Una asociación demanda a Justicia por la sobrecarga de trabajo de los jueces

Fuente: LA VOZ DE GALÍCIA

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) presentó ayer una demanda judicial por conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España que incluye como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales, por lo que los potenciales afectados son 4.800 profesionales que integran la plantilla judicial. En la demanda denuncian que casi la mitad de los órganos judiciales españoles -especialmente aquellos que instruyen procesos complejos relacionados con la corrupción-, sobrepasan en un 150 % la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ. Aluden en concreto al caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, quien falleció en julio del 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto. La carga de trabajo que soportaba este juez era del 206 % en relación con los módulos fijados por el CGPJ. El día de su fallecimiento tenía señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La demanda recoge que desde el convenio de creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud de los miembros de la carrera Judicial, suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre del 2010, no se ha contratado un servicio para este área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de los funcionarios.

Los demandantes pretenden que en la futura sentencia se obligue al Ministerio de Justicia a fijar un límite en la carga de trabajo adecuada para cada juzgado con el objetivo de acabar con el colapso y que el exceso de causas pendientes pasen a ser investigadas por nuevos jueces.

Estrés y exceso de trabajo

El principal soporte documental de las reivindicaciones de los jueces es un informe de la inspección del CGPJ que ya dio a conocer el pasado septiembre JpD que revela que un 43,53 % de los órganos judiciales superan el indicador del 150 % de carga de trabajo.

En esa situación se encuentran un 97, 83 % de los juzgados de lo social, un 96,95 % de los de primera instancia, un 93,75 % de los juzgados de lo mercantil, un 52,22 % de los de familia, un 53,40 % de las audiencias provinciales penales y un 45,03 % de los juzgados de primera instancia e instrucción.

Otro informe reciente, este elaborado por JpD, muestra que la situación de riesgos psicosociales en el seno de la carrera judicial es alarmante debido, en su mayor parte, al incremento del estrés derivado del exceso de trabajo. El problema afecta a un 92,66 % de los encuestados.

La primera conclusión que extraen de ambos informes es que la justicia más cercana al ciudadano, la que atañe a los trabajadores, pequeños empresarios, y a las familias víctimas de delitos está absolutamente desbordada.

El primer efecto del anuncio de presentación de esta demanda, efectuada el pasado miércoles, fue que ayer los promotores de la misma ya recibieron una llamada de la secretaría de Estado de Justicia ofreciéndoles diálogo en nombre del ministro Rafael Catalá, «un gesto que valoramos, pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos», dijo ayer un portavoz de JpD.

ABOGADOS, PROCURADORES Y PERITOS JUDICIALES EN THESAURO 

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Todos los colegios de abogados se concentrarán en defensa de la Justicia Gratuita

Artículo facilitado por: GP GRUP
 
Los decanos y juntas de de gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España participarán este jueves en Madrid en una marcha conjunta en contra del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, actualmente en trámite parlamentario.
 
Los participantes, que vestirán con toga, partirán de la sede de la Abogacía a las 11:30 de la mañana hasta el bulevar central dónde se situará una carpa. Allí, el presidente de la Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, leerá un manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita que posteriormente firmarán todos los decanos.
 
 
Rueda de prensa de la Abogacía española contra el proyectoLos Colegios se oponen a este Proyecto de Ley porque consideran que menosprecia la labor de los abogados del turno de oficio porque no se garantiza el pago puntual, que hace más lenta la labor de los Colegios y de los abogados porque burocratiza el servicio, que no garantiza la financiación pública del servicio y que desconfía de los ciudadanos. Carnicer, en una carta abierta a todos los abogados para explicar su oposición y los motivos de la marcha, asegura que “el actual proyecto supone un retroceso respecto a la Ley de 1996 en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos”.
 
 
Los Colegios también denuncian la reducción de 42 millones de euros del presupuesto de la Asistencia Jurídica Gratuita, sobre todo a través de rebajar los baremos que cobran los abogados de oficio. Así, desde la abogacía afirman que en algunos casos estos baremos no se actualizan desde 2003, que en otros se han reducido hasta un 40% y que en casi todos se paga a los abogados a 2 euros la hora.
 
Carnicer asegura en su misiva que la Abogacía no va a bajar la guardia porque el proyecto de Ley “sospecha de los ciudadanos, sospecha de los abogados y sospecha de los Colegios. ¿Se puede hacer política desde la desconfianza y ausencia de diálogo serio?”. Además, el presidente del CGAE ofrece su colaboración con el Gobierno para “enderezar el proyecto y darle la calidad que merecen los ciudadanos, especialmente aquellos que se beneficiarán directamente por vivir en una situación mayor de desamparo”.
 
Además de la lectura del manifiesto, en la carpa habrá también una zona habilitada para que los ciudadanos puedan estampar su firma contra la Ley y para informarles de los perjuicios que esta norma implica para la sociedad y para los abogados.
 
La concentración también servirá para mostrar la oposición unánime de los colegios de abogados a la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que podría empezar su recorrido en las cortes las próximas semanas. Entre otras medidas, el texto del anteproyecto Ley prevé la reducción de colegios al ámbito provincial y limitar la colegiación obligatoria sólo para aquellos abogados que intervengan en juzgados y tribunales. Según un informe encargado por el CGAE, está ley acarreará más de 4.000 mil despidos.

