social Corporativa en empresas del sector legal

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se está convirtiendo en los últimos años en una prioridad en las empresas de todo el mundo y también en las españolas.

La RSC es un concepto que nació en Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado y en la actualidad se refiere al conjunto de operaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos de las actividades que las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos.

La Unión Europa ha contribuido decisivamente a impulsar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país. En un principio, la Comisión Europea definía la RSC como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores”. Sin embargo, en su estrategia 2011-2014 en esta materia, la Comisión Europea redefinía la RSC como “la responsabilidad de las empresas según su impacto en la sociedad”, es decir, se dejaba atrás el concepto de la RSC como algo meramente voluntario y se abría con ello la puerta a su regulación.

El impulso legal en España de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

A nivel legislativo, la Unión Europea ha sido clave para la regulación de la RSC en España. La importancia de los aspectos sociales, educativos, laborales y medioambientales en las empresas sobre los criterios puramente económicos, cobrará en 2018 un nuevo impulso en nuestro país, tras la aprobación, a finales del año pasado, de dos nuevas leyes, ambas como transposición a nuestro ordenamiento jurídico de diferentes disposiciones y directivas comunitarias: la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), que entra en vigor este viernes 9 de marzo, y el decreto ley en materia de información no financiera y diversidad (Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre).

La primera ley obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética. La segunda, que de momento afectará únicamente a las grandes empresas y grupos empresariales de más de 500 trabajadores, tiene como objetivo aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Las empresas del sector legal potencian su Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Como en cualquier sector de actividad económico, también las empresas españolas del sector legal están centrando más esfuerzos y estrategias en potenciar su Responsabilidad Social Corporativa.

Despachos de abogados y Procuradores impulsan cada vez más este aspecto en sus estrategias empresariales. En este sentido, es reseñable que el último Ranking Merco de Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2017, en el que ofrecen una clasificación de las 100 empresas más avanzadas en esta materia, aparece ya una firma de abogados.

Es posible que el ámbito de la RSC donde los despachos han desarrollado más este tipo de acciones ha sido a través del Pro-bono, es decir, el asesoramiento legal de forma gratuita y altruista, pero sin duda no es el único.

Iniciativas como el Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) o el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña (CRSAM) del Colegio de Abogados de Madrid, es un ejemplo del impulso que está tomando la RSC en la abogacía a través de grupos de trabajo para acercar las oportunidades que ésta representa y las tendencias en esta materia a los profesionales de la abogacía.

Por otro lado, la aplicación de normas dentro de despachos de abogados y procuradores que certifiquen la calidad de servicio, medioambiental o de Responsabilidad Social Corporativa, como la ISO 9000, la norma de Gestión Ambiental ISO 14001, la de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 o la norma IQNet SR10 de Gestión de la Responsabilidad Social, seguramente se generalizarán próximamente en nuestro sector, al igual que en muchos otros.

Bartolomé Procuradores , están incluidos en el Buscador Judicial Thesauro, como procuradores en todos los partidos judiciales de Madrid

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Apud Acta Electrónico

Con anterioridad a la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el apoderamiento sólo se podía realizar ante Notario, previo pago de unos 60 euros, o de manera gratuita a través de comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia (Secretario Judicial) de cualquier Juzgado. Este segundo tipo de apoderamiento es denominado “Apud Acta”. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2017, el apoderamiento Apud Acta puede obtenerse además de por la comparecencia física en las oficinas judiciales, de forma telemática, a través de la Sede Judicial Electrónica.

Las ventajas obvias del Apud Acta Electrónico es que no tiene ningún coste y tampoco es necesario desplazarse al juzgado. También que puede realizarse durante las 24 horas de cualquier día del año. Además, el Apud Acta Electrónico también permite la obtención de dicho poder de carácter general y no únicamente de carácter especial, como ocurría con los Apud Acta tradicionales.

El otorgamiento del poder Apud Acta, tanto de manera presencial como electrónica, no es obligatoria la presencia del Procurador. Oficialmente se entiende aceptado el poder por éste con la firma del primer escrito por parte del Procurador.

 

Cualquier ciudadano o sociedad puede realizar un apoderamiento Apud Acta Electrónico

Cualquier ciudadano o sociedad puede realizar un apoderamiento Apud Acta Electrónico si dispone de DNI electrónico o certificado digital.  Para ello, los trámites a seguir son muy sencillos y vienen perfectamente explicados en la página web del Ministerio de Justicia cuyos enlaces pueden encontrar al final de este artículo.

A modo de pequeño resumen: Se debe acceder a la Sede Judicial Electrónica, y entrar en el apartado “Trámites y servicios” / “Apoderamiento Apud Acta” / “Acceder al servicio”.

