ESPAÑA ¿PAÍS DE DELITOS?

Fuente: GP-GRUP

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Al encender la televisión, al leer los periódicos o al consumir radio, continuamente los medios de comunicación nos informan de diferentes tipos de delitos cometidos en nuestro país, algunos impactantes, otros más sonados, pero ¿nos convierte todo ello en un país donde hay mucha o poca delincuencia?

EL AGRESOR CONFESO DE SONIA FIGUEROA, SU JEFE Y PAREJA ANTONIO FERNÁNDEZ,SALE DEL REGISTRO DE SU DOMICILIO

Ante la pregunta de si España es un lugar seguro, en cuanto a los delitos se refiere, la respuesta viene dada en cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística que cita que “Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior la actividad policial registra 2,3 millones de infracciones en el último año, lo que supone casi 49 delitos y faltas por 1.000 habitantes”. Además expone que Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son los más delictivos con índices que superan más de 50 delitos por cada 1.000 habitantes.

En este documento se establecen además varios criterios y características de los delitos, ya que un delito no se limita a un hurto o un homicidio sino que existen infinidad de infracciones que cuentan, y que nos condiciona al resto de los ciudadanos. Son datos significativos, y en ocasiones pequeños y accidentales.

Los delitos contra el patrimonio constituyen una de las principales infracciones penales castigadas en nuestro país.

Entre los delitos que más han aumentado en las últimas décadas destacan la violencia de género y los delitos contra los menores tales como la pornografía.

Las drogas son un detonante tanto en delitos posteriores, tales como los que se producen por un consumo de drogas al volante, incluyendo en este punto el alcohol, como el tráfico de drogas, destacando los derivados cocaínicos y cannábicos.

Por otro lado, más del 90% de los condenados por delitos en España son hombres, y por último, y como dato final de esos detenidos, y presos en penitenciarías, más del 30% son extranjeros.

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Un Juzgado esperando un escanér ¿?

Artículo de: GP-GRUP
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Un mero folio resume dos años de gestiones de un juez y una secretaria judicial para escanear 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios de un caso de corrupción política. El folio no tiene desperdicio, por la impotencia que destila y la falta de medios en la Administración de Justicia que retrata. Ocurre en Canarias, donde la competencia de medios materiales en los juzgados está transferida a la comunidad autónoma. Aún no han conseguido su propósito.
El auto alcanzó notoriedad este viernes, 14 de noviembre, porque cita como imputado a Fernando Clavijo, quien ganó en las primarias a Paulino Rivero para ser el candidato a presidente de Canarias por Coalición Canaria. El juez le imputa los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad de documento, prevaricación y tráfico de influencias dentro del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
El magistrado, César Romero Pamparacuatro, del juzgado de instrucción 1 de La Laguna, relata en el auto las gestiones para conseguir un escáner y un funcionario que les eche una mano con el escaneado. Gestiones realizadas ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.
Esta es la crónica que consta en el auto:
19 de junio de 2012: La secretaria judicial remite oficio a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que es contestado dos días después.
26 de julio de 2012: Diligencia de la secretaria judicial donde transmite “la imposibilidad de trasladar las actuaciones y la ingente documentación al Palacio de Justicia de Santa Cruz donde parece que existe un escáner”.
27 de julio de 2012: El magistrado llama al Director General de la Administración de Justicia “manifestando su secretaria que no era motivo suficiente para molestar al llmo. Sr Director General”.
8 de agosto de 2012: Contesta de nuevo la Dirección General al oficio del 19 de junio. Anuncia que “se instalará por breve periodo un escáner en las sedes del Juzgado de lnstrucción no. 1 y no. 4 de esta ciudad”.
23 de agosto de 2012: Diligencia de la secretaria en la que se hace constar a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “que con el personal que se dispone en el breve periodo de tiempo que está a disposición el escáner no se puede practicar la diligencia de escaneado, solicitando en su caso un funcionario de refuerzo para su desarrollo”.
16 de octubre de 2012: La secretaria judicial dicta una diligencia para hacer constar “que ha transcurrido el plazo (un mes) por e! cual se nos retiró el escáner para servir a otro Juzgado y no se ha devuelto”.
7 de junio de 2013: Nuevo oficio de la secretaria judicial dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “por el que se solicita nuevamente que el escáner no sea retirado”.
12 de junio de 2013: Oficio de la Sra Secretaria dirigido a esa dirección general “por el que se solicita nuevamente que el escáner no sea retirado y enviado a un Juzgado de Los Llanos de Aridane”.
23 de octubre de 2013: Escrito del magistrado dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ·poniendo de manifiesto la situación del procedimiento y la posibilidad de que existieran dilaciones indebidas por la ausencia de los medios materiales y personales no suministrados ni nombrados por la DGRAJ”.
25 de noviembre de 2013: Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias en el que “se da por enterada y acuerda remitir escrito” a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “para que provea de un escáner y nombre un funcionario de refuerzo para la digitalización de los autos”.
27 de noviembre de 2013: Oficio conjunto firmado por la secretaria del juzgado y el magistrado “instando la dotación de escáner y nombramiento de funcionario al acumularse las causa de especial complejidad y volumen precisadas de digitalización”.
29 de mayo de 2014: Oficio de la secretaria del juzgado Decano de San Cristóbal de La Laguna “anunciando la implantación de escáner en el Palacio de Justicia”.
*Queda pendiente de escaneado los más de 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios y los expedientes administrativos que componen las piezas de convicción de los hechos objetos de este procedimiento”, prosigue el auto para entrar ya en los fundamentos de derecho por el que se imputa al alcalde de La Laguna. Esta resolución judicial causó el viernes un terremoto político en Canarias.
El Gobierno de Canarias es el responsable de aportar a los juzgados y tribunales de esa autonomía los recursos humanos y materiales, como el escáner reclamado desde hace dos años por este juzgado.
El Ejecutivo de Canarias está gobernado por Coalición Canaria, partido al que pertenece el alcalde imputado en este auto, Fernado Clavijo, quien encabezará la lista de esta formación en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2015.
Por su parte, el juez César Romero Pamparacuatro llevó a cabo los casos más sonados de corrupción política de Lanzarote, donde estaba destinado con anterioridad. Entre ellos destaca el caso Unión, una trama de comisiones ilegales que afecta al Partido Independiente de Lanzarote, a su líder Dimas Martín y a numerosos políticos y funcionarios locales.

