USO DE CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET EN EL TRABAJO: CÓMO Y CUANDO

 

Artículo de: MARTÍN ARIZA ASESORES auditor socio-laboral y graduado social de Zaragoza.

Profesionales incluidos en el Buscador Profesional THESAURO 

El pasado 10 de octubre saltaba el titular en los medios generalistas: El Tribunal Constitucional avala que la empresa espíe el e-mail de trabajadores sospechosos. Como casi siempre, el titular no es ajustado a Derecho ni informativo: más bien desinformativo, ya que extrae un titular con una interpretación muy sesgada de la sentencia (la cual podéis encontrar AQUÍ si la queréis leer entera).

Como este tema causa muchas dudas entre los empleados, especialmente en el sector oficinas, voy a intentar aclarar cuándo, cómo y porqué una empresa puede revisar el correo electrónico del trabajador y/o sancionar por un uso indebido del correo electrónico o internet en el trabajo, y que prácticas son las habituales para que tanto empresa como trabajador sepan a qué atenerse. No obstante, es un campo abonado a las interpretaciones donde cada caso tiene particularidades que pueden decantar la balanza hacia un lado u otro, por lo que se recomienda mucha cautela, y no tomar este artículo como verdad inmutable.

Derecho a la dignidad (personal y profesional) y a la intimidad personal

Se deben evitar intromisiones ilegales en la intimidad de los trabajadores. Es básico que el control empresarial cumpla tres requisitos para no violar dichos derechos: que sea proporcional, idóneo y necesario. O sea, debe haber un motivo real que impulse a este control de la actividad del trabajador. E incluso habiéndolo, quizás sea un control ilegal por parte de la empresa si al final no se demuestra dicho motivo con pruebas reales.

¿Puede la empresa controlar mi correo electrónico o uso de Internet?

Por norma general, el correo electrónico del trabajador y el uso de Internet, aun siendo propiedad de la empresa, tiene garantizado el secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, NO puede ser monitorizado ni intervenido por el empresario. Si se hiciera sin ningún tipo de aviso, la empresa podría incurrir en un delito penal contra los trabajadores.

Notificación previa al empleado

La empresa debe comunicar por escrito con acuse de recibo (suele incluirse una cláusula en el contrato de trabajo) el hecho de que se “puede” monitorizar el uso de Internet o correo electrónico para evitar usos fraudulentos o no autorizados. Sin estas últimas características en el redactado sería un control ilegal. Esto no quiere decir que esté prohibido el uso personal de correo electrónico o internet, toda vez que se admite su uso en los descansos fisiológicos que aconseja la lógica o en pausas establecidas. Simplemente quiere decir que quizás se monitorizará la actividad para verificar un uso correcto.

En dichas cláusulas, además de decir que se controlará el uso se debe detallar cómo se llevará a cabo esa actividad de control en caso de hacerse.

Se aconseja la implantación de un código de conducta que explique detalladamente todos estos aspectos.

Lógica empresarial

La empresa debe ser la primera que actúe de forma consecuente. Es común el hecho que en muchas empresas sea el mismo empresario quien envíe correos electrónicos no relacionados con la actividad profesional sino con otros fines (chistes, comentarios de actualidad, etc.). Se entiende que dicha relajación del código de conducta habilita al trabajador a no cumplir estrictamente el código de conducta o a, al menos, no ser tan estricto en ello.

Pero entonces… ¿Puede despedirme la empresa por entrar en Facebook en horas de trabajo o enviar correos electrónicos personales?

Incluso llevando a cabo todas las acciones mencionadas anteriormente, es altamente improbable que la empresa pueda despedir de forma procedente, ya que se deberían dar los siguientes condicionantes (listado no cerrado elaborado a partir de la jurisprudencia a octubre de 2013 y que no debe servir como “biblia”, sino como consejos a seguir):
• Debe estar regulada en convenio colectivo la prohibición del uso del correo electrónico o Internet y sus consecuencias en el régimen disciplinarios. Su mera mención en el contrato puede no ser suficiente.
• Se deben salvaguardar los e-mails o historiales de navegación que correspondan a la intimidad del trabajador, ya que entrar en ellos para ver su contenido puede violar sus derechos fundamentales.
• Debe demostrarse la transgresión de buena fe contractual o una dejación en las obligaciones laborales. Este es el punto más importante. En la sentencia reciente el motivo principal para la procedencia del despido era que estaba usando el correo electrónico para enviar información a la competencia.
• En el momento de acceder la empresa al correo electrónico o historial de Internet, es recomendable hacerlo en presencia del trabajador, dos testigos y la representación legal de los trabajadores, si la hay.