Una vez se ha accedido a dicha página existen dos opciones para otorgar el poder: como “poderdante” (si es persona física) o como “compareciente” (si lo otorga como representante de una sociedad, en cuyo caso debe aportar la escritura escaneada de su nombramiento). Para finalizar el trámite bastará con indicar los datos del profesional de la justicia al que otorga el poder (nombre, DNI, número de colegiado…) y la duración del apoderamiento.

Los apoderamientos inscritos electrónicamente tienen una validez máxima de cinco años, a contar desde la fecha de la inscripción, aunque antes de que finalice este plazo, el poderdante puede revocar o prorrogar el apoderamiento, siendo la prórroga otorgada por otros cinco años desde la fecha de inscripción.

Una vez finalizado los trámites de apoderamiento en la Sede Judicial Electrónica, se obtiene un certificado de la inscripción en el Archivo Electrónico de Apoderamientos Apud Acta de las oficinas judiciales, que servirá para acreditar el apoderamiento oficialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.3  de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Además, la Sede Judicial Electrónica también permite consultar apoderamientos Apud Acta en calidad de compareciente/representante o poderdante, revocar o prorrogar el apoderamiento o descargar el justificante del apoderamiento.

 

Guías de uso de Apud Acta Electrónico

La Sede Judicial Electrónica ofrece unas guías de uso de en las que, paso a paso y con imágenes de los pantallazos del proceso, explica el procedimiento para otorgar un Apoderamiento Apud Acta Electrónico a un profesional de la justicia:

Acceso área privada Sede Judicial Electrónica

Guía de Uso – Alta de Apoderamiento (Compareciente – Representante)

Guía de Uso – Alta de Apoderamiento (Poderdante)

Guía de Uso – Búsqueda de Apoderamientos

Gracias a las nuevas tecnologías y al DNI electrónico o certificado digital ahora se puede otorgar un poder Apud Acta a un Procurador de una manera rápida y sencilla, de forma totalmente gratuita y sin desplazamientos innecesarios. Pero, lo que es más importante, hay que aportar ese Apud Acta Electrónico junto con la demanda inicial para evitar así requerimientos y dilaciones en la tramitación del procedimiento.

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Bartolomé Procuradores , procuradores de Madrid incluidos en el buscador judicial Thesauro . 

Nuevos Juzgados y Magistrados en la Comunidad de Madrid en 2018

 

La Comunidad de Madrid cuenta, desde el pasado 31 de enero, con 3 nuevos juzgados en los Partidos Judiciales de Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Arganda del Rey, y 2 nuevos Magistrados en la especialidad de Familia de la Audiencia Provincial de Madrid y está prevista la creación de un nuevo juzgado en el Partido Judicial de Madrid para finales de marzo. Sin embargo, el resto de los seis nuevos juzgados previstos para 2017 en la región madrileña, continuan sin fecha de apertura.

 

Los tres nuevos juzgados de los partidos judiciales de Madrid ya inaugurados son el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Alcalá de Henares -con carácter exclusivo pero no excluyente- y el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Fuenlabrada -con carácter exclusivo y excluyente- ambos especializados en Familia, y el Juzgado número 8 de Primera Instancia e Instrucción de Arganda del Rey. Según la programación prevista por el Ministerio de Justicia, el 31 de marzo entrará en funcionamiento el Juzgado de lo Social Número 42 de Madrid.

 

Esta ampliación de la plantilla judicial de la región queda enmarcada dentro la Orden JUS/1277/2017, de 22 de diciembre del Ministerio de Justicia por la que se establecía la entrada en funcionamiento de los 77 nuevos Juzgados previstos para 2017 en toda España. De acuerdo con la programación prevista para finales de 2017 y a lo largo de 2018, sólo 4 nuevos juzgaron entraron en funcionamiento antes de finalizar; 13 lo hicieron el pasado 31 de enero; 17 lo harán el 31 de marzo; 1 el 30 de abril; 22 el 30 de junio; 13 el 30 de septiembre; 5 el 30 de noviembre; y 4 el 31 de diciembre.

 

 

De los 10 nuevos juzgados previstos en la Comunidad de Madrid, 6 sin fecha de creación

 

 

De estos 77 nuevos juzgados previstos por el Ministerio de Justicia, sólo 4 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Todo apunta por tanto, a que habrá que esperar, al menos hasta 2019, para ver ampliada la planta judicial de los partidos judiciales de Madrid hasta alcanzar la cifra de 10 nuevos juzgados que preveía el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre.

