La nueva ley para procuradores plantea una bajada salarial pero mantiene la incompatibilidad

Fuente: VOX PÓPULI

Laura Díez

La última versión del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pretende rebajar los honorarios de los procuradores fijando un máximo por procedimiento. Sin embargo, lo que más satisface al gremio es que abogado y procurador seguirán siendo profesiones incompatibles.

Desde que se aprobara en 2013 el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales han sido al menos cuatro las versiones nuevas que se han difundido a los medios. La última, del pasado 11 de noviembre, recoge una importante bajada de honorarios para los procuradores pero les ‘regala’ la tranquilidad de mantener su principal reclamo: que no sean compatibles las funciones de abogado y procurador.

El texto recoge una regulación del llamado arancel para evitar que sean desproporcionados y para abaratar el coste de los procesos judiciales. “Los aranceles son las bases de los honorarios de los procuradores. Los abogados tienen un baremo y el nuestro es un arancel que ahora mismo es fijo. Dependiendo de la cuantía y del asunto se cobra una cantidad, y ellos, dependiendo del despacho, cobran una cantidad según consideren. Lo nuestro es fijo y esa es una de las cosas que el anteproyecto cambiaba: pasaba de ser uno fijo a uno de máximos con una reducción de las cuantías”, explican desde el Consejo de Procuradores a Vozpópuli.

En concreto, el anteproyecto plantea que la cuantía global que se podrá exigir por un proceso no podrá ser superior a 75.000 euros, mientras que en la regulación vigente ese máximo está fijado en los 300.000 euros. Además, tendrá que quedar plasmado por escrito como un contrato de servicios previo y presentarse dentro de los costos.

La propuesta fija un arancel máximo de 75.000 euros que además deberá quedar plasmado como un contrato de servicios previo

La reducción de los aranceles vendría estipulada por tramos, de manera que será de un 10% si la cuantía del procedimiento es inferior a los 601.012 euros, del 30% si oscila entre 601.012,01 euros y 10 millones de euros, del 40% si lo hace entre 10 y 50 millones de euros, del 50% para procesos entre 50 y 100 millones y del 60% si supera los 100 millones de euros.

Sin embargo el gremio se muestra escéptico ante esa nueva versión legal y ni siquiera el Consejo de Procuradores quiere entrar a hacer valoraciones sobre “algo que está en el aire”. “Lo único vigente es lo aprobado el 2 de agosto de 2013, y no tenemos noticia de que vaya a seguir adelante ni esta ni las anteriores propuestas que han ido circulando, que han sido las negociaciones entre Economía y Justicia”, defienden.

Pese a las dudas, esta nueva versión sí aborda un punto clave para los procuradores:mantiene la incompatibilidad con los abogados. Es decir, sigue prohibiendo que procuradores y abogados puedan desempeñar las mismas funciones. “La mayor guerra para el Colegio de Procuradores era evitar la compatibilidad, porque entonces podía ejercer como procurador cualquiera que tuviera la licenciatura en Derecho. Las funciones del procurador actual iban a desaparecer para reducir gastos en un procedimiento, porque según los abogados, encarecemos el proceso, cosa que no es así. Un abogado me triplica o cuadruplica honorarios”, explica a Vozpópuli una procuradora del sindicato Manos Limpias.

La diferencia entre ejercer de abogado y de procurador, ambos licenciados en Derecho, radica en dónde se colegien. La función del procurador es, según explica ella misma, ser el soporte entre el juzgado y el cliente, representar ante los juzgados a la persona jurídica o física. Se encarga de presentar cualquier escrito de parte del cliente y a la vez, recoge cualquier notificación del juzgado y la traslada a abogado y cliente. “Es necesario que estén presentes en un 85% de los juicios, aunque si trabajan en un despacho grande con muchos señalamientos diarios, se puede operar a través de los oficiales habilitados que agilizan el trabajo”, señala un abogado a este diario.