¿Qué es un testigo protegido?

Artículo de: GP-GRUP
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La normativa española de protección de testigos está regulada en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
Se trata de una norma de protección especial para ciudadanos que colaboran con la policía judicial y la administración de justicia en determinada causas penales.
En ocasiones, el temor a sufrir represalias provoca que no se pueda contar con testimonios y pruebas muy valiosos. Por esta cuestión, lo más normal es preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo.
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Para ello, se suelen utilizar claves o falsear cualquier dato que pudiera servir para la identificación de los testigos.
Para las comparecencias también se tiene especial cuidado con cualquier procedimiento que posibilite su identificación visual normal. También, se evita que a los testigos o peritos puedan ser fotografiados. E incluso, una vez finalizado el procedimiento, si persiste el peligro grave puede seguir su protección policial.

Una asociación demanda a Justicia por la sobrecarga de trabajo de los jueces

Fuente: LA VOZ DE GALÍCIA

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) presentó ayer una demanda judicial por conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España que incluye como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales, por lo que los potenciales afectados son 4.800 profesionales que integran la plantilla judicial. En la demanda denuncian que casi la mitad de los órganos judiciales españoles -especialmente aquellos que instruyen procesos complejos relacionados con la corrupción-, sobrepasan en un 150 % la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ. Aluden en concreto al caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, quien falleció en julio del 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto. La carga de trabajo que soportaba este juez era del 206 % en relación con los módulos fijados por el CGPJ. El día de su fallecimiento tenía señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La demanda recoge que desde el convenio de creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud de los miembros de la carrera Judicial, suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre del 2010, no se ha contratado un servicio para este área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de los funcionarios.

Los demandantes pretenden que en la futura sentencia se obligue al Ministerio de Justicia a fijar un límite en la carga de trabajo adecuada para cada juzgado con el objetivo de acabar con el colapso y que el exceso de causas pendientes pasen a ser investigadas por nuevos jueces.

