Motivos de la Nulidad de un Matrimonio por la Iglesia

Artículo de : ROSARIO MATEU GARCÍA procuradora de Elche y Alicante, miembro del Buscador Judicial Thesauro 

Motivos de la Nulidad de un Matrimonio por la Iglesia

Impotencia: Se trata de una circunstancia personal que impide que se pueda realizar el acto conyugal de modo natural ya sea en el hombre o la mujer.

Impedimento de vínculo: Si una persona vuelve a contraer matrimonio estando ya casada, el segundo no sería válido.

Impedimento de consanguinidad: Se anularía en el caso de que las dos personas mantuvieran un vínculo de sangre.

Por carecer de uso de razón: Cuando una persona no presenta un uso total de razón debido a una enfermedad psíquica.

Vicio de consentimiento por grave defecto de discreción de juicio: Ante la presión de un matrimonio sin libertad para manifestar consentimiento.

Incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio por naturaleza psíquica: Grave inmadurez o dependencia psicológica.

Error acerca de la persona: Hoy en día es muy difícil que se produzca este caso, aunque antiguamente era muy común en matrimonios concertados. La persona con la que te casas resulta no ser quien dice.
Dolo provocado para obtener el consentimiento: Cuando se oculta información relevante a propósito para celebrar el matrimonio.

Exclusión de propiedades esenciales: Exclusión y omisión de alguna de las características esenciales del matrimonio como la fidelidad.

Por defecto de forma: Cuando una boda se celebra por otro sacerdote distinto al de la parroquia donde figura el expediente de bautismo de la novia y sin la delegación correspondiente del párroco.

Abogados y procuradores comparten soluciones en Facebook por los problemas de Lexnet

Noticia publicada en elderecho.com 

Cerca de 2.000 abogados y procuradores se han unido a un grupo de Facebook en el que intercambian soluciones a los problemas que encuentran a diario en la plataforma Lexnet, concebida por el Ministerio de Justicia para conseguir el ‘papel cero’ en los tribunales.

El grupo, creado en enero bajo el nombre de ‘Forum Lexnet Abogacía‘, sirve a los profesionales para desahogarse y comprobar con sentido del humor que no son los únicos que experimentan dificultades al tratar de remitir o recibir información de los juzgados a través de dicha herramienta.

Muchos de los letrados y procuradores reconocen que no les ha quedado más remedio que adquirir habilidades informáticas, mientras que otros aconsejan qué modelos de impresoras y escáneres comprar para digitalizar los documentos y alguno confiesa haber aprovechado las ofertas del ‘Día sin IVA’ para obtener los periféricos.

Los usuarios admiten tratan de ayudarse mutuamente con consejos técnicos sobre el funcionamiento de Lexnet.

La recepción de las notificaciones, la necesidad de adjuntar el audio de una grabación o la orden de un juzgado de enviar una propuesta de inventario en “formato ORTC compatible con Open Office 4.1.1.”, son otras de las dudas que se pueden leer en la cuenta.

Invitan a los ministros a usar Lexnet

Los abogados agradecen la ayuda prestada por otros ‘colegas’ y por el servicio técnico del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), aunque, eso sí, invitan al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a probar Lexnet en sus “comunicaciones con el equipo de Gobierno”.

Algunos opinan que el plan para digitalizar la Justicia facilitará en un futuro el trabajo de los tribunales. Sin embargo, coinciden en que a día de hoy no está listo, causa “inseguridad jurídica” y “entorpece” el quehacer de los profesionales. Por ello, piden una moratoria hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

En este sentido, cuestionan que algunas comunidades, juzgados o fiscalías se resistan a utilizar Lexnet y les envíen las diligencias por correo certificado o fax, aunque ellos sí que tengan que remitir sus escritos a través de Lexnet. “¿Porque el juzgado puede notificarme por fax, si yo tengo que presentar los escritos por lexnet?”, se preguntan.

Entre otras anécdotas, una abogada expone que recibía notificaciones como letrada de la Justicia –término que sustituye al de secretaria judicial– por haber desempeñado como sustituta este puesto hace años; mientras que otro apunta que en algunos casos se han abierto dos expedientes distintos en diferentes juzgados sobre la misma demanda, al tener los abogados que presentarla por Lexnet y por registro.