“Hay abogados que tiene mucho morro, que alegan que la culpa de cualquier cosa la tiene el procurador cuando a lo mejor el que se ha equivocado es él”, explica una procuradora de Manos Limpias

El origen de las tensiones

Tradicionalmente se ha considerado que, pese a ser complementarios, abogados y procuradores mantienen cierta tensión en sus relaciones. Estos conflictos, ¿por qué suceden? “Porque los abogados no los vemos cien por cien necesarios. Te quitan mucho trabajo porque no te tienes que encargar de presentar los escritos ni estar pendiente de ir a por las notificaciones judiciales que te remite el juzgado. Para eso están ellos, que son tramitadores y tienen relación directa con el juzgado. El abogado en realidad hace todo. Los procuradores no pueden exigir cobrar más… ya se discute mucho su actuación. Si en un despacho creas una sección que se encargue de presentar escritos y recibir notificaciones, y que realice trámites en los juzgados, pues igual con eso se solventaría el trabajo del procurador, pero claro, son profesionales liberales que están muy establecidos”, defiende el letrado.

Esta fuente consultada explica que las tiranteces vienen en ocasiones porque los abogados esperan que los procuradores hagan cosas que estos no hacen. “En la tramitación de procedimientos pasan muchas cosas, se demoran trámites, esperas que el procurador se mueva, pregunte, lo solucione, le mandas un escrito y no lo presenta… Esto está sometido a plazos y deben tener la responsabilidad de que si tú le mandas un escrito lo presente, y a veces hay conflictos. Pero hay algunos muy buenos que saben moverse muy bien y que te consiguen información”, argumenta.

Como no puede ser de otra manera, en el lado opuesto está la versión de la procuradora de Manos Limpias, que también admite cierta tensión aunque matiza que no es con todos. “Hay abogados que tienen mucho morro, que alegan que la culpa de cualquier cosa la tiene el procurador cuando a lo mejor el que se ha equivocado es él. A veces un cliente me pregunta por qué no he presentado un escrito y resulta que el abogado ha olvidado dármelo. No es una guerra, hay de todo como en todas partes. Pero te aseguro que en materia procesal tenemos bastante más idea que los abogados”, sentencia.

PROCURADORES EN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES EN THESAURO 

Los procuradores piden a De Guindos que deje la Ley de servicios a su sucesor

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En la reunión de apertura de Curso Judicial del Consejo de Procuradores, el colectivo demanda a de Guindos que paralice la aprobación de  la Ley de Servicios y Colegios Profesionales para que su sucesor pueda negociar con los colectivos afectados.

Comunidad Valenciana, 12 de septiembre de 2014.- El inicio de curso vuelve a poner encima de la mesa el problema generado en el sistema judicial por la redacción del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. En este sentido, el Consejo reclama al Ministro de Economía, Luis De Guindos, que aclare si se va a marchar a Europa como presidente del Eurogrupo y que no siga adelante con la reforma, ya que ocasionaría un grave problema judicial que debería solucionar su predecesor, por lo que el Consejo considera más conveniente que no llegue al Consejo de Ministros y que sea el nuevo ministro quien se siente a negociar con las partes implicadas.

“De Guindos debe ser consciente de que, siguiendo con la reforma que pretende, sólo dejará a sus espaldas un grave problema en el sistema judicial y una gran patata caliente a su sustituto al frente de Economía”, declara Laura Oliver, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores.

Los procuradores advierten de que una rebaja en los aranceles percibidos por sus servicios podría provocar el abandono de la profesión de una gran parte de los colegiados, ante la imposibilidad de mantener sus despachos. Al parecer, y según se ha filtrado de los últimos borradores, el Ministerio habría aceptado mantener la incompatibilidad entre abogados y procuradores, pero planteando un recorte de gran calado en los aranceles que estos perciben por su trabajo. “El ministro de Economía ha cerrado el frente de la incompatibilidad profesional para abrir otra guerra con la bajada de los aranceles de forma tan brusca que sigue castigando a los procuradores incluso hasta el punto de plantearnos no poder subsistir y tener que abandonar la profesión, afectando directamente y en primer lugar al ciudadano y a la calidad de la justicia”, sentencia Oliver.

La desaparición del grueso de procuradores que actualmente ejercen su función podría plantear un auténtico colapso de la justicia, puesto que sin la labor notificadora del procurador no pueden celebrarse juicios. Además, la paradoja se produce en el hecho de que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil confiere más responsabilidades a los procuradores, mientras el Ministerio de Economía pretende que cobren menos aún por su trabajo.