Carlos Carnicer dirige una carta abierta a todos los abogados y abogadas

24j justicia gratuita

El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita traspasa las líneas rojas del Derecho de Defensa

  • Carlos Carnicer dirige una carta abierta a todos los abogados y abogadas en vísperas de las concentración de decanos y Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados en defensa de la Justicia Gratuita 
  • La concentración, con toga, comenzará en Madrid a las 11.30 horas en la sede del Consejo General de la Abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha dirigido una carta abierta a todos los abogados y abogadas ante la concentración convocada por las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados que se llevará a cabo el día 24 de julio en Madrid para protestar por la actual redacción del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En la carta, Carnicer explica que la protesta se realiza porque, en opinión unánime de todos los decanos y consejeros de la Abogacía, el actual proyecto de Ley supone un retroceso respecto a la vigente Ley de 1996 en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos y de los 42.500 abogados que prestan este servicio 24 horas a día, 365 días al año.

El presidente de la Abogacía explica también que gracias a las negociaciones que desde hace muchos meses se han desarrollado con el Ministerio de Justicia se han conseguido acuerdos en puntos importantes, pero hay líneas rojas que traspasan el derecho de Defensa y ponen en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los más desfavorecidos gracias al trabajo de los abogados de Oficio y de los Colegios de Abogados.

A fecha de hoy, recuerda Carnicer, el proyecto sigue en el Parlamento y el proceso de enmiendas se ha prorrogado durante 15 semanas, algo insólito que en principio puede explicarse por esa negociación abierta, pero que también puede deberse –sobre todo las prórrogas de las últimas semanas- a la cercanía del mes de agosto.

Carnicer asegura en su misiva que la Abogacía no va a bajar la guardia porque el proyecto de Ley “sospecha de los ciudadanos, sospecha de los abogados y sospecha de los Colegios. ¿Se puede hacer política desde la desconfianza y ausencia de diálogo serio?”, se pregunta Carnicer, quien asegura que el Gobierno lo hace así en Justicia Gratuita, Ley de Servicios y Colegios Profesionales y otras leyes “que afectan profundamente a nuestro trabajo y a la calidad democrática del Estado de Derecho”.

A pesar de que en los últimos cuatro años se ha incrementado el número de colectivos y beneficiarios, la inversión en Justicia Gratuita, “en paz social”, en palabras de Carnicer, se ha reducido en 43 millones de euros, en su mayor parte a costa de los exiguos baremos de los abogados que, en algunos casos no se actualizan desde 2003, en otros se han reducido hasta un 40%, y en casi todos la hora de trabajo se paga a 2 euros la hora.

“¿Debe un Estado de Derecho, en el que el acceso universal a la Justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesión e incluso su razón de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona?”, dice Carnicer en su carta a los abogados.

“El diálogo, la conciliación, la mediación y la concordia, cuando existen intereses contrapuestos, son consustanciales a la abogacía, un oficio tan antiguo como el hombre. Por esa razón, el jueves, 24 de julio, las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España nos concentraremos en Madrid para rechazar una vez más el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y ofrecer de nuevo, como hemos hecho siempre, nuestra colaboración al Gobierno para conseguir enderezar este proyecto de ley y darle la calidad que merecen los ciudadanos, especialmente aquellos que se beneficiarán directamente por vivir en una situación mayor de desamparo. Al fin y al cabo, son sus derechos por los que velamos y luchamos, para que el acceso a la Justicia no sea un privilegio de algunos, ni siquiera de muchos, sino de todos”, concluye la misiva.

TEXTO COMPLETO DE LA MISIVA

 

Govern, abogados y procuradores rechazan la reforma de la justicia gratuita por ser “un paso atrás”

 

 

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Conselleria de Justicia de la Generalitat, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Consejo del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Catalunya han rechazado el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que prepara el Gobierno central por ser “un paso atrás” para la ciudadanía y los abogados y procuradores que prestan el servicio.

En un comunicado, las tres instituciones han rechazado la reforma, coincidiendo en la semana que termina el plazo para presentar alegaciones, porque “no soluciona los problemas existentes que tienen los abogados, comporta más trámites y burocracia” y se invaden competencias de la Generalitat.

El conseller de Justicia, Germà Gordó, ha lamentado que la futura ley “supone una clara invasión de las competencias de la Generalitat y además no define ni resuelve el sistema de financiación de asistencia jurídica gratuita”.

“A día de hoy, el Estado no ha abonado a las comunidades autónomas, con competencias en materia de asistencia jurídica gratuita, los importes que les corresponden por este concepto”, ha criticado.

Para el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), Oriol Rusca, es “intolerable” el trato que dará la nueva ley a los abogados del turno de oficio, un servicio que se presta todos los días las 24 horas para garantizar el derecho a tutela judicial efectiva.

El presidente de la Comisión del turno de oficio del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Rodríguez, ha criticado que con la reforma se pretenda aplicar una rebaja de en torno al 30% “a unos pagos que ya están muy por debajo de lo que son los honorarios habituales de un abogado”.

 

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