Conclusión

Cada caso sobre este tema puede tener gran cantidad de detalles que decanten la balanza hacia uno u otro lado, por lo querecomiendo al trabajador que antes de hacer uso personal de Internet o correo electrónico revise su contrato de trabajo y convenio colectivo por si acaso, para evitar problemas posteriores.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores,

El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.

Por tanto, el empresario tiene libertad para establecer medidas de vigilancia y control de los trabajadores para verificar el cumplimiento por parte de aquellos de sus obligaciones y deberes, pero siempre respetando los derechos fundamentales del trabajador, entre los que se encuentra el derecho de intimidad.

La medida planteada por nuestro cliente entra de lleno dentro de las medidas de vigilancia y control previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Se trata de determinar, por tanto, si la escucha aleatoria de las conversaciones que tengan las personas que atienden el servicio de call center a resultas de las llamadas entrantes que realicen los clientes, ­­con fines de verificación de la correcta prestación del servicio,  mejora del mismo y formación, invade a o no el derecho de intimidad del trabajador.

Por parte de LA EMPRESA PREGUNTONA S.A. se afirma que

 

1.- El teléfono en relación con el que se monitorizan las llamadas solamente puede recibir llamadas, las realizadas por los clientes para interesarse por los servicios de la compañía por cuenta de la que se presta el servicio y, en su caso, proceder a su contratación. Por tanto, todas las llamadas que se reciben en ese número están relacionadas con la actividad laboral de los trabajadores.

2.- Desde ese teléfono no se pueden realizar llamadas por parte de los trabajadores que lo atienden.

3.- El control o monitorización de las llamadas se lleva a cabo aleatoriamente y sobre un número pequeño de llamadas en relación con el número total de las que se reciben.

4.- la escucha es realizada por un número reducido de personas, entre cuyas funciones precisamente se encuentra la de realizar esa monitorización.

5.- La finalidad de la monitorización es controlar el contenido de las llamadas y calificarlas para corregir defectos de técnica comercial y disponer lo necesario para ello, incluso la realización de cursos de formación.

6.- En caso de usarse las llamadas monitorizadas como ejemplo en las actividades formativas que se impartan sobre la atención del servicio, se tiene la precaución de que las llamadas no correspondan con aquellas atendidas por los asistentes al curso, a fin de evitar la identificación del trabajador por sus compañeros. Siempre se usan grabaciones correspondientes a otra base territorial precisamente para dificultar esa identificación.

7.- En aquellos casos en los que el supervisor entienda necesario instruir a un trabajador sobre su concreta actuación en el servicio de atención utilizando grabaciones sobre llamadas atendidas por ese trabajador, la escucha de las mismas se lleva a cabo en sesión privada entre supervisor y operador.

 

Teniendo lugar la monitorización en esas condiciones, el Tribunal Supremo ya se ha  pronunciado a favor de la corrección de la medida. Así, en sentencia de fecha 5 de diciembre de 2003 de la Sala 4ª se establece que

                A la vista de tales afirmaciones se puede concluir, como ya hizo la Audiencia Nacional y estima el Ministerio Fiscal que aquella “monitorización” o control empresarial se realiza en condiciones de respeto a la legislación vigente por cuanto, contemplada en los términos de generalidad en que se desarrolla este conflicto, tiene como único objeto controlar la actividad laboral del trabajador en condiciones de respeto a su esfera íntima inatacable. En efecto, si el teléfono controlado se ha puesto a disposición de los trabajadores como herramienta de trabajo para que lleven a cabo sus funciones de telemarketing y a la vez disponen de otro teléfono para sus conversaciones particulares, si, como se ha apreciado, los trabajadores conocen que ese teléfono lo tienen sólo para trabajar y conocen igualmente que puede ser intervenido por la empresa, si además la empresa sólo controla las llamadas que recibe el trabajador y no las que hace, si ello lo realiza de forma aleatoria – un 0’5 % -, y con la finalidad exclusiva de controlar la buena realización del servicio para su posible mejora, la única conclusión razonable a la que se puede llegar es a la de que se trata de un control proporcionado a la finalidad que con el mismo se pretende, en el sentido antes indicado.