 

Dicho Real Decreto enmarcaba específicamente la creación de 93 juzgados y plazas judiciales en toda España. En concreto se preveía la creación de 89 nuevos juzgados y plazas de magistrados, así como 4 actuaciones de transformación de juzgados de una clase determinada en juzgados de distinta clase dentro de la misma sede. De estos 89 nuevos juzgados y plazas judiciales previstas, 10 nuevos juzgados y dos plazas de Magistrados pertenecían a la Comunidad de Madrid.

 

Los seis nuevos juzgados previstos en la Comunidad de Madrid, sin fecha aún para ser creados están distribuidos de la siguiente manera: cuatro Juzgados de Primera Instancia: dos en Madrid (número 102 y 103), uno en Alcobendas (número 6) y uno en Móstoles (número 8) y dos Juzgados de lo Mercantil en Madrid (número 13 y 14).

 

 

 

La presión del Consejo General del Poder Judicial sin resultados

 

El pasado 20 de diciembre de 2017, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaba por unanimidad un informe al proyecto de orden ministerial en el que se consideraba “razonable, deseable y adecuado” la puesta en funcionamiento, en diferentes fases a lo largo de 2018, de la totalidad de los nuevos juzgados previstos por decreto.

 

El informe del CGPJ  señalaba que “sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017. Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia”.

 

El texto argumentaba también que “diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al Ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable”.

 

Sin embargo, la presión ejercida por el CGPJ sólo consiguió que la Orden Ministerial con fecha del 22 de diciembre y publicada en el BOE unos días después, incluyese un nuevo juzgado más en su programación para 2018. Los restantes nuevos juzgados de la Comunidad de Madrid y de Cataluña quedaron fuera. Y aún permanecen fuera de las previsiones oficiales del Ministerio de Justic

Artículo de : BARTOLOMÉ PROCURADORES , Procuradores en todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid, incluidos en el Buscador Judicial de Thesauro 

 

 

 

Los actos de comunicación realizados por el Procurador

Actos Comunicacion Procurador

Artículo de: BARTOLOMÉ PROCURADORES ,   profesionales incluidos en el Buscador Judicial Thesauro 

 

Los Procuradores, además de nuestra labor histórica como representantes procesales de las partes, en los últimos años hemos ido ganando un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, repercutiendo con ello de manera directa en la dinamización de los procesos. Probablemente la más destacada haya sido que nuestro ordenamiento jurídico nos otorgue la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, logrando agilizar las comunicaciones entre el Juzgado y las partes.

 

Pioneros en actos de comunicación en toda la Comunidad de Madrid

 

En Bartolomé Procuradores desde el primero momento tuvimos claro que esta reforma era muy beneficiosa para nuestros clientes ya que se agilizan enormemente los tiempos procesales cuando interviene un Procurador. Sin duda alguna, el ahorro en tiempo se ve directamente reflejado en un ahorro económico para nuestros clientes.

 

Podemos decir que este despacho es pionero en realizar los actos de comunicación, llevándolos a cabo entoda la Comunidad de Madrid, impulsando y agilizando la buena marcha de todos los procesos que nos confían nuestros clientes.

 

Llevamos a cabo actos de comunicación de todo tipo: emplazamientos, requerimientos, notificaciones, citaciones, mandamientos, oficios, etc. Siempre garantizando que se ponen todos los medios posibles para lograr el éxito en los mismos.

Actos de comunicación que agilizan los procedimientos judiciales

 

Todo el sector es consciente de la tremenda saturación que sufren la inmensa mayoría de Juzgados y Tribunales de nuestro país. Claros ejemplos de ello son los Juzgados de Paz o el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) que sufren una paralización y un colapso considerable debido a la falta de medios, llegando en algunos casos a tardar más de 6 meses en llevar a cabo un acto de comunicación.

 

Por todo ello, gracias a la intervención del Procurador en las diligencias de notificación, se agiliza y se logra esa inmediatez necesaria en los procedimientos judiciales. Y, sin ninguna duda, creemos que es un servicio que nuestros clientes aprecian cada vez más.

 

Actos de comunicación: la LEC y el fortalecimiento de la figura del Procurador

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establecía una nueva regulación de los actos de comunicación, en la que tanto los litigantes como sus representantes asumían un papel más activo y eficaz. Los procuradores nos convertíamos así en los responsables de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos.

 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, intensificaba también la figura del Procurador mediante una nueva reforma del artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente reforzaba la posición del Procurador como un auténtico colaborador de la parte, pero también de los tribunales de justicia, ya que éstos podían solicitar su ayuda para que llevase a cabo determinado acto de comunicación específico.

 

Años más tarde, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reforzaba de nuevo las atribuciones y obligaciones de los procuradores respecto de la realización de los actos de comunicación a las personas que no son su representado. Específicamente se nos atribuía a los procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que permitía su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Es decir, se nos eximía a los procuradores de la necesidad de vernos asistidos por dos testigos para obtener la validez de una notificación, algo que directamente ha repercutido en la agilización de los procedimientos.