EL PRIMER PROCURADOR vía Máster de la historia

 

Sebastián Terrer García (Lorca, Murcia, 1981) es procurador y está colegiado en la ciudad donde nació. Nada extraordinario, dirán ustedes. Hasta aquí. Porque su forma de llegar a la Procura sí es muy especial. Terrer se ha convertido sin pretenderlo en la primera persona que accede a la profesión tras realizar el Máster de la Procura y superar la prueba de acceso.

“Me lo exigía la nueva legislación que ya era vigente en el momento en el que terminé la carrera de Derecho. El sector está en un proceso de cambio, existen nuevas exigencias y la realización del Máster es una de ellas”, explica. Hoy está colegiado con el número 79 en el Colegio de Lorca, aunque también ejerce en otros partidos judiciales.

Antes de llegar a la carrera de Derecho, estudió Administración y Dirección de Empresas. “Me parecía fundamental tener una formación que me aportara una visión amplia de la gestión empresarial, lo que sin duda me ayudaría a poder entender el día a día del negocio familiar más allá de los asuntos jurídicos”.

Su padre, José María Terrer Artes, lleva más de 35 años en la Procura. Sebastián había trabajado hasta ahora como oficial habilitado en el despacho. Habla de su progenitor con admiración: “Siempre ha sido un referente, un faro en el que guiarme tanto en mi vida personal como profesional. Lo admiro por sus logros profesionales, pero sobre todo por haberse ganado el respeto de la profesión durante su dilatada trayectoria como procurador. Siempre ha tenido una gran ilusión en que siguiera sus pasos y estudiara Derecho para poder continuar con el despacho que puso en marcha”, argumenta.

Sebastián Terrer completó su formación empresarial con un máster en Auditoría. Luego seguirían los estudios de Derecho y, por último, el Máster que le encaminaría definitivamente hacia el ejercicio como procurador colegiado. Se inscribió en octubre de 2012, en el primer año que el Máster se implantaba en España. “Tuve que cursarlo a través de la UNED porque era la única universidad donde se ofrecía”, explica. Dos años más de estudio. Asegura que le ayudó mucho contar con la experiencia previa adquirida como oficial habilitado en el despacho familiar, en el que llevaba trabajando ya cinco años.

Considera que el Máster de la Procura “está bien estructurado y en cierto modo refleja bastante la labor del procurador en los tribunales. Si bien es cierto que todavía tiene un amplio camino por recorrer en cuanto a la preparación de cara a superar la prueba de acceso”, matiza. Sebastián Terrer cree que sería de gran ayuda para los próximos alumnos “que se trabajara también en la preparación de la prueba de acceso, y que se hiciera un poco más de hincapié en el tema de las ejecuciones, y sobre todo en las ejecuciones hipotecarias”.

Recuerda que durante los dos años de duración del Máster “había asignaturas que eran superadas con la práctica de trabajos, y otras en las que, aparte de los trabajos, tenías que realizar unas pruebas teóricas. Esas pruebas podían ser preguntas tipo test, preguntas cortas a desarrollar, o bien una práctica. Por lo tanto, en este sentido sí que está bastante equilibrado”, concluye.

EXAMEN FINAL

Aunque ya han pasado unos cuantos meses, no ha olvidado, y es difícil que le ocurra, el día del examen final. A pesar de que había más inscritos en el Máster, Sebastián Terrer fue el único que cumplía con todos los requisitos para poder realizar la prueba de acceso. “El examen final fue muy duro. En general, se distanció bastante de las materias para las que más te preparan. Sinceramente, no fue nada sencillo, de acuerdo a lo que había visto en el Máster y a las preguntas que en agosto de 2014 ‘colgaron’ en la web del Ministerio de Justicia como preguntas tipo o de semejante dificultad”, relata.

El examen fue en Madrid, en la sede del Ministerio de Justicia, situado en la calle San Bernardo. El día elegido, el 19 de diciembre de 2014, vísperas de Navidad y de la lotería. Duró más de 3 horas y Sebastián Terrer guarda un recuerdo agridulce “por la dificultad de la prueba, pero también de satisfacción por haber aprobado”. Reconoce que no salió “demasiado contento”, pero se queda con el momento de comunicarle por teléfono a su familia “que era apto, que había superado la prueba con la nota necesaria. Fue un momento muy feliz”.