En ese mismo sentido se trata de un control que es necesario puesto que no se conoce otro medio más moderado para obtener la finalidad que se pretende – juicio de necesidad -, es idóneo para el mismo fin – juicio de idoneidad – y ponderado o equilibrado porque de ese control se pueden derivar beneficios para el servicio que presta la empresa y no parece que del mismo se puedan derivar perjuicios para el derecho para el derecho fundamental de los trabajadores – proporcionalidad en sentido estricto -.

 

Dicha resolución es citada como referente, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, sección 1ª, de fecha 10 de mayo de 2011, precisamente en un supuesto idéntico al planteado por la EMPRESA PREGUNTONAS.A.  en el que la monitorización se lleva a cabo no por la empresa para la que prestan los servicios los trabajadores monitorizados, sino por la mercantil a favor de la que se presta el servicio de call center.

En el mismo sentido, proporcionalidad de la medida de control empresarial, se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, sección 1ª, en sentencia de fecha 26 de enero de 2006.

Por tanto, desde la perspectiva de la legislación laboral, es perfectamente lícita la implantación de la medida de control empresarial comentada.

 

Desde el punto de vista de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido varios informes relativos a los llamados call centers, tales como los informes jurídicos nº 190/2009 y 509/2009, en  los que han merecido su aprobación, así como en resoluciones como la de archivo de actuaciones dictada en fecha 19 de noviembre de 2008 en el expediente E/01171/2007.

En esos documentos se establece que:

  • No se necesita contar con el consentimiento del trabajador para realizar la grabación, por cuanto,  de acuerdo con el artículo 6.2 de la LOPD no se necesita ese consentimiento cuando el tratamiento de los datos de carácter personal se refiera a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento y cumplimiento.
  • Aunque la grabación por parte de la empresa a la que se presta el servicio sea formalmente una cesión de datos, artículo 11 LOPD, el apartado segundo de dicho precepto exime de la necesidad de contar con el consentimiento del interesado por cuanto responde a la necesidad de poder desarrollar y dar debido cumplimiento y control de la relación laboral entablada entre LA EMPRESA PREGUNTONA S.A.  y la compañía para la que se presta el servicio de call center.

Ahora bien, lo que resulta inexcusable es la obligación de la empresa de informar a los trabajadores y a sus representantes sindicales de la intención de la implantación de esta medida de control, de su funcionamiento y de sus finalidades. Dicha información debe darse teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 5 de la LOPD y lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores para la implantación de medidas de control (artículos 20 y 64-1).

Es relevante recalcar que esta obligación se debe cumplir con CARÁCTER PREVIO a la instalación del sistema y de forma que resulte trazable, es decir, que permita la constatación de su cumplimiento.

El 81% de los españoles conectados a internet lo hace vía móvil

TENER LA WEB ADAPTADA A MÓVILES, YA NO ES UNA ALTERNATIVA, ES UNA OBLIGACIÓN SI QUEREMOS SER LOCALIZADOS!!

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Google presenta un barómetro en el que se comparan los hábitos en el uso de internet de los individuos de 56 países.

El 81% de los españoles que se conectan a internet lo hace a través de un teléfono móvil confirmando la tendencia generalizada en España de utilizar más los smartphones que los ordenadores, sobre todo entre los usuarios más jóvenes. Esta es una de las principales conclusiones del Consumer Barometer 2015, una herramienta interactiva dirigida principalmente al sector publicitario que retrata las últimas tendencias digitales y cuya quinta edición presentó ayer Google.

Datos sobre España

Algunos de los datos que refleja el Consumer Barometer 2015 sobre España son:

  • El 81% de los españoles que se conecta a Internet lo hace a través de un móvil, especialmente los más jóvenes. De hecho, prefieren los smartphones a los ordenadores.
  • En España Internet se utilizó en el 57% de las compras para buscar y comparar precios, encontrar la dirección de un negocio o averiguar la disponibilidad de un producto.
  • El porcentaje de vídeos que se ven a través del móvil es de un 32% mientras que desde el ordenador se accede a ellos en un 28% de los casos y un 26% desde las tabletas.
  • El 71% de los usuarios españoles ve vídeos online, al menos, una vez por semana. Una cifra que se ve aumentada hasta un 93% en el caso de los menores de 35 años.