Teniendo en cuenta que el arancel no se ha actualizado en los cinco últimos años, los profesionales han sufrido ya una rebaja del 21%, a lo que el Ministro quiere añadir recortes que oscilan entre el 20 y el 25%, dependiendo de los casos. “Eso supone que el año que viene estaremos cobrando casi el 50% menos que hace cinco años. Es más que evidente que será necesario despedir empleados de los despachos y de los colegios, y que muchos compañeros, sobre todo los más jóvenes que comienzan ahora, deberán cambiar de actividad, después de haber invertido tiempo y dinero en formarse adecuadamente”.

Departamento de Comunicación

Consejo Valenciano de Colegios

de Procuradores

Charo Navarro Mateo

cnavarro@civa-rrpp.com

Tl: 902 31 41 41

La ley colegial mantiene libertad territorial e incompatibilidades

Descontento con el anteproyecto

Economía tiene previsto enviar el anteproyecto este mismo viernes al Consejo de Ministros. Las profesiones con colegiación obligatoria bajan de 80 a 38, incluidas todas las sanitarias.

LSP2

Francisco Goiri. Madrid DIARIO MÉDICO.

Una de cal y dos de arena. El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales -que, según fuentes del Ministerio de Economía, está previsto remitir este viernes al Consejo de Ministros- ratifica la colegiación médica obligatoria, pero mantiene también sin cambios dos de los puntos que más polvareda habían levantado en los colegios médicos:la libertad territorial de adscripción, es decir, la posibilidad de que el médico se colegie donde él decida, y no necesariamente donde ejerza, como sucede ahora, y el estricto régimen de incompatibilidades, que el departamento de Luis de Guindos planteó desde los primeros borradores de la norma, y que impide que los cargos directivos colegiales compaginen su actividad con cargos políticos, puestos directivos en partidos, sindicatos u organizaciones empresariales, y con cargos en aseguradoras que tengan relación con el colegio.

Evitar monopolios
Fuentes de la Secretaría de Estado de Economía, responsable de la redacción del texto, aseguraron ayer a DM que “se han tenido en cuenta” las observaciones del Consejo deEstado, pero, a tenor de las líneas maestras del anteproyecto, no se han seguido sus recomendaciones, al menos en uno de los aspectos que más inquietaba a la Organización Médica Colegial, ya que el Consejo deEstado coincidía con la corporación colegial en que la libertad territorial podría poner en peligro “el adecuado ejercicio de las potestades de control por parte del colegio”. Al tratarse de una ley que no sólo afecta a los facultativos, sino a una gran variedad de profesiones, el argumento de Economía en este punto es más genérico: obligar a un profesional a colegiarse donde está su domicilio profesional “genera en la práctica monopolios locales”.

  • El debate parlamentario del proyecto, previsto para septiembre, y las enmiendas de los grupos políticos son la vía para intentar hacer ahora algún cambio en el texto de Economía

Así las cosas, los colegios de médicos y del resto de profesiones descontentas con el texto del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Economía deberán esperar a que el obligado debate parlamentario de la futura norma -previsiblemente en septiembre- y las enmiendas de los partidos con representación parlamentaria sirvan para introducir cambios en el texto antes de que se convierta en proyecto de ley.

Elección del seguro
Con la depuración llevada a cabo porEconomía, el número de profesiones de colegiación obligatoria pasa de las 80 que existen en la actualidad a 38, incluidos, además de los médicos, los enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, dentistas, fisioterapeutas, podólogos, ópticos y biólogos.

El anteproyecto que llegará alConsejo de Ministros también mantiene intactos otros puntos del último borrador conocido de la norma, como la supresión de la cuota colegial de inscripción o el establecimiento de un límite máximo de 240 euros para la cuota anual (salvo que una mayoría cualificada de la Asamblea decida aumentarla).Tanto la OMC como Unión Profesional consideran que esta medida es una “clara injerencia” en la independencia colegial.

El anteproyecto reconoce además que el profesional deberá suscribir un seguro que cubra los riesgos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir, pero mantiene un matiz que también se recogía en el último borrador, y es que no se podrá exigir a los colegiados la contratación del seguro ofrecido por el colegio. En suma, se desvincula el seguro de la cuota colegial obligatoria, cuando en muchos colegios médicos esta separación no está tan clara.