Cuando se le pregunta qué se siente al saber que pasará a la historia de la Procura como el primero que accedió al ejercicio de esta profesión centenaria a través del Máster y el examen de acceso, Terrer asegura que “sinceramente, no lo pienso. Es algo anecdótico”. Con lo que se queda es con “la satisfacción de haber conseguido el objetivo que me marqué cuando empecé a estudiar Derecho, habiendo tenido que sortear dificultades y nuevas exigencias que no se contemplaban en el momento en el que tomé la decisión de ir por este camino. Pero con trabajo y mucho esfuerzo, y después de sacrificar mucho tiempo libre y de mi vida personal, principalmente tiempo que restaba a mi mujer, es cierto que la recompensa sabe mucho mejor”. Se considera, simplemente, “el primer procurador que ha tenido que pasar las nuevas exigencias” y se pone a disposición tanto del Consejo General de Procuradores, como de la dirección del Máster, “para que mi experiencia sirva de ayuda a los futuros alumnos”.

El que sí que lo celebra es su padre. José María Terrer no puede ocultar su satisfacción: “Para mí, como procurador es un gran orgullo que mi hijo haya cogido el testigo de casi 40 años de ejercicio profesional y que sea el primero de España en superar el examen de acceso a la profesión. Eso habla mucho de su tesón y de su capacidad de superar dificultades no previstas. Durante mucho tiempo ha trabajado muy duro y ahora tiene su recompensa. Pero sin duda, el mayor orgullo es el que siento no como procurador, sino como padre, de ver que Sebastián es una persona preparada para afrontar cualquier situación profesional y personal, y que hoy en día está capacitado para seguir con el despacho otros 35 años más, y hacerlo con la responsabilidad y profesionalidad que le caracterizan”.

RETOS DE LA PROCURA

Aunque lleva pocos años conociendo de cerca la Procura comparados con los de su padre, Sebastián Terrer tiene claro que los principales retos de la profesión pasan por “adoptar nuevas competencias”. Según él, “los procuradores son parte de la solución, y no del problema, como desde algunas instancias se quiere hacer ver. Si se amplían las competencias de los procuradores (ejecuciones, embargos telemáticos, conexiones con el punto neutro, actos de comunicación, etc.), podemos ayudar, entre otras muchas cosas, a descongestionar la Administración de Justicia, profundizando así en nuestra tarea principal que no es otra que la de colaborar con los tribunales”.

Para conseguirlo, recomienda mirar hacia el resto de países de Europa, donde a su entender “tenemos varios ejemplos de hacia dónde debería caminar esta profesión”. Para Terrer, los cambios deben dirigirse a “la utilización del procurador como un aliado de la Administración, capaz de llevar a cabo un mayor abanico de funciones al estilo de los huissiers franceses”.

Otro de los problemas que ha detectado es la falta de conocimiento que tiene la gente sobre la labor y el papel que juegan los procuradores. “Me encuentro con casos a diario en los que hablas con tu poderdante y no sabe cuál es la figura del procurador y la función del mismo. Es por ello que en ocasiones le das la factura de derechos y suplidos y, si anteriormente no te han visto, te llegan a decir, “¿Usted quién es?”, “¿Qué ha realizado usted por mí?”, se lamenta.

Su padre sabe bien de lo que habla Sebastián porque ha pasado antes por lo mismo. Aunque todo ha cambiado mucho. José María Terrer explica que cuando él empezó “se hacía todo de forma más personal. Era clave la persona del procurador. También es cierto que antes el trabajo que había era menos denso, pero el aspecto que marca un punto de inflexión entre la Procura del pasado y la actual es la aparición de la tecnología. Antes no contábamos con los medios de ahora, y en la actualidad sería imposible realizarlo de forma personal. Ahora existe el servicio común de notificaciones; antes las comunicaciones entre juzgados también eran totalmente distintas. La profesión no puede estar al margen de los cambios de la sociedad, y ese es el camino que debe seguir en el futuro, adaptándose para tener una Justicia más eficaz y ágil”.

Echa mano de su memoria y rememora los casos que ha llevado y le han marcado en su dilatada carrera profesional. “Recuerdo la primera vez que me encargaron un caso de desalojo a una familia de su vivienda, que había sido subastada por el banco. Sin duda, los casos con un alto contenido social son los que más te marcan a lo largo de tu carrera”. Reconoce que, en sus 35 años largos de profesión, “he llevado casos de muy distinta índole, algunos de gran repercusión”. Pero lo más importante para él siempre ha sido “aprender de todos e intentar actuar con la máxima profesionalidad”.