 

LexNET: mejoras en su desarrollo para una eficiente justicia digital

Artículo de : BARTOLOMÉ PROCURADORES  de Madrid, profesionales incluidos en el buscador judicial Thesauro 

LexNET, la herramienta electrónica que a diario usamos procuradores, abogados y otros operadores jurídicos para el intercambio de comunicación de notificaciones y escritos con los órganos judiciales, está en los últimos meses más de actualidad que nunca.

 

A finales de julio, un grave fallo de seguridad en LexNET permitió que expedientes de procesos judiciales quedaran expuestos a usuarios ajenos a los mismos, lo que supuso el cierre de LexNet durante varios días y ha obligado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

 

A este respecto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una sesión extraordinaria acordaba abrir diligencias informativas sobre lo sucedido en el sistema LexNET, para esclarecer “si la posible quiebra de seguridad del sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (LexNET) produjo una violación de las normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo por esta grieta en la seguridad de la plataforma.

 

Y si así despedíamos el curso judicial, a la vuelta del descanso vacacional, LexNET nos recibía el 1 de septiembre con nuevos cierres del sistema. Los as posteriores, el servicio funcionó de manera inestable y el 19 y 20 de septiembre volvió a sufrir paros.

 

Los defectos de LexNET afectan al trabajo diario de procuradores y abogados

 

El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, obliga desde enero de 2016 a los operadores jurídicos a hacer uso de LexNET para todas nuestras comunicaciones con los órganos judiciales, y a estas alturas no parece descabellado señalar que seguramente todos los que hacemos un uso continuo de la plataforma coincidiremos en que ésta no ha logrado funcionar como se esperaba.

 

En la actualidad, el uso de LexNET en la práctica de la procura, la abogacía y el resto de actividades profesionales en el ámbito de la justicia está marcada por lentitud del sistema; incidencias en las notificaciones; límites en la subida de documentos (en un inicio de 10 MB y actualmente de 15MB), que nos obligan también a hacer la presentación de la documentación por otras vías; que el programa se quede colgado en cualquier momento o no nos permita acceder a él; la necesidad de guardar borradores de los escritos de manera continua para no perderlos en caso de cualquier error de este tipo, la incompatibilidad con sistemas operativos, buscadores y actualizaciones de Java, por poner algunos ejemplos.

 

Por otro lado, cabe señalar que, con el foco mediático sobre LexNET tras el fallo de seguridad ocurrido en julio, se ha abierto de nuevo el debate sobre si la gestión de la plataforma, actualmente en manos del Ministerio de Justicia, debería residir en el poder judicial. Sobre este asunto existen opiniones enfrentadas, y es una cuestión que cabría debatirse en profundidad, en aras de la división de poderes que, como todos sabemos, es el pilar fundamental del Estado de Derecho.

 

LexNET y una eficiente justicia digital

 

Es de imperante necesidad un mejor desarrollo de LexNET porque parece obvio que, más allá de las repercusiones que el uso de LexNET tiene en el día a día de la actividad de procuradores y abogados y de los órganos judiciales, lo cierto es que la transcendencia de la información que se gestiona a través de esta plataforma digital, merece un óptimo nivel de servicio y una irrefutable seguridad, para lograr así que la digitalización de estas comunicaciones repercutan directamente en un incremento de la eficiencia y en una mejor justicia.

 

Confiamos en que la nueva inversión de 55 millones de euros para mejoras informáticas anunciada por el Ministerio de Justicia sirva para implementar la funcionalidad, la seguridad, así como, las prestaciones de LexNET, como recientemente ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.

 

Porque somos conscientes que los avances tecnológicos implican grandes cambios, y en especial en nuestra profesión y área de trabajo, a la que además de los cambios meramente técnicos hay que añadir los cambios culturales que estos nuevos usos implican. Y no hay duda que la transición del papel a la justicia digital es uno de ellos. Pero si queremos una eficiente ley en red y no una ley atrapada en la red, es urgente que LexNET se adapte más eficazmente a las necesidades actuales de la justicia, no al revés.

Modificación en los criterios de la imposición de costas procesales: de vencimiento, a temeridad

Artículo de: BARTOLOMÉ PROCURADORES incluidos en el Buscador Judicial Thesauro como procuradores en todos los partidos judiciales de Madrid 

El PSOE presentaba en septiembre de 2017 una Proposición de Ley relativa a las costas procesales, interesando por tanto la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, argumentando que con esta reforma se facilitará el acceso a la administración de Justicia.