Estrés y exceso de trabajo

El principal soporte documental de las reivindicaciones de los jueces es un informe de la inspección del CGPJ que ya dio a conocer el pasado septiembre JpD que revela que un 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150 % de carga de trabajo.

En esa situación se encuentran un 97, 83 % de los juzgados de lo social, un 96,95 % de los de primera instancia, un 93,75 % de los juzgados de lo mercantil, un 52,22 % de los de familia, un 53,40 % de las audiencias provinciales penales y un 45,03 % de los juzgados de primera instancia e instrucción.

Otro informe reciente, este elaborado por JpD, muestra que la situación de riesgos psicosociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo. El problema afecta a un 92,66 % de los encuestados.

La primera conclusión que extraen de ambos informes es que la justicia más cercana al ciudadano, la que atañe a los trabajadores, pequeños empresarios, y a las familias víctimas de delitos está absolutamente desbordada.

El primer efecto del anuncio de presentación de esta demanda, efectuada el pasado miércoles, fue que ayer los promotores de la misma ya recibieron una llamada de la secretaría de Estado de Justicia ofreciéndoles diálogo en nombre del ministro Rafael Catalá, «un gesto que valoramos, pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos», dijo ayer un portavoz de JpD.

ABOGADOS, PROCURADORES Y PERITOS JUDICIALES EN THESAURO 

¿Cómo funciona una subasta judicial?

Fuente: Larioja.com

  • Os ofrecemos nueve claves que hay que conocer sobre este proceso

1. ¿Qué son las subastas judiciales?

Son subastas celebradas por los juzgados en las que se venden bienes embargados a deudores para conseguir liquidez y pagar a sus acreedores. Están reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y se pueden subastar todo tipo de bienes y derechos: bienes inmuebles (pisos, oficinas, solares…), y bienes muebles: maquinarias, joyas, obras de arte, coches, motos, etc.

2. ¿Qué necesito para participar en una subasta?

Para ser postor en una subasta hay que cumplir tres requisitos: identificarse de forma suficiente ante el secretario judicial, declarar que se conocen las condiciones de la subasta y presentar el resguardo de haber realizado el depósito en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado.

La cantidad a ingresar será del 5% del valor de salida. Celebrada la subasta, el depósito se devuelve a quien no se les haya adjudicado el bien.

3. ¿Cómo se desarrolla la subasta?

Está presidida por el secretario judicial, que lee los bienes o lotes que se van a subastar y las condiciones. A continuación anuncia el bien o lote y las posturas que se vayan ofreciendo.

El precio de salida es el que se estima que debería conseguirse como mínimo. Si se ofrece al menos el 70% del precio en bienes inmuebles o el 50% en bienes muebles, se adjudicará la subasta al mejor postor.

Si la oferta es inferior al 70% (inmuebles) o 50% (muebles), la parte ejecutada tiene 10 días para presentar a un tercero que mejore la oferta (el ejecutado no puede participar en la subasta).

Si no lo hace, será el ejecutante quien tenga 5 días para ofrecer un mejor precio. Si no hacen uso de ese derecho, se adjudicará al mejor postor, siempre que la oferta supere el 50% del precio de salida en inmuebles o el 30% en muebles y si no lo superan, debe cubrir la deuda más intereses y costas. Si no se cubre, el secretario decidirá y si no se aprobara ningún remate, se declararía la subasta sin postor, y en el plazo de 20 días el acreedor podrá pedir la adjudicación del bien. Si no lo solicitase, se procederá al alzamiento del embargo.

4. ¿Cómo se realizan las pujas?

Se puede acudir al juzgado en persona y también, desde el anuncio de la subasta y hasta su celebración, se pueden presentar pujas por escrito en sobre cerrado dirigido al juzgado, con el nombre y dirección del ofertante, el número de subasta o el nombre del deudor.

En el interior habrá una hoja con los datos del ofertante, la cantidad ofertada en letra y número, el resguardo del depósito, la fotocopia del DNI y la firma. Al inicio de la subasta se abren los sobres y se leen en público las ofertas. Estas ofertas tendrán el mismo valor que las orales. Como en todas las subastas, quien ofrezca la mayor cantidad por los bienes será a quien se adjudique esa subasta.