José María Terrer tiene claro que volvería a ser procurador. Sin embargo, resalta que “nunca he estado dedicado exclusivamente a la Procura. Me ha dado respeto basar la economía de mi familia en un solo negocio; por ello, y por mi personalidad, también me ha gustado tener otras actividades”. Sabe que ha podido compaginarlo “por contar en mi despacho con un magnífico equipo, un capital humano de máximo nivel y muy profesional, que me ha permitido dedicar tiempo a otros aspectos empresariales”. Ahora lo que espera es que su hijo Sebastián siga adelante con el despacho y “tenga la suerte que he tenido yo de poder contar con un equipo humano excepcional, y así el apellido Terrer pueda seguir ligado al mundo de la Procura por mucho tiempo más”.

 

Fuente:  http://www.cgpe.es/descargas/revista/112/49-51ReportajeProcuSingu.pdf

 

Jura un nuevo procurador de los tribunales

Sebastián Terrer jura el cargo.

Sebastián Terrer jura el cargo. / SONIA M. LARIO/AGM

El primer aspirante que ha superado la prueba de acceso de formación en el Máster de la Procura, Sebastián Terrer García, ha jurado el cargo (en la fotografía) como procurador de los tribunales en un acto celebrado en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de Lorca y ante la decana de dicha entidad colegial, Nieves Cuartero Alonso. Ésta recordó la función que realizan como colaboradores con la Administración de Justicia, con el objetivo de garantizar una representación de calidad.

Fuente: LA VERDAD Edición Murcia

Sebastián Terrer es procurador de los Tribunales de Lorca , incluido en el Buscador Profesional Thesauro 

 

Los Procuradores celebran la reelección de Pilar de la Oliva al frente del TSJCV

Valencia, 29 de enero 2016.- El Colegio de Procuradores de Valencia a saludado con satisfacción la reelección de la Magistrada Pilar de la Oliva como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

“Cualquiera de los candidatos era idóneo para el cargo, pero de la Oliva ha demostrado a lo largo de estos años un talante muy personal, una solvencia jurídica rigurosa y una gran generosidad en el trato con el resto de los profesionales que trabajamos en la Justicia”, ha declarado Laura Oliver, Decana de los Procuradores valencianos.

 

El Colegio Oficial recuerda además el apoyo que ofreció Pilar de la Oliva a los Procuradores cuando el gobierno presentó el Anteproyecto de Ley de Servicios y colegios profesionales, que en su primer borrador prácticamente eliminaba la figura del Procurador ante Tribunales. En aquel momento, la Presidenta del TSJCV reconoció públicamente la labor de estos profesionales y su importancia como garantía para el ciudadano.

 

Pilar de la Oliva ha destacado por ser además una firme defensora de la modernización de la Justicia, y ha mantenido siempre una posición abierta e independiente ante los diferentes retos de la Justicia en la Comunidad Valenciana, posturas muy bien valoradas por el Colegio de Procuradores.

 

Los Procuradores de España celebrarán su XIV Congreso Nacional a partir del 5 de mayo en Bilbao

 

Fuente : El Correo

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores

Bilbao, 13 ene (EFE).- Los Procuradores de España, colectivo que agrupa a los casi de once mil profesionales de la Procura en todo el país, celebrarán en Bilbao, del 5 al 7 de mayo próximo, su XIV Congreso Nacional.

En este Congreso, que tendrá lugar en la Universidad de Deusto, se debatirá y analizará la labor que realiza el colectivo de procuradores en la sociedad y, sobre todo, el papel que le corresponderá desempeñar en los próximos años.

Los procuradores son profesionales del Derecho que representan a sus clientes ante los juzgados y tribunales, facilitando los trámites judiciales.

 

El Gobierno regula las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia a través de LEXNET a partir del 1 de enero de 2016

Noticia del Ministerio de Justicia

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

LEER R.D SOBRE LEXNET

Fuente: Noticias Jurídicas

 

Ámbito de amplición

El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de laLey Orgánica del Poder Judicial en esta materia.

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Justicia ha firmado convenios de colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto a su disposición las herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones electrónicas. Además, según informa Justicia, en un esfuerzo por la coordinación institucional y técnica entre todas las instituciones y colectivos implicados, se han mantenido reuniones en el seno de la Comisión Justicia Digital y también en el marco del Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, además del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Ampliación a otros colectivos a partir de 2017

A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Real Decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia así como que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.

Impulso de las tecnologías de la información a la Justicia

Según el Gobierno, la aprobación de este Real Decreto se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia y que tiene como hitos más destacados la Inscripción telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios (desde el pasado 15 de octubre); la Sede Judicial Electrónica (desde el pasado 22 de septiembre); la celebración de las subastas judiciales y notariales de forma telemática en Portal de Subastas del BOE (desde el pasado 15 de octubre); la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (desde septiembre de 2010); la implantación del Sistema integrado de Justicia (Cuenca); el acceso de las Administraciones al Registro Central de Penados y el envío automático de información sobre violencia de género: requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmas (Madrid).

Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado a Noticias Jurídicas que son conscientes de que el proyecto despierta dudas, temores y resistencias, pero que, pese a ello, el el Departamento existe el convencimiento de que se se va a conseguir alcanzar el objetivo previsto en la fecha fijada. “el plan sigue adelante, no hay marcha atrás.

Han encontrado un alto nivel de sensibilización en el CGPJ, la Fiscalía, los abogados y los procuradores y, además, el proyecto está consensuado con los grupos políticos parlamentarios desde que se aprobó la Ley 18/2011, por lo que prevén que el proyecto continúe adelante cualquiera que sea el signo del gobierno que salga de las próximas elecciones.

 

 

Fuente Economist & Jurist:

Cuando por cualquier causa el sistema LexNET la plataforma del Consejo General de la Abogacía Española, aprobadas técnicamente por el Ministerio de Justicia, conectadas a LexNET, no pudieran prestar el servicio en las condiciones establecidas, se informará a los usuarios a los efectos de la eventual realización de actos procesales en forma no telemática y se expedirá, previa solicitud, justificante de la interrupción del servicio o certificado del Consejo General Profesional, expresivo de tal imposibilidad, así como de las causas.

 

 

La tasación de costas y su ejecución

Por FERNANDO GARCÍA VIÑUELA Procurador

Procurador incluido en el Buscador Judicial de THESAURO

La tasación de las costas viene regulada en los artículos 241 al 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ambos inclusive. En ellos se recoge desde la consideración de lo que son gastos del proceso y lo que son costas de entre ellos, la inclusión de las partidas que pueden considerarse costas, el procedimiento de su determinación, las impugnaciones y la forma de resolverlas.

“En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, sujetándose a las disposiciones de este título” (art. 243.1), en el siguiente artículo –244– fija el traslado de la tasación “ a las partes por plazo común de diez días” en el que podrá ser impugnada (art. 245). A continuación en el artículo 246 queda regulada la tramitación y decisión de la impugnación. Ahora bien, en dichos preceptos, y es cuestión a destacar, nada se recoge sobre tener que dictar resolución que apruebe la tasación de costas practicada y no impugnada.

La antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 tenía previsto la aprobación de la tasación de costas practicada en un procedimiento mediante auto, y su aún reciente desaparición nos ha llevado a tener presente, casi de manera inconsciente, que la tasación de costas debería ser aprobada para ser ejecutada. Tal es así que no se admite la ejecución de una tasación de costas si ésta no ha sido aprobada mediante resolución judicial, sirviendo dicha resolución como título ejecutivo, llegando incluso a tener que estar pendientes del periodo de carencia establecido en el art. 548.

Ésta parece ser la fórmula encontrada para que una tasación de costas pueda llegar a ser ejecutada ya que si no existe resolución judicial no podría incardinarse en lo dispuesto en el art. 517 y concretamente en su apartado 9º del punto 2: “las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución”.

Pues bien, si la Ley no prevé la aprobación de una tasación de costas no impugnada, ¿la falta de resolución que apruebe la tasación de costas practicada en un procedimiento impediría la ejecución de ésta?

Bien es cierto que el art. 242.1 establece que “cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación”, de cuya lectura se extraen los siguientes puntos:

1. Lo primero que llama la atención es el hecho de que debe existir una resolución que contenga la condena en costas, es decir, un pronunciamiento judicial en cuanto a las mismas y quien debe soportar su pago: “cuando hubiere condena en costas”.

2. La necesidad de que sea firme la resolución que contiene la condena en costas. La expresión del artículo, al figurar entre comas la expresión, luego que sea firme, no es otra que a la resolución de condena al pronunciamiento que nos ocupa.

3. Tasar dichas costas, para lo cual volvemos a los puntos anteriores, precisamos un pronunciamiento favorable en costas y que esta resolución sea firme.

4. Por último, y ya tasadas la costas, su ejecución, si no se atendiere el pago por el obligado a ello, su exacción será por el procedimiento de apremio.

De todo ello podemos deducir que no es preciso ningún tipo de diligencia, providencia o auto que declare la firmeza de la tasación practicada, pues el recobro de las costas será por la vía de apremio, una vez tasadas cuando adquiera firmeza la resolución que contiene el pronunciamiento sobre las mismas.