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Microsoft cambia el algoritmo de Bing para favorecer a los sitios adaptados para móviles

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A nadie escapa a estas alturas que el diseño responsive o adaptativo ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, cuando hablamos de posicionamiento.

Si hace unos días era Google quien aplicaba cambios en este sentido, ahora es Microsoft quien ha realizado ajustes en su algoritmo de búsqueda en Bing con el fin de priorizar en las SERP´s o listas de resultados, los sitios adaptados para dispositivos móviles.

Es el resultado de las acciones llevadas a cabo por la compañía durante los últimos meses, encaminadas a mejorar la experiencia de usuarios que navegan con dispositivos móviles.

La medida viene acompañada de la introducción de la etiqueta “mobile-friendly”, para los sitios responsive, una manera de avisar al usuario que accede a través de un dispositivo móvil. Este es el aspecto de la nueva etiqueta:

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Según la compañía, los cambios no excluirán en modo alguno aquellas páginas que no cuentan con diseñoresponsive, tan solo mejorará el ranking de las adaptadas cuando se realicen búsquedas móviles.

La amigabilidad móvil se basa según Microsoft en cuatro factores:

1. Navegación: Los menús, botones y enlaces de la página debe ser lo suficientemente grandes y separados para facilitar la navegación táctil.

2. Legibilidad: El texto de la página debe ser legible sin necesidad de zoom y desplazamiento lateral para acceder al contenido específico.

3. Desplazamiento: El contenido de la página web debe encajar dentro de la anchura del dispositivo.

4. Compatibilidad: El contenido debe ser compatible con el dispositivo. Por ejemplo, las páginas con contenido de Flash no funcionan bien en los dispositivos iOS.

Microsoft espera desplegar el nuevo algoritmo de forma global durante los próximos meses. La compañía también está trabajando en el lanzamiento de una herramienta para desarrolladores que servirá para analizar el desempeño de las páginas web en dispositivos móviles.

Más información en el blog oficial de Bing.

VENTAJAS DE LA WEB RESPONSIVE

PLANTILLAS RESPONSIVE REALIZADAS POR THESAURO 

El uso de dispositivos móviles está creciendo a un ritmo increíble, dispositivos como tablets y smartphones han incrementado sus ventas en los últimos años y la navegación en Internet mediante estos dispositivos es cada vez más común. Ese es el motivo por el que el diseño web adaptable se ha vuelto tan popular, pues es una técnica que proporciona una solución web que puede manejar la visualización web tanto de escritorio como de dispositivos.

Con una sola versión en HTML y CSS se cubren todas las resoluciones de pantalla, es decir, el sitio web creado estará optimizado para todo tipo de dispositivos: PCs, tabletas, teléfonos móviles, etc. Esto mejora la experiencia de usuario a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con sitios web de ancho fijo cuando se acceden desde dispositivos móviles.

¿Qué es Responsive web design?

Responsive web design ó Diseño web adaptativo es una técnica de diseño y desarrollo que crea un sitio web o sistema que se adapta al tamaño de la pantalla del usuario. Responsive design mejora la experiencia de navegación del usuario al ofrecer una página web adaptable y flexible, optimizada para el dispositivo que está utilizando.

Desde THESAURO vemos en la realización de la web en RESPONSIVE   las siguientes ventajas principales  :

  • El Responsive permite que todo el contenido y toda la funcionalidad de la web estén disponibles para móviles. En este sentido defendemos que no se debe eliminar contenido en la versión móvil. No sabemos cuándo el usuario va a necesitar o no dicho contenido.
  • Mantener la misma URL es importante para el SEO (Google lo recomienda) y para la usabilidad (por ejemplo si comparto una URL con un amigo desde el móvil).
  • Mantenimiento. Mantener una única web es más barato que mantener varias.