5. Cuándo tiene que pagar el que compra el bien

El comprador tiene 40 días (10 si son bienes muebles) para pagar el resto del importe del depósito al precio final.

6. ¿Tiene que hacer frente a otros gastos?

Quien consiga la subasta deberá pagar el precio ofrecido, las cargas anteriores y preferentes que haya sobre el bien, por lo que es importante tener claro si hay cargas y cuál es su importe. En cualquier momento, antes de que el secretario decida la adjudicación, el deudor puede recuperar sus bienes pagando la deuda, con lo que la subasta quedaría anulada.

7. ¿Qué debo hacer si se me han adjudicado el bien?

Debe ingresar en el banco en que realizó el depósito el resto del importe hasta alcanzar la cantidad por la que se adjudicó el bien dentro de los 10 días siguientes si es un bien mueble, ó 40 si es un inmueble y entregar el justificante de ingreso en el juzgado, que le entregará un documento que acredita que es el propietario. Todas las cargas, gastos deberán ser satisfechas por el nuevo propietario. En el caso de inmuebles, quien resulte adjudicatario de la subasta deberá aceptar, si es que la hay, la subsistencia de las cargas o gravámenes anteriores y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos.

8. ¿Dónde puedo encontrar todos los detalles de la subasta y del bien subastado?

A toda subasta judicial se le tiene que dar publicidad por lo que el juzgado debe publicar un edicto en su tablón de anuncios. Puede también publicarlo en Boletines Oficiales o en algún periódico de gran circulación. En el edicto se incluirá el pliego con todas las condiciones y datos relevantes como el juzgado ejecutante, lugar, fecha y hora de celebración, descripción de los bienes, valor de tasación.

Es importante averiguar si el bien tiene alguna carga ya que quien consiga la subasta deberá pagar las cargas anteriores y preferentes. Para conocer si existen cargas se puede consultar el expediente que obra en la oficina de subastas del juzgado correspondiente o en el registro de la propiedad.

9. ¿Estará presente en la subasta la propietaria del bien que se va a subastar?

Por lo general, a las subastas judiciales únicamente acceden las personas que van a pujar en la misma. Sin embargo, es el secretario judicial quien tiene la última palabra y quien puede permitir qué personas que no van a pujar en la subasta accedan a la sala.

El turno de oficio deja de ser obligatorio para los procuradores de Madrid

El Tribunal Superior de Madrid establece que si un procurador de la capital quiere trabajar en el turno de justicia gratuita lo hará de manera voluntaria y no obligatoria como hasta ahora

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que los procuradores de la capital ya no están obligados a trabajar en el turno de oficio de asistencia jurídica gratuita, sino que a partir de ahora será algo voluntario. Indican los jueces que esto impedía ofrecer un servicio de calidad con una adscripción “universal, obligatoria y absolutamente discriminada de todos los procuradores”. Es una sentencia contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Los procuradores de Madrid ya no están obligados a trabajar por obligación en el turno de oficio, en la justicia gratuita, y podrán hacerlo de forma voluntaria. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la capital ha anulado el acuerdo del Colegio de Procuradores de Madrid que estableció la obligatoriedad de que todos sus procuradores fueran adscritos con carácter universal y forzoso al turno especial de asistencia gratuita jurídica, declarando que esta adscripción tiene un carácter voluntario a partir de ahora. Es una sentencia contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Son varias las razones que esgrime el TSJM para anular esta resolución y establecer el carácter voluntario a este respecto. En primer lugar, recuerda que el Estatuto General de los Procuradores establece que los procuradores tienen “plena libertad” para renunciar a una representación. En segundo lugar, que los Colegios de Procuradores están obligados a ofrecer un servicio de asistencia jurídica gratuita de calidad, establecer “unos requisitos mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantiza el derecho constitucional a la defensa”. Algo que según esta sentencia a la que ha tenido acceso la SER “concilia mal con una adscripción universal y obligatoria, absolutamente indiscriminada de todos los procuradores a servicio del turno de oficio, como ocurre en el colegio de Madrid”.

Y por último los jueces del TSJM ponen encima de la mesa los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para recordar que “nadie podrá ser constreñido a realizar trabajo forzado u obligatorio”.