A igual conclusión nos puede llevar el hecho de fijar las costas como la indemnización establecida a favor de ganador del proceso y cuyo montante hay que fijar una vez firme la resolución que contiene dicho pronunciamiento, para lo que la remisión podría haberse efectuado a la regulación de la determinación de daños y perjuicios (art. 712 y siguientes), pero no ha sido así, al contrario, se estableció un propio Título que regula la tasación de costas en el que no aparece la aprobación de la misma bajo ningún prisma (excepción hechas de la tasación impugnada), salvo el transcurso del plazo establecido en el art. 244 sin que las partes hayan procedido a su impugnación“una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior (para la impugnación de la tasación) no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho a reclamarla de quien y como proceda”.

Esto no es óbice para que una tasación de costas pueda ser ejecutada y alcanzar así la vía de apremio una vez queden fijados los conceptos que la integran y establecido su importe, al igual que la resolución que ponga fin y resuelva las impugnaciones a que hubiere dado lugar la tasación practicada, pues esta resolución no es título ejecutivo, ya que por sí misma no lleva aparejada la ejecución.

Ahora bien, no todas la tasaciones de costas nacen por una declaración judicial, por lo que para poder ejecutar una tasación y resarcirse en los importes que en ella se contengan es necesario precisar la naturaleza o nacimiento del derecho a cobrar las costas del contrario.

El derecho a repercutir las costas de un proceso a la parte contraria nace en nuestro proceso civil de dos formas bien definidas:

a) La condena recogida en resolución judicial y como tal nacida de una voluntad del juzgador, artículos 394 al 398, y

b) Aquella que nace por imperativo legal, como son las costas de ejecución, artículos 539 y 583 de la LEC.

Condena en costas recogida en resolución judicial

En cuanto a las costas nacidas por voluntad del juez o tribunal y para poder establecer la forma de llevar a cabo su ejecución, se precisa fijar de qué forma entran dentro del procedo de ejecución.

Como ya se apuntó, la tasación practicada por el secretario no encuentra encuadre dentro de los puntos fijados en el art. 517 pues la propia ley no prevee resolución que la apruebe y aún resolviéndose sobre una impugnación, esta resolución queda supeditada a la propia condena en costas nacida en el título que da lugar a su práctica y que en definitiva es el título ejecutable el que dé lugar a que puedan tasarse y el que lleva aparejada la ejecución. Es esta resolución la que tiene fuerza ejecutiva, forma parte de ella y de ella no se puede separar pues sin la misma no nacería y al ser un pronunciamiento más de ella, queda sujeta a los avatares propios de la resolución que la contiene,como tal susceptible de ser ejecutada o recurrida.

Ya tenemos el título ejecutivo, la resolución que contiene la condena en costas, por lo que es la ejecución de ésta la que como primer paso nos lleva a fijar el importe de las costas repercutibles al condenado a su pago, conforme al trámite establecido en los artículos ya mencionados del Titulo VII, 241 al 247, y una vez transcurrido los diez días de traslado para su impugnación sin que ésta se haya efectuado, o resuelto el incidente de la impugnación (que a su vez puede generar otra condena en costas), la ejecución continuará, bien procediendo al embargo para el aseguramiento de bienes que respondan del importe tasado o bien por los trámites de la vía de apremio si ya se ha producido dicho aseguramiento de responsabilidades.

Tal es así que el supuesto bastante común de tener una resolución favorable que condene al pago de cantidad líquida y las costas –dos pronunciamientos distintos–, puede instarse la ejecución de ambos conjuntamente, o bien cada uno por separado.

En el primero de los casos, el auto que despache ejecución deberá contener la resolución sobre las medidas interesadas para el embargo y aseguramiento de bienes que garanticen el cobro de la cantidad líquida fijada de acuerdo al art. 575, y por otro lado la remisión a la secretaría del juzgado o tribunal para que proceda a determinar y fijar el importe de las costas de la instancia y cuyas normas y parámetros están regulados en los artículos 241 y siguientes de la LEC. En el segundo de los casos, instar la ejecución únicamente en cuanto a las costas, el auto que despache la ejecución contendrá sólo la remisión para la determinación de aquéllas, procediéndose con las medidas de aseguramiento un vez sea líquida la cantidad que resulte y no haya sido impugnada la tasación en el tiempo y la forma fijada en los artículos 44 y 245.