 

BUSCADOR DE MÉDICOS

Crespo acuerda con representantes de abogados y procuradores continuar la defensa del partido judicial de Lalín

Noticia de:  lavozdegalicia.es

Juzgados de Lalín

 

 

El alcalde les indicó que se llevará la recogida de firmas para mantener la actual planta judicial a la zona rural del municipio

 

El alcalde de Lalín,  José Crespo, se reunió en la mañana de hoy martes con una comisión de representantes del colectivo de abogados y procuradores, accediendo a una reunión que le habían solicitado para analizar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el encuentro con el regidor participaron Judit Brión, Nancy de la Fuente, Luis Edelmiro González Lalín y Ángeles Blanco, y acordaron «ir todos na mesma dirección e facer a máxima forza na defensa da actual planta xudicial e da continuidade do partido xudicial de Lalín que queda en entredito polas modificacións do sistema xudicial que contempla o borrador da reforma», apuntan desde el Concello. Crespo Iglesias les indicó que «desde o Concello estamos facendo todo o que está nas nosas mans», y les recordó que ya se adoptó un acuerdo plenario con la unanimidad de las cuatro fuerzas políticas de la corporación, además de realizarse una recogida de firmas en defensa de la actual planta judicial de Lalín, consensuada con colectivos como abogados, procuradores y AED. Una lista de firmas disponible en la recepción del consistorio, para que lalinenses y visitantes puedan firmar por la continuidad del partido judicial de Lalín. La recogida de firmas se extenderá a todas las parroquias a través de los alcaldes de barrio, para llegar así a más vecinos.

 

Procuradores en Thesauro

Los procuradores muestran su preocupación e interés por adaptarse a los requisitos del nuevo mercado de la Competencia

El Consejo Andaluz de Procuradores, junto con la Agencia de Defensa de la Competencia Andaluza y la Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE, ha organizado unas jornadas sobre derecho de competencia y Derechos de consumidores y usurarios en el salón de Grados de la Facultad de Económicas y Empresariales de Sevilla.

El objetivo de las jornadas ha sido el de promover un mayor conocimiento de las normas de defensa de la competencia y de derechos de consumidores y usuarios, especialmente en el colectivo de los procuradores y los colegios de procuradores, al objeto de fomentar actuaciones pro-competitivas que deben redundar en una mayor eficiencia y productividad en la profesión de procurador, y mejorar la calidad de prestación de sus servicios.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales tiene entre sus objetivos la protección de los intereses de consumidores y usuarios, tanto en relación con los servicios que presta directamente como en los que prestan los colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales.

Desde la Agencia de Defensa de la Competencia han explicado lo que supone la normativa de defensa de la competencia y los efectos económicos que tiene la libre competencia en el mercado, que es el fundamento del estado social y democrático de derecho en la economía del bienestar. Desde esta entidad se ha apreciado como necesario el conocimiento y la defensa de la cultura de la competencia y del derecho entre los profesionales colegiados.

Durante su intervención, el presidente de UCA/UCE, Juan Moreno, ha puesto en valor los nuevos cometidos de defensa de los consumidores y usuarios que la nueva normativa establece en el marco de los colegios profesionales.

Igualmente, ha hecho hincapié en el debate abierto sobre las modificaciones de la LSCP, defendiendo desde la perspectiva de UCA/UCE la necesidad de avanzar en la competencia y haciendo a la vez una férrea defensa del papel, desde el punto de vista de las garantías, que para las organizaciones de consumidores juegan los colegios profesionales, como el de Procuradores.

Por su parte, el asesor jurídico del Consejo de Procuradores, Luis Martínez, ha recalcado la finalidad de dicho encuentro, la de “paliar el desconocimiento recíproco que existe entre los organismos de la competencia y la procuraduría”.

PROCURADORES EN THESAURO

Nuevos procuradores juran cargo con polémica sobre anteproyecto de Colegios

 

 

Valencia, 21 may (EFE).- El Colegio de Procuradores de Valencia celebra este viernes, 23 de mayo, la jura de cargo de veinte nuevos profesionales, con la polémica de fondo sobre el anteproyecto de ley de colegios profesionales y la defensa de la figura del procurador por parte del sector judicial.

Según ha informado este colegio en un comunicado, “sigue presente la incertidumbre sobre la deriva parlamentaria que tomará el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales”.

“El sector sigue a la espera de que el Ministerio de Economía entre en razón y dialogue con los sectores implicados -Ministerio de Justicia, jueces, secretarios judiciales, abogados y procuradores-, sobre una ley que condena a la justicia a un daño irreparable, colapsando la justicia y perjudicando sobre todo al ciudadano”, han indicado las mismas fuentes.