Se trata de un proceso judicial impulsado por varios procuradores, entre ellos Enrique Herrera, que en declaraciones a la SER afirma que fue expulsado del Colegio de Procuradores de Madrid por negarse a pertenecer por obligación a este turno de oficio. Fue en noviembre de 2012 cuando el decano del Colegio de Procuradores, Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, defendió este sistema de obligatoriedad ante la Asamblea de Madrid. Señaló entonces que el servicio de asistencia jurídica gratuita no sería viable a través de una adscripción voluntaria: “No hay posibilidad de esa voluntariedad en llevar el turno”.

Se trata de una decisión que tomó la comisión de recursos del Colegio de Procuradores de Madrid en noviembre de 2010, y que ahora anula la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo en los próximos diez días y que condena al pago de las costas al Colegio de Procuradores de Madrid con un máximo de 500 euros.

Un centenar de abogados y procuradores denuncian ante Europa el “desastroso” estado de los juzgados de Utrera

 

Un centenar de abogados y procuradores sevillanos han denunciado ante la Comisión Europea la situación “tercermundista, lamentable y desastrosa” de los juzgados de la localidad de Utrera –que dan servicio a cerca de 100.000 personas–, una actuación que cuenta con el apoyo de sus propios colegios profesionales, de los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca, Utrera y El Coronil o del propio Defensor del Pueblo Andaluz.

EUROPA PRESS. 04.09.2014 Un centenar de abogados y procuradores sevillanos han denunciado ante la Comisión Europea la situación “tercermundista, lamentable y desastrosa” de los juzgados de la localidad de Utrera —que dan servicio a cerca de 100.000 personas—, una actuación que cuenta con el apoyo de sus propios colegios profesionales, de los ayuntamientos de Los Palacios y Villafranca, Utrera y El Coronil o del propio Defensor del Pueblo Andaluz. De este modo, este colectivo de profesionales de la justicia ha denunciado ante Europa la situación existente en los cuatro juzgados con los que actualmente cuenta Utrera, los cuales sufren una “enorme carga de trabajo” y situaciones de “colapso, atrasos injustificados, déficit funcionariales, y falta de continuidad del personal”, lo que determina que “no exista justicia en Utrera”. En declaraciones a Europa Press, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha vuelto a solicitar públicamente que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía acuerden medidas de choque de carácter extraordinario a fin de “abordar la caótica situación” de los juzgados utreranos. El decano de los abogados sevillanos ha reclamado la puesta en marcha de estas medidas de choque para, igualmente, “poner término así a la situación de indefensión que en la práctica padecen los ciudadanos en dichos órganos judiciales, derivada del colapso que desde hace lustros padecen estos juzgados”. Al hilo de ello, Gallardo ha destacado que los jueces, secretarios y funcionarios de estos juzgados “hacen una labor encomiable y digna de reconocimiento”, pero ha aseverado que “es materialmente imposible regularizar la situación en Utrera sin medidas extraordinarias y excepcionales que han de establecer conjuntamente” CGPJ, Junta y Gobierno central. “punto negro” En este sentido, el decano ha considerado “vergonzoso” que el Estado español “mantenga ese partido judicial como el principal punto negro de toda la justicia andaluza y que los abogados tengamos que acudir a Europa ante la pasividad que desde hace años mantienen los políticos españoles”. La denuncia elevada a la Comisión Europea fue inicialmente archivada, pero los promotores de la misma han solicitado su revisión ante “la situación lamentable y de inexistencia de justicia en Utrera, un asunto que se lleva evidenciando desde el año 2000 cuando menos”, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press. Según este escrito, “las carencias y patentes necesidades se venían denunciando por los diferentes colectivos implicados, la propia Corporación municipal de Utrera, así como los colegios profesionales —abogados y procuradores—, Audiencia Provincial y Fiscalía de Sevilla, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el propio CGPJ”. Frente a ello, según los denunciantes, “ninguno de los responsables gubernamentales, en sus dos estratos, central y autonómico, han adoptado decisión alguna frente a las carencias constatadas, ni se han dispensado soluciones aptas y suficientes para la resolución de los problemas generados, lo que hubiera concluido en un Estado serio y responsable con alguna que otra dimisión, pero parece ser que es un concepto muy ajeno a la gestión de la ‘res pública’ española”. “Europa, por mediación de su propuesta de archivo, vuelve la espalda a los 98.742 habitantes de derecho y a los que por pasar por este ámbito geográfico puedan necesitar de su Administración de justicia”, dice el escrito. “Ya nos gustaría que alguien nos justificara a los ciudadanos justiciables y profesionales del derecho la razón de este trato discriminatorio, del desprecio por los derechos fundamentales para los moradores de Utrera, Los Palacios, El Coronil y Los Molares”, pero frente a ello “recibimos silencio, archivos y miradas hacia otros sitios”, agrega. “INJUSTICIA” A juicio de los denunciantes, el archivo propuesto “es un nuevo acto de omisión e injusticia contra los hombres y mujeres de esta tierra, contra los demandantes de justicia y de democracia de este rincón de la Europa comunitaria, y un duro revés contra el colectivo” de profesionales. Según indica la denuncia, el TSJA “ha denunciado las necesidades de este partido judicial, al menos desde 2008, situación a la que no han sido ajenos ni el propio Ministerio Fiscal ni el Defensor del Pueblo, que ha fijado en su informe oficial de 2013 las severas y serias necesidades y los déficit democráticos que, por culpa de la inexistente Administración de justicia, colocan a Utrera, Los Palacios, El Coronil y Los Molares en la lista negra de la conflictividad judicial española”. “Las soluciones han sido propuestas por los magistrados designados para informar por la Sala de Gobierno del TSJA y obviadas por falta de recursos económicos”, sostiene el escrito, que critica la “tercermundista” situación de los juzgados de Utrera. “La carencia de democracia, que se comprueba al adolecer de un poder esencial como el judicial en este partido de Utrera, no puede ni debe ser ajena para la Comisión, pues no es baladí el abandono del Estado por las obligaciones asumidas, y la dejación de unas competencias cuya tutela le incumbe por tratarse de derechos fundamentales, tener asumidas obligaciones supranacionales y verse afectado por el derecho comunitario”, concluye el escrito.