Hay que tener en cuenta que una vez se insta la ejecución de una resolución judicial, a tenor de lo establecido en el art. 575, así como los artículos 539 y 583 de la LEC, se despachará ejecución por el principal (que bien puede ser la condena en costa de la primera instancia o cualquier recurso) los intereses ordinarios y moratorios vencidos y los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. Costas cuya naturaleza es distinta de las que nacen por la propia voluntad del juzgador y que nos lleva a analizar las mismas y su propia ejecución.

Las costas de la ejecución

Nuestra norma procesal civil fija claramente que quien debe afrontar las costas de la ejecución es el ejecutado, salvo declaración expresa del tribunal y sólo para los casos en los que este previsto tal declaración, y así queda recogido en el artículo 539 de la LEC: “Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición…”, refiriéndose el pá- rrafo anterior a “las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento sobre las costas”. En igual sentido, y con más contundencia, se pronuncia el art. 583 del mismo cuerpo legal, cuando al tratar la ejecución dineraria establece que “aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución”.

De estos dos preceptos se desprende que en la ejecución forzosa, regulada en el libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas nacen:

1.–Por imperativo legal.

2.–Las que nacen por voluntad propia del juzgados y en aquellos casos que la Ley lo prevea expresamente.En cuanto a éstas, la ejecución viene dada por la de la propia resolución que las contiene, como ya se apuntó, no por su práctica y liquidación.

Por lo que respecta a la condena en costas de la ejecución, las nacidas por imperativo legal, el título ejecutivo que da lugar a su ejecución no es otro que el propio auto por el que se despacha la ejecución principal; así el art. 575 de la LEC establece que “la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta”. Partimos pues que en el auto por el que se despacha ejecución se debe incluir la partida para costas que se generen en su tramitación, es más, el mismo precepto aludido fija de forma provisional y sin perjuicio de posterior liquidación en la suma del 30% de lo reclamado como principal de la demanda ejecutiva.

Resulta pues que ya tenemos despachada la ejecución sobre las costas, por lo que llegado el momento de tasarlas y tener que ejecutarlas ¿qué sentido tiene despachar ejecución de las costas de ejecución sobre las que ya se despachó ejecución? ¿Hay necesidad de despachar ejecución de un auto despachando ejecución?

Parece claro que no cabe despachar ejecución sobre un auto que ya despachó ejecución, y las costas, pronunciamiento necesario para despachar ejecución, ya se están ejecutando, pues el 30% fijado en la Ley en su artículo 575 ya mencionado no queda exento de ejecución. Tal es así que si llegado el momento de tasar las costas y liquidar los intereses en una ejecución los importes resultantes fueran inferiores al 30% antes aludido, se satisfarían estos y el sobrante se devolvería al ejecutado ordenándose a continuación el archivo de la ejecución. Ahora bien, en el caso de no alcanzar el importe presupuestado para satisfacer la totalidad de las costas, ¿qué necesidad hay de tener que despachar ejecución de algo sobre lo que ya se despachó? ¿Acaso tiene distinta naturaleza el importe satisfecho con cargo al 30% presupuestado de aquella parte no cubierta por dicho presupuesto? La lógica nos indica que la ejecución continuaría con las mejoras de embargo y consiguiente vía de apremio necesarias para el resarcimiento del resto de costas e intereses pendientes, pero nunca sería necesaria una nueva ejecución con un nuevo auto despachando ésta.

Conclusión

Parece evidente que la falta de resolución que apruebe la práctica de la tasación de costas no constituye una laguna legal, ya que la misma no resulta ser título ejecutivo por sí mismo. En unos casos precisa de la declaración de tal condena en una resolución judicial, para lo que se necesita el concurso del juez o tribunal que así lo declare, y en otros, por ser imperativa su condena para quien obligue a tener que ser ejecutado. En el primero de los casos se ejecuta la resolución que contiene el pronunciamiento sobre las costas; en el otro se ejecuta el propio auto que despacha la ejecución forzosa en el que resulta obligatorio fijar los importes, eso sí, presupuestados, de lo que resultan las costas del proceso de ejecución, en suma, por imperativo legal.

Parece lógico pensar que una vez practicada la tasación de costas, bien sea en proceso declarativo bien en ejecución, se deba poner en conocimiento de la parte que la misma no ha sido impugnada y que ha transcurrido el plazo fijado en el art. 244 de la LEC para pode solicitar las medidas de aseguramiento o la continuidad por la vía de apremio, pero dicha comunicación por sí misma no constituye título ejecutivo.