En estos momentos, y tras los informes en contra emitidos por la totalidad de los organismos consultivos y judiciales, el anteproyecto se encuentra encallado en negociaciones entre los ministerios de Justicia y Economía.

“El sector judicial, como ya hizo patente el informe del CGPJ, sigue defendiendo de forma unánime la necesidad del procurador como agente de intervención directa y activa en la dinamización de las relaciones entre las partes, sus abogados y la burocracia judicial”, según la opinión de los procuradores.

“Sin su papel, el sistema se ve condenado al colapso y el retraso de los procesos y formalización de las instancias, que sólo significará un perjuicio directo hacia el ciudadano”, advierten.

El Colegio de Procuradores sigue luchando por la paralización del debate parlamentario del Anteproyecto, y buscando los apoyos necesarios entre el sector y los representantes políticos, como el Conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quien, según las mismas fuentes “se comprometió a elaborar un documento de apoyo a los colegios oficiales de la Comunidad Valenciana para remitirlo al Ministerio de Economía”.

El acto de jura del cargo se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y está prevista la asistencia de su presidenta, Pilar de la Oliva; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Esteve; el Fiscal Superior de la Comunitat, Antonio Motabes; la presidenta de la Audiencia Provincial, Carmen Llombart; y la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores y Decana del Colegio de Valencia, Laura Oliver, ente otras autoridades.

PROCURADORES DE THESAURO

 

‘Eliminar la incompatibilidad con la abogacía sería un desastre’

Artículo de: Lanza Digital

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Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores, lo tiene claro:  “Eliminar la incompatibilidad entre la abogacía y la procuraduría traería un desastre total al funcionamiento de la Justicia, que está necesitada de todo menos de que le pongan más chinitas en el camino”.

Estévez, portavoz del colectivo de procuradores de España, ha vuelto a mostrarse en Ciudad Real muy crítico contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales del Ministerio de Economía, que tiene descolocado al sector desde que se planteó la reforma, el otoño pasado, en unos términos que no convencen ni abogados ni a procuradores.

Profesionales esenciales y complementarias, hacer desaparecer la norma que impide que unos asuman el papel de otros tendría repercusiones nefastas en una administración que podría retroceder treinta años. “El sistema de notificaciones judiciales está basado en los 77 colegios de procuradores que existen en España que son los que hacen que las notificaciones sean ágiles, eficaces y vayan al día y sin incidentes”, explica Estévez; cambiar el sistema sería en su opinión no sólo desastroso, sino costoso puesto que el Estado tendría que asumir el gasto.

No obstante, el presidente del Consejo General de los Procuradores, que atribuye la medida al “desconocimiento del funcionamiento de la Justicia”, dice tener “fundadas esperanzas” en que el Ministerio de Economía reconsidere su postura en lo que se refiere a la incompatibilidad.

Estévez, que asistió el viernes en Ciudad Real al acto de imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a la decana de los procuradores de Castilla-La Mancha y de Valdepeñas, María José Cortés, entiende que el Gobierno en general tiene que aclararse, puesto que en paralelo a esta reforma de los colegios profesionales el Ministerio de Justicia tiene sobre la mesa la de Ley de Enjuiciamiento Civil que da más competencias a los procuradores en ámbitos de ejecución y actos de comunicación y dice lo contrario, “de esta divergencia se hizo eco el Consejo de Estado en su dictamen en el que instó al Ejecutivo a ponerse de acuerdo y tener una opinión unánime”.

En cuanto a si eran oportunos estos cambios, señala que “las reformas de la Justicia sí son necesarias”, y respecto a la Ley de Servicios y Colegios dice que el Estado español está obligado a liberalizar el sector por una directiva comunitaria. Reformas como la Ley Omnibus o la ley paraguas van en el mismo sentido que esta que afectan a las profesiones liberales.