PROCURADORES DE SEVILLA EN THESAURO 

Las fincas privadas no son de dominio público

Sumacárcer y el Júcar. Cualquier interpretación restrictiva podría interpretar que muchos campos son del río, o hasta la propia iglesia.  :: Francisco García

 

El abogado defensor de una agricultora de Zaragoza, el valenciano José Campos, asegura que este tipo de casos se plantean a menudo en la Comunitat
Una sentencia sobre lindes del cauce del río Ebro supone un importante precedente para casos similares en toda España
V. LLADRÓ | VALENCIA. lasprovincias.es 
1 septiembre 2014

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a la dueña de una finca agrícola frente a la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de asignar dichos terrenos al dominio público hidráulico.

La importancia de la sentencia trasciende además el ámbito particular de su aplicación directa y es de interés en toda España, puesto que significa un precedente judicial relevante para conflictos similares que enfrentan a menudo a propietarios de tierras con la administración hidrológica correspondiente.

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En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, existen multitud de casos en los que las confederaciones hidrográficas reclaman o han reclamado a los agricultores que retiren sus lindes de campos que han pertenecido a sus familias generación tras generación, o se les sanciona por la supuesta ocupación de cauces pretendidamente públicos, cuando en muchos casos se cuenta con escrituras de propiedad desde muy antiguo y también con certificaciones del Catastro, que es organismo público que pertenece a la misma Administración central en la que se encuadran las confederaciones hidrográficas.

Defensa valenciana

Por otro lado, la sentencia aragonesa tiene también un claro interés desde la perspectiva de nuestra Comunitat por ser valenciano el abogado que defendió a la agricultora zaragozana: José Campos, letrado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), especializado en temas de aguas, y a quien requirieron desde tierras aragonesas precisamente por tener acreditadas otras actuaciones exitosas en contenciosos de parecido calado.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) impuso en el año 2009 una sanción de 3.005 euros a Pilar Pascual de Quinto Montalvo, titular de una explotación agraria sita en el término municipal de Pastriz, provincia de Zaragoza, por haber sembrado cereal en terrenos cercanos al Ebro que la Administración consideraba pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, en base a que, en su criterio, se sitúan en el área de inundación ordinaria del río.