Llegados a este punto es necesario fijar que el plazo de espera de los veinte días, establecido en el art. 548, para ejecutar una resolución, opera frente a la resolución que contiene la condena en costas y consiguientemente, para poder instar su tasación. No así una vez tasadas o las que nacen en la propia ejecución pues ya se despachó la misma por las costas.

Procuradores y notarios firman un convenio sobre el envío telemático de poderes para pleitos

Fuente: noticias.juridicas.com

 

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), y José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta semana un convenio de colaboración para la remisión telemática de escrituras públicas electrónicas de poderes para pleitos, sus modificaciones y revocaciones.

Los procuradores que hayan sido designados como representantes procesales podrán aportar y hacer valer estos poderes para pleitos, recogidos en escritura pública electrónica, ante los órganos judiciales y administrativos del Poder Judicial, los órganos de las Administraciones Públicas, así como ante aquellas personas jurídico privadas ante las que se les haya concedido facultades de representación.

Este acuerdo da cumplimiento a la Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que expresa la necesidad de acometer una cambio en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar el uso de los medios telemáticos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel, en aras de conseguir mayor eficiencia en la tramitación de procedimientos, y un ahorro de costes a Estado y ciudadanos, reforzando incluso las garantías procesales. La referida ley establece el 1 de enero de 2016 como día a partir del cual se hará efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. En todo este proceso de modernización de la Justicia, la figura del procurador está llamada a jugar por la Ley un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus abogados y las oficinas judiciales.

El Notariado pondrá a disposición su plataforma electrónica para que los procuradores puedan acreditar telemáticamente la representación de sus clientes. Adicionalmente, el CGN habilitará un servicio para que, mediante la atribución a cada poder de un Código de Verificación Seguro se pueda comprobar la veracidad y contenido del mismo, así como consultar si el poder subsiste o si, en su caso, ha sufrido alguna modificación. El Sistema Integrado de Gestión del Notariado (SIGNO) generará un sistema de alertas que permita a los procuradores designados que en algún momento hayan consultado los poderes conocer la modificación de los mismos, así como su revocación.

Por último, el CGN pondrá a disposición de secretarios judiciales y jueces un servicio, a través del cual podrán consultar el contenido de los poderes de representación procesal que los procuradores hagan valer en un determinado proceso o actuación, su vigencia, e, incluso, podrán obtener copia autorizada electrónica del mismo.

Laura Oliver, reelegida Presidenta del Consejo de Procuradores de la Comunidad Valenciana

El mundo de la Justicia se enfrenta al reto de la administración electrónica sin los recursos necesarios para implantarla el 1 de enero

Presidenta Consejo Procuradores CV Laura Oliver

Valencia, 17 de noviembre.- La Decana del Colegio Valenciano de Procuradores ha sido reelegida hoy como Presidenta del Consejo de Procuradores de la Comunidad Valenciana, órgano que agrupa a los Colegios de Alicante, Elche, Castellón y Valencia.

 

Laura Oliver ha desempeñado el cargo durante estos cuatro últimos años, a lo largo de los cuales el Consejo ha tenido que enfrentarse a una situación muy difícil, tanto por los retrasos en los pagos del Turno de Oficio por parte de la Administración, como por la lucha emprendida en contra del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, presentado por el Ministerio de Economía y finalmente paralizado tras las movilizaciones de éste y de otros Colegios y la defensa cerrada que todo el mundo judicial hizo del trabajo de los Procuradores.

 

En estos momentos, la profesión se encuentra ante nuevos retos, fruto de la reciente aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que confiere nuevas responsabilidades a la Procura, por una parte, pero que presenta también cuestiones difíciles de cumplir, como es la administración electrónica de la Justicia, obligatoria para todos los agentes a partir del 1 de enero de 2016. Sólo los Procuradores se encuentran actualmente conectados al sistema Lex Net, tras un largo periodo de años de implantación, y varios millones de euros invertidos por los colegios de toda España en tecnología y formación. Esta experiencia hace dudar de la capacidad del sistema judicial de incorporar en poco más de un mes a los abogados de todo el país, así como a los jueces y secretarios judiciales, especialmente por la falta de fondos específicamente destinados a su implantación.

 

Laura Oliver es además la primera procuradora de España y el único representante de la Comunidad Valenciana, en incorporarse al Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, órgano asesor perteneciente al Consejo General del Poder Judicial, formado por abogados, jueces y fiscales.

 

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Más información, Miguel Llopis/Carolina Gimeno. 96 351 95 43