Justicia valora ahora respetar la figura del procurador en la nueva ley

 

Aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto y que suprime de hecho la figura del procurador de los tribunales, la situación con respecto a la Ley de Colegios y Servicios Profesionales no parece moverse a efectos prácticos desde entonces. Sin embargo, y máxime tras las reuniones mantenidas entre los distintos colectivos judiciales, la ausencia de confirmaciones corre en favor de los procuradores.
De tal manera lo entiende  Luisa Toro, decana del Colegio de Procuradores de Ceuta, quien se muestra “esperanzada” ante “la paralización de lo que sería una injusticia”. “Es más”, añade Toro, quien ha mantenido numerosas reuniones en Madrid con colegas nacionales en pos de alcanzar un punto beneficioso para todas las partes, “la modificación que se podría llevar a cabo sí contaría con la figura del procurador, desmontando por tanto el anteproyecto inicial”.
Mientras que se espera noticias al respecto, vía Ministerio de Justicia, Toro indica que “el trabajo que estamos haciendo los procuradores sigue siendo el mismo, idéntico a que todo esto sucediera, una labor básica y que redunda en beneficio de los ciudadanos”. Asimismo, es preciso señalar que desde que la decana de los procuradores ceutíes mantuviera la última reunión, a finales de enero, las esperanzas son mayores y ejemplo de esta circunstancia son las últimas manifestaciones e intenciones mostradas por la cartera que dirige Alberto Ruiz Gallardón y que apuntarían a que la citada Ley se suavizará considerablemente.
Desde que el Consejo de Ministros aprobara el 2 de agosto del pasado año la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, la mayoría de las instituciones y plataformas de Justicia, amén de funcionarios a título personal, ha mostrado, de norte a sur y este a oeste, un frontal rechazo a la misma.
Prueba de ello es que ya son más de 150.000 firmas las que ha recogido el Consejo General de Procuradores de España contra el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que el Ministerio de Economía tiene (o tenía) previsto aprobar, y que equipara, según entienden los funcionarios, a los abogados y a los procuradores, autorizando a los primeros a ejercer la representación ante los tribunales que hasta ahora era competencia de los segundos, y otorgando a estos la capacidad de dirigir pleitos.
Con este panorama, en nuestra ciudad se han realizado diversas paros en la puerta del Palacio de Justicia, protestas que contaron siempre con decenas de letrados así como funcionarios que operan a diario en las distintas plazas que componen la Justicia ceutí.

Fuente: Elfarodigital.es

Bruselas y el BCE critican el retraso de la ley de servicios profesionales

Fuente:  elPeriódico

 

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han criticado el retraso del Gobierno español en adoptar la prometida reforma de los servicios profesionales y los planes gubernamentales para descafeinarla en el informe emitido tras la reciente inspección a España del 24 de marzo al 3 de abril. El Ejecutivo comunitario y el BCE han insistido en que el sector bancario, a pesar del reciente saneamiento, requiere una “estrecha vigilancia” y que las entidades deben dotarse de niveles adecuados de provisiones y capital.

El informe también recuerda la dificultades que afronta el banco malo Sareb para vender con éxito su elevado portafolio inmobiliario, como ha demostrado la necesaria revisión de su plan de negocios estratégico.

A pesar de la incipiente recuperación económica española y de las primeras reducciones del número de parados, la Comisión Europea y el BCE advierten al Gobierno de Mariano Rajoy que el nivel de desempleo sigue siendo todavía extremadamente elevado y que la situación del mercado laboral debe seguir siendo vigilada de cerca para adoptar reformas adicionales si fuera necesario.

El informe de la UE advierte asimismo que “los elevados niveles de deuda y las necesidades conexas de reducción del endeudamiento en los sectores público y privado suponen un freno para las perspectivas de crecimiento a medio plazo y hacen que la economía siga siendo vulnerable”.

El juez decano de Valencia y expertos jurídicos analizan hoy en Valencia los efectos del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales

El Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, asiste a la mesa redonda
valencia, 2 de abril de 2014: El Colegio de Procuradores de Valencia organiza esta tarde un mesa redonda donde expertos jurídicos analizarán los efectos del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales para el sistema judicial y para el ciudadano.

A lo largo de la jornada, jueces, abogados, procuradores y expertos en derecho debatirán sobre los efectos que tendría la aplicación del Anteproyecto, estudiando específicamente la figura de los procuradores que actualmente prestan un servicio imprescindible a los ciudadanos. En concreto, esta tarde intervendrán el Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer; la Magistrada de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia, Purificación Martorell; la Catedrática de Derecho Civil, María José Reyes y el abogado Diego Muñoz Cobo.

La mesa redonda se celebrará hoy miércoles, 2 de abril, a las 19 horas, en el Colegio Notarial de Valencia. La inauguración correrá a cargo del Presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, acompañado por la Decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Laura Oliver; y por el Decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda.

 

Fuente: notasdeprensacv.es