 

En la citada Proposición de Ley, los socialistas pretenden modificar el criterio actual aplicable de vencimiento objetivo por el criterio de mala fe o temeridad. Esto en la práctica implica que se pasará de un sistema en el que el litigante que obtiene una sentencia a su favor en la que se reconocen todas sus peticiones, tiene derecho a que se condene en costas al otro litigante, recuperando así el dinero que tuvo que gastarse para litigar; a un sistema en el que el nuevo criterio se basará en la mala fe o temeridad, que implicará que, aunque una de las partes gane el pleito y vea reconocidas todas su pretensiones, la parte contraria sólo será condenada en costas si el juez o tribunal considera que al demandar o contestar la demanda, ha actuado con mala fe o temeridad. De no ser así, y aunque pierda el pleito, no tendrá que abonar las costas procesales del otro litigante, sino únicamente las suyas.

 

El criterio de temeridad en costas procesales no es nuevo

El criterio de temeridad en las costas procesales no es algo nuevo en nuestro ordenamiento procesal civil. Hasta que se aprobó la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil se usaba este criterio. El artículo 523 de dicha ley supuso un cambio sustancial en materia de costas, ya que por vez primera en nuestra legislación procesal se estableció el principio del vencimiento objetivo como criterio fundamental. Años después, la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil ratificaba este criterio.

 

El Consejo General de la Abogacía propone también un cambio de criterio en las costas

Esta reforma no coge por sorpresa a los operadores judiciales, ya que el Plan Estratégico 2017-2020 del Consejo General de la Abogacía (CGAE), presentado en el mes de febrero del pasado año por su Presidenta, Victoria Ortega, contemplaba ya un cambio en este ámbito. Concretamente el texto hacía referencia literalmente a “revisar el criterio de la condena en costas para que el principio de vencimiento no suponga una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva”, por lo que parece que este cambio tiene el beneplácito del CGAE.

 

Además, esta reforma llega en un momento en el que la banca, con una elevada litigiosidad provocada por las cláusulas suelo o la devolución de los costes de constitución de la hipoteca, podría beneficiarse. De hecho, hace unos meses el Tribunal Supremo establecía como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso.

 

La modificación de las costas: de un criterio objetivo, a uno subjetivo

Es indudable que esta reforma en el criterio de las costas procesales supondría un enorme cambio en nuestro ordenamiento. Y este tipo de cambios siempre vienen acompañados de polémica y opiniones enfrentadas.

 

Entre los profesionales del ámbito jurídico, muchas voces muestran preocupación ante la posibilidad de que deje de primar un criterio objetivo y se imponga otro subjetivo, que provocará aleatoriedad en las resoluciones, ya que dependerá del criterio del juzgador si se aprecia una actuación temeraria o contraria a la buena fe.

 

Por otro lado, muchos consideran que esta medida repercutirá en un beneficio para el ciudadano, ya que, con el nuevo criterio, las costas no supondrán una limitación para acudir a la justicia. Para otros, en cambio, no parece muy coherente pretender conseguir un mejor acceso a la justicia de los ciudadanos basado en el hecho de que exista la posibilidad de que para aquel que reciba una sentencia favorable, ésta suponga a su vez una carga económica.

 

También muchos compañeros abogados y procuradores muestran preocupación por el posible aumento de la tasa de litigiosidad a través de demandas poco fundadas que podrían colapsar los juzgados.

 

La tramitación de la reforma legal ha sido respaldada por todos los grupos políticos excepto Unidos Podemos, que votó en contra de la consideración de la propuesta. Por todo ello, la modificación legislativa en materia de costas procesales ya ha comenzado su tramitación parlamentaria.

 

Todo apunta a que el criterio actual será sustituido por el criterio de mala fe o temeridad y habrá que esperar a ver en qué queda la modificación definitiva, ya que se espera que los distintos grupos parlamentarios presenten enmiendas para afinar la normativa propuesta inicialmente por los socialistas.

Motivos de la Nulidad de un Matrimonio por la Iglesia

Artículo de : ROSARIO MATEU GARCÍA procuradora de Elche y Alicante, miembro del Buscador Judicial Thesauro 

Motivos de la Nulidad de un Matrimonio por la Iglesia

Impotencia: Se trata de una circunstancia personal que impide que se pueda realizar el acto conyugal de modo natural ya sea en el hombre o la mujer.

Impedimento de vínculo: Si una persona vuelve a contraer matrimonio estando ya casada, el segundo no sería válido.

Impedimento de consanguinidad: Se anularía en el caso de que las dos personas mantuvieran un vínculo de sangre.

Por carecer de uso de razón: Cuando una persona no presenta un uso total de razón debido a una enfermedad psíquica.