Además, la CHE requirió que, en el plazo de seis meses, se abandonase el cultivo de dichas tierras y se reintegraran al dominio público, lo que implicaba para que la dueña perdiese sus derechos de propiedad.

Recursos desestimados

La citada confederación y su presidente desestimaron sucesivamente los recursos que la interesada presentó en el trámite administrativo, reafirmándose en la sanción impuesta y el requerimiento de abandonar el cultivo.

La afectada abonó la sanción, como es preceptivo, y contrató al abogado José Campos para plantear en 2011 un contencioso administrativo cuya sentencia ha tardado bastante tiempo en dictarse pero que finalmente ha sido favorable a la demandante.

 

Bajo la dirección de Campos, la dueña de la tierra aportó sus títulos de propiedad de las mismas, certificaciones catastrales y testimonios periciales que acreditaron que la finca se ha estado cultivando desde siempre en toda su integridad actual y que las crecidas ordinarias del Ebro no la afectan, tan sólo algunas de tipo extraordinario, como las de 2003 y 2007, y únicamente de forma parcial.

Hay que tener en cuenta que las tesis de los técnicos de la Confederación del Ebro basaban sus actuaciones en el hecho de que debe considerarse que el Dominio Público Hidráulico llega hasta lo que abarca la media de las inundaciones ordinarias de diez años, y aseguraban que este era el caso de la finca.

La realidad es diferente

Sin embargo, el tribunal ha puesto de relieve el carácter aproximado de las afirmaciones oficiales, basadas en evidencias que no están demostradas, y se decanta por dar la razón a los argumentos defendidos por Campos, que aludió a otros informes técnicos muy concretos que señalaron que el terreno es allí bastante llano, por lo que mínimas variaciones de milímetros en las señalizaciones sobre plano o en la identificación de niveles pueden afectar a grandes superficies, sin que ello obedezca necesariamente a la realidad.

Informes de ingenieros de caminos requeridos por la parte recurrente afirmaron que «la observación del terreno y las condiciones topográficas muestran un cauce muy definido del río Ebro y no existen indicios físicos y geomorfológicos que permitan evidenciar que los terrenos analizados puedan resultar inundados con la crecida máxima ordinaria». Así mismo señalaron los técnicos aportados por la demandante «es absolutamente incorrecto considerar como exactos los resultados obtenidos de forma directa de la aplicación de un denominado ‘modelo hidráulico’, ya que en su propia estructura de cálculo se incorporan muchas razones para saber que estos solo son aproximaciones a la realidad».

Modelos informáticos

Los peritos evidenciaron que los modelos informáticos para estimar este tipo de actuaciones no sirven, sino que se han de hacer proyectos de deslinde completos y se ha de contar para ello con los testimonios directos de las personas que conocen la zona.

El tribunal señala en la sentencia que no se ha seguido el procedimiento previsto para delimitar el Dominio Público Hidráulico, conforme reconoce la propia Administración, que todos los informes y testimonios periciales redundan en que la finca en cuestión es privada y no inundable, y por tanto falla a favor de la demandante, anulando la resolución de la CHE recurrida, dejando sin efecto tanto la multa (cuyo importe pagado se le debe devolver) como el requerimiento para la reposición de los terrenos.

En el campo valenciano

José Campos ha destacado que en igualdad o parecidas condiciones de lo sucedido en dicha finca de Zaragoza, objeto de este contencioso, «se encuentran infinidad de propiedades agrícolas y de todo tipo por toda España, y por supuesto en la Comunitat Valenciana, donde sufrimos en ocasiones actuaciones de este tipo, no sólo junto a ríos, sino también al lado de barrancos y cauces menores que están toda la vida secos, donde nadie se interesa por ejemplo por los vertidos ilegales o la limpieza de maleza peligrosa, pero en cambio tenemos que enfrentarnos a menudo a estrictas interpretaciones de la normativa para cuestionar la presencia de ribazos, linderos o acequias que están allí desde siempre».

Por eso ha señalado el abogado de AVA que «esta sentencia aragonesa es importante porque viene a señalar que la defensa del Dominio Público Hidráulico no tiene por qué atropellar intereses y derechos particulares consolidados, y no basta con que unos técnicos interpreten en un momento dado lo que les parezca, sino que las razones tienen que ser sólidas y bien fundamentadas».