Vicio de consentimiento por grave defecto de discreción de juicio: Ante la presión de un matrimonio sin libertad para manifestar consentimiento.

Incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio por naturaleza psíquica: Grave inmadurez o dependencia psicológica.

Error acerca de la persona: Hoy en día es muy difícil que se produzca este caso, aunque antiguamente era muy común en matrimonios concertados. La persona con la que te casas resulta no ser quien dice.
Dolo provocado para obtener el consentimiento: Cuando se oculta información relevante a propósito para celebrar el matrimonio.

Exclusión de propiedades esenciales: Exclusión y omisión de alguna de las características esenciales del matrimonio como la fidelidad.

Por defecto de forma: Cuando una boda se celebra por otro sacerdote distinto al de la parroquia donde figura el expediente de bautismo de la novia y sin la delegación correspondiente del párroco.

Abogados y procuradores comparten soluciones en Facebook por los problemas de Lexnet

Noticia publicada en elderecho.com 

Cerca de 2.000 abogados y procuradores se han unido a un grupo de Facebook en el que intercambian soluciones a los problemas que encuentran a diario en la plataforma Lexnet, concebida por el Ministerio de Justicia para conseguir el ‘papel cero’ en los tribunales.

El grupo, creado en enero bajo el nombre de ‘Forum Lexnet Abogacía‘, sirve a los profesionales para desahogarse y comprobar con sentido del humor que no son los únicos que experimentan dificultades al tratar de remitir o recibir información de los juzgados a través de dicha herramienta.

Muchos de los letrados y procuradores reconocen que no les ha quedado más remedio que adquirir habilidades informáticas, mientras que otros aconsejan qué modelos de impresoras y escáneres comprar para digitalizar los documentos y alguno confiesa haber aprovechado las ofertas del ‘Día sin IVA’ para obtener los periféricos.

Los usuarios admiten tratan de ayudarse mutuamente con consejos técnicos sobre el funcionamiento de Lexnet.

La recepción de las notificaciones, la necesidad de adjuntar el audio de una grabación o la orden de un juzgado de enviar una propuesta de inventario en “formato ORTC compatible con Open Office 4.1.1.”, son otras de las dudas que se pueden leer en la cuenta.

Invitan a los ministros a usar Lexnet

Los abogados agradecen la ayuda prestada por otros ‘colegas’ y por el servicio técnico del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), aunque, eso sí, invitan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a probar Lexnet en sus “comunicaciones con el equipo de Gobierno”.

Algunos opinan que el plan para digitalizar la Justicia facilitará en un futuro el trabajo de los tribunales. Sin embargo, coinciden en que a día de hoy no está listo, causa “inseguridad jurídica” y “entorpece” el quehacer de los profesionales. Por ello, piden una moratoria hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

En este sentido, cuestionan que algunas comunidades, juzgados o fiscalías se resistan a utilizar Lexnet y les envíen las diligencias por correo certificado o fax, aunque ellos sí que tengan que remitir sus escritos a través de Lexnet. “¿Porque el juzgado puede notificarme por fax, si yo tengo que presentar los escritos por lexnet?”, se preguntan.

Entre otras anécdotas, una abogada expone que recibía notificaciones como letrada de la Justicia –término que sustituye al de secretaria judicial– por haber desempeñado como sustituta este puesto hace años; mientras que otro apunta que en algunos casos se han abierto dos expedientes distintos en diferentes juzgados sobre la misma demanda, al tener los abogados que presentarla por Lexnet y por registro.

EL PRIMER PROCURADOR vía Máster de la historia

 

Sebastián Terrer García (Lorca, Murcia, 1981) es procurador y está colegiado en la ciudad donde nació. Nada extraordinario, dirán ustedes. Hasta aquí. Porque su forma de llegar a la Procura sí es muy especial. Terrer se ha convertido sin pretenderlo en la primera persona que accede a la profesión tras realizar el Máster de la Procura y superar la prueba de acceso.

“Me lo exigía la nueva legislación que ya era vigente en el momento en el que terminé la carrera de Derecho. El sector está en un proceso de cambio, existen nuevas exigencias y la realización del Máster es una de ellas”, explica. Hoy está colegiado con el número 79 en el Colegio de Lorca, aunque también ejerce en otros partidos judiciales.

Antes de llegar a la carrera de Derecho, estudió Administración y Dirección de Empresas. “Me parecía fundamental tener una formación que me aportara una visión amplia de la gestión empresarial, lo que sin duda me ayudaría a poder entender el día a día del negocio familiar más allá de los asuntos jurídicos”.

Su padre, José María Terrer Artes, lleva más de 35 años en la Procura. Sebastián había trabajado hasta ahora como oficial habilitado en el despacho. Habla de su progenitor con admiración: “Siempre ha sido un referente, un faro en el que guiarme tanto en mi vida personal como profesional. Lo admiro por sus logros profesionales, pero sobre todo por haberse ganado el respeto de la profesión durante su dilatada trayectoria como procurador. Siempre ha tenido una gran ilusión en que siguiera sus pasos y estudiara Derecho para poder continuar con el despacho que puso en marcha”, argumenta.

Sebastián Terrer completó su formación empresarial con un máster en Auditoría. Luego seguirían los estudios de Derecho y, por último, el Máster que le encaminaría definitivamente hacia el ejercicio como procurador colegiado. Se inscribió en octubre de 2012, en el primer año que el Máster se implantaba en España. “Tuve que cursarlo a través de la UNED porque era la única universidad donde se ofrecía”, explica. Dos años más de estudio. Asegura que le ayudó mucho contar con la experiencia previa adquirida como oficial habilitado en el despacho familiar, en el que llevaba trabajando ya cinco años.

Considera que el Máster de la Procura “está bien estructurado y en cierto modo refleja bastante la labor del procurador en los tribunales. Si bien es cierto que todavía tiene un amplio camino por recorrer en cuanto a la preparación de cara a superar la prueba de acceso”, matiza. Sebastián Terrer cree que sería de gran ayuda para los próximos alumnos “que se trabajara también en la preparación de la prueba de acceso, y que se hiciera un poco más de hincapié en el tema de las ejecuciones, y sobre todo en las ejecuciones hipotecarias”.

Recuerda que durante los dos años de duración del Máster “había asignaturas que eran superadas con la práctica de trabajos, y otras en las que, aparte de los trabajos, tenías que realizar unas pruebas teóricas. Esas pruebas podían ser preguntas tipo test, preguntas cortas a desarrollar, o bien una práctica. Por lo tanto, en este sentido sí que está bastante equilibrado”, concluye.

EXAMEN FINAL

Aunque ya han pasado unos cuantos meses, no ha olvidado, y es difícil que le ocurra, el día del examen final. A pesar de que había más inscritos en el Máster, Sebastián Terrer fue el único que cumplía con todos los requisitos para poder realizar la prueba de acceso. “El examen final fue muy duro. En general, se distanció bastante de las materias para las que más te preparan. Sinceramente, no fue nada sencillo, de acuerdo a lo que había visto en el Máster y a las preguntas que en agosto de 2014 ‘colgaron’ en la web del Ministerio de Justicia como preguntas tipo o de semejante dificultad”, relata.

El examen fue en Madrid, en la sede del Ministerio de Justicia, situado en la calle San Bernardo. El día elegido, el 19 de diciembre de 2014, vísperas de Navidad y de la lotería. Duró más de 3 horas y Sebastián Terrer guarda un recuerdo agridulce “por la dificultad de la prueba, pero también de satisfacción por haber aprobado”. Reconoce que no salió “demasiado contento”, pero se queda con el momento de comunicarle por teléfono a su familia “que era apto, que había superado la prueba con la nota necesaria. Fue un momento muy feliz”.

Cuando se le pregunta qué se siente al saber que pasará a la historia de la Procura como el primero que accedió al ejercicio de esta profesión centenaria a través del Máster y el examen de acceso, Terrer asegura que “sinceramente, no lo pienso. Es algo anecdótico”. Con lo que se queda es con “la satisfacción de haber conseguido el objetivo que me marqué cuando empecé a estudiar Derecho, habiendo tenido que sortear dificultades y nuevas exigencias que no se contemplaban en el momento en el que tomé la decisión de ir por este camino. Pero con trabajo y mucho esfuerzo, y después de sacrificar mucho tiempo libre y de mi vida personal, principalmente tiempo que restaba a mi mujer, es cierto que la recompensa sabe mucho mejor”. Se considera, simplemente, “el primer procurador que ha tenido que pasar las nuevas exigencias” y se pone a disposición tanto del Consejo General de Procuradores, como de la dirección del Máster, “para que mi experiencia sirva de ayuda a los futuros alumnos”.

El que sí que lo celebra es su padre. José María Terrer no puede ocultar su satisfacción: “Para mí, como procurador es un gran orgullo que mi hijo haya cogido el testigo de casi 40 años de ejercicio profesional y que sea el primero de España en superar el examen de acceso a la profesión. Eso habla mucho de su tesón y de su capacidad de superar dificultades no previstas. Durante mucho tiempo ha trabajado muy duro y ahora tiene su recompensa. Pero sin duda, el mayor orgullo es el que siento no como procurador, sino como padre, de ver que Sebastián es una persona preparada para afrontar cualquier situación profesional y personal, y que hoy en día está capacitado para seguir con el despacho otros 35 años más, y hacerlo con la responsabilidad y profesionalidad que le caracterizan”.