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Todos los colegios de abogados se concentrarán en defensa de la Justicia Gratuita

Artículo facilitado por: GP GRUP
 
Los decanos y juntas de de gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España participarán este jueves en Madrid en una marcha conjunta en contra del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite parlamentario.
 
Los participantes, que vestirán con toga, partirán de la sede de la Abogacía a las 11:30 de la mañana hasta el bulevar central dónde se situará una carpa. Allí, el presidente de la Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, leerá un manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita que posteriormente firmarán todos los decanos.
 
 
Rueda de prensa de la Abogacía española contra el proyectoLos Colegios se oponen a este Proyecto de Ley porque consideran que menosprecia la labor de los abogados del turno de oficio porque no se garantiza el pago puntual, que hace más lenta la labor de los Colegios y de los abogados porque burocratiza el servicio, que no garantiza la financiación pública del servicio y que desconfía de los ciudadanos. Carnicer, en una carta abierta a todos los abogados para explicar su oposición y los motivos de la marcha, asegura que “el actual proyecto supone un retroceso respecto a la Ley de 1996 en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos”.
 
 
Los Colegios también denuncian la reducción de 42 millones de euros del presupuesto de la Asistencia Jurídica Gratuita, sobre todo a través de rebajar los baremos que cobran los abogados de oficio. Así, desde la abogacía afirman que en algunos casos estos baremos no se actualizan desde 2003, que en otros se han reducido hasta un 40% y que en casi todos se paga a los abogados a 2 euros la hora.
 
Carnicer asegura en su misiva que la Abogacía no va a bajar la guardia porque el proyecto de Ley “sospecha de los ciudadanos, sospecha de los abogados y sospecha de los Colegios. ¿Se puede hacer política desde la desconfianza y ausencia de diálogo serio?”. Además, el presidente del CGAE ofrece su colaboración con el Gobierno para “enderezar el proyecto y darle la calidad que merecen los ciudadanos, especialmente aquellos que se beneficiarán directamente por vivir en una situación mayor de desamparo”.
 
Además de la lectura del manifiesto, en la carpa habrá también una zona habilitada para que los ciudadanos puedan estampar su firma contra la Ley y para informarles de los perjuicios que esta norma implica para la sociedad y para los abogados.
 
La concentración también servirá para mostrar la oposición unánime de los colegios de abogados a la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que podría empezar su recorrido en las cortes las próximas semanas. Entre otras medidas, el texto del anteproyecto Ley prevé la reducción de colegios al ámbito provincial y limitar la colegiación obligatoria sólo para aquellos abogados que intervengan en juzgados y tribunales. Según un informe encargado por el CGAE, está ley acarreará más de 4.000 mil despidos.

Crespo acuerda con representantes de abogados y procuradores continuar la defensa del partido judicial de Lalín

Noticia de:  lavozdegalicia.es

Juzgados de Lalín

 

 

El alcalde les indicó que se llevará la recogida de firmas para mantener la actual planta judicial a la zona rural del municipio

 

El alcalde de Lalín,  José Crespo, se reunió en la mañana de hoy martes con una comisión de representantes del colectivo de abogados y procuradores, accediendo a una reunión que le habían solicitado para analizar el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el encuentro con el regidor participaron Judit Brión, Nancy de la Fuente, Luis Edelmiro González Lalín y Ángeles Blanco, y acordaron «ir todos na mesma dirección e facer a máxima forza na defensa da actual planta xudicial e da continuidade do partido xudicial de Lalín que queda en entredito polas modificacións do sistema xudicial que contempla o borrador da reforma», apuntan desde el Concello. Crespo Iglesias les indicó que «desde o Concello estamos facendo todo o que está nas nosas mans», y les recordó que ya se adoptó un acuerdo plenario con la unanimidad de las cuatro fuerzas políticas de la corporación, además de realizarse una recogida de firmas en defensa de la actual planta judicial de Lalín, consensuada con colectivos como abogados, procuradores y AED. Una lista de firmas disponible en la recepción del consistorio, para que lalinenses y visitantes puedan firmar por la continuidad del partido judicial de Lalín. La recogida de firmas se extenderá a todas las parroquias a través de los alcaldes de barrio, para llegar así a más vecinos.

 

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