RETOS DE LA PROCURA

Aunque lleva pocos años conociendo de cerca la Procura comparados con los de su padre, Sebastián Terrer tiene claro que los principales retos de la profesión pasan por “adoptar nuevas competencias”. Según él, “los procuradores son parte de la solución, y no del problema, como desde algunas instancias se quiere hacer ver. Si se amplían las competencias de los procuradores (ejecuciones, embargos telemáticos, conexiones con el punto neutro, actos de comunicación, etc.), podemos ayudar, entre otras muchas cosas, a descongestionar la Administración de Justicia, profundizando así en nuestra tarea principal que no es otra que la de colaborar con los tribunales”.

Para conseguirlo, recomienda mirar hacia el resto de países de Europa, donde a su entender “tenemos varios ejemplos de hacia dónde debería caminar esta profesión”. Para Terrer, los cambios deben dirigirse a “la utilización del procurador como un aliado de la Administración, capaz de llevar a cabo un mayor abanico de funciones al estilo de los huissiers franceses”.

Otro de los problemas que ha detectado es la falta de conocimiento que tiene la gente sobre la labor y el papel que juegan los procuradores. “Me encuentro con casos a diario en los que hablas con tu poderdante y no sabe cuál es la figura del procurador y la función del mismo. Es por ello que en ocasiones le das la factura de derechos y suplidos y, si anteriormente no te han visto, te llegan a decir, “¿Usted quién es?”, “¿Qué ha realizado usted por mí?”, se lamenta.

Su padre sabe bien de lo que habla Sebastián porque ha pasado antes por lo mismo. Aunque todo ha cambiado mucho. José María Terrer explica que cuando él empezó “se hacía todo de forma más personal. Era clave la persona del procurador. También es cierto que antes el trabajo que había era menos denso, pero el aspecto que marca un punto de inflexión entre la Procura del pasado y la actual es la aparición de la tecnología. Antes no contábamos con los medios de ahora, y en la actualidad sería imposible realizarlo de forma personal. Ahora existe el servicio común de notificaciones; antes las comunicaciones entre juzgados también eran totalmente distintas. La profesión no puede estar al margen de los cambios de la sociedad, y ese es el camino que debe seguir en el futuro, adaptándose para tener una Justicia más eficaz y ágil”.

Echa mano de su memoria y rememora los casos que ha llevado y le han marcado en su dilatada carrera profesional. “Recuerdo la primera vez que me encargaron un caso de desalojo a una familia de su vivienda, que había sido subastada por el banco. Sin duda, los casos con un alto contenido social son los que más te marcan a lo largo de tu carrera”. Reconoce que, en sus 35 años largos de profesión, “he llevado casos de muy distinta índole, algunos de gran repercusión”. Pero lo más importante para él siempre ha sido “aprender de todos e intentar actuar con la máxima profesionalidad”.

José María Terrer tiene claro que volvería a ser procurador. Sin embargo, resalta que “nunca he estado dedicado exclusivamente a la Procura. Me ha dado respeto basar la economía de mi familia en un solo negocio; por ello, y por mi personalidad, también me ha gustado tener otras actividades”. Sabe que ha podido compaginarlo “por contar en mi despacho con un magnífico equipo, un capital humano de máximo nivel y muy profesional, que me ha permitido dedicar tiempo a otros aspectos empresariales”. Ahora lo que espera es que su hijo Sebastián siga adelante con el despacho y “tenga la suerte que he tenido yo de poder contar con un equipo humano excepcional, y así el apellido Terrer pueda seguir ligado al mundo de la Procura por mucho tiempo más”.

 

Fuente:  http://www.cgpe.es/descargas/revista/112/49-51ReportajeProcuSingu.pdf

 

Jura un nuevo procurador de los tribunales

Sebastián Terrer jura el cargo.

Sebastián Terrer jura el cargo. / SONIA M. LARIO/AGM

El primer aspirante que ha superado la prueba de acceso de formación en el Máster de la Procura, Sebastián Terrer García, ha jurado el cargo (en la fotografía) como procurador de los tribunales en un acto celebrado en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de Lorca y ante la decana de dicha entidad colegial, Nieves Cuartero Alonso. Ésta recordó la función que realizan como colaboradores con la Administración de Justicia, con el objetivo de garantizar una representación de calidad.

Fuente: LA VERDAD Edición Murcia

Sebastián Terrer es procurador de los Tribunales de Lorca , incluido en el Buscador Profesional Thesauro