Internet, un arma de destrucción

Fuente: GP GRUP PERITOS JUDICIALES

Profesionales colaboradores en el BUSCADOR PROFESIONAL THESAURO

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Desde que en la década de los 90 el mundo sucumbiese a los encantos de Internet, su evolución ha traído consigo un alivio para estudiantes, un consuelo para los allegados que se encuentran a distancias considerables, entretenimiento para pequeños y mayores, un desahogo para los adolescentes y comodidad para los que no pierden el tiempo.
Sin dudas estas son razones de peso para habernos esclavizado a esta herramienta. Las posibilidades que ofrece este medio son ilimitados, y de hecho a día de hoy miles de personas llevan comida a la mesa gracias Internet, algo que anteriormente era impensable que ocurriese. Pero no es oro todo lo que reluce y si bien es cierto que Internet ha traído cosas buenas, ha traído cosas malas por igual.
Celos, dependencia, vida privada inexistente, intrusismo, plagio, des-información e incluso amenaza contra la seguridad pública. Y es que, tras los recientes acontecimientos Internet está más vivo que nunca, y es imparable.
Nuestra integridad y seguridad se ven coartados cuando una tercera persona se introduce dentro de nuestras redes, cada día salen nuevos casos de tráfico pornográfico de menores, acosos a escolares, suplantaciones de identidad, hackeamientos en medios públicos y privados, con informaciones que ponen la cara colorada a más de un personaje relevante ¡y hasta tráfico de drogas!

¿Es posible que Internet sea una nueva herramienta para blanquear dinero y traficar con sustancias ilegales? La respuesta es sí. Y si no que se lo pregunten al creador de la llamada Silk Road, una página Web oculta que se dedicaba al tráfico de drogas a través de Internet, utilizando los bitcoins como cibermoneda. Según informaciones del diario El País, “La corte federal del distrito sur de Manhattan inició este martes un juicio por narcotráfico, conspiración para el asesinato y blanqueo de dinero. ¿Uno más? No. El jurado que aplicará o no la cadena perpetua para Ross Ulbricht, de 30 años, acusado de ser el creador de una página de Internet “oculta” dedicada a la venta de drogas y otros delitos bautizada como Silk Road (Ruta de la Seda), tiene entre manos un asunto peliagudo y complejo.”
Hasta aquí la noticia no resultaría impactante si no fuera porque la forma en la que supuestamente accedió el F.B.I al ordenador de dicho creador fue de forma ilegal. Como bien expone la noticia “el FBI asegura que fue una fuga en el propio sitio de Silk Road lo que les permitió acceder a la IP (número o nombre del aparato) de Ulbricht. Sin embargo, algunos expertos han intentado repetir la operación sin conseguirlo, por lo que creen que los investigadores habrían hackeado el sitio, algo que ahora se niegan a admitir.”
Se plantean muchos dilemas en torno a Internet y este mal uso por parte de todas las partes, pero es que además la defensa pone encima de la mesa el dilema existencial de toda página Web, y de Internet, y es que ¿hasta qué punto es responsabilidad del dueño de una página o plataforma el uso que sus usuarios realicen de ese sitio?
Por ejemplo: ¿Hasta quépunto Facebook tendría la culpa de que una persona se hiciera pasar por otra? ¿Es entonces Internet en sí mismo un arma de destrucción entre individuos?

Perito Informático Forense, una de las profesiones con más salidas

Fuente : eleconomista.es

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La ciberseguridad se estudia en la Universidad. La Cátedra UDIMA – ANTPJI pone en marcha el Curso Básico de Perito Judicial Informático.

Se acerca septiembre y con él la temida decisión de qué carrera elegir para estudiar, qué especialización… En un contexto en el que más del 50 por ciento de los jóvenes no tienen un empleo, la gran inversión (en tiempo, esfuerzo y dinero) que supone elegir unos estudios superiores requiere una buena dosis de reflexión y análisis. Para el presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Ángel Bahamontes, esta elección se debe hacer, en primer lugar, conforme a las convicciones personales de cada uno. “Es muy importante que estudies algo que te guste porque de esta manera será más fácil alcanzar el éxito. Si tenemos en cuenta el caso de nuestros Peritos Judiciales Informáticos, la gran mayoría de ellos coinciden en que esta rama la tenían primero como un hobby, que se ha convertido en una actividad que ahora les renta beneficios”. Sin embargo, para Bahamontes también es necesario atender a las necesidades del mercado que, según los cálculos de la Asociación, demandará una cifra de 10.000 expertos en Informática Forense en los próximos años, tanto en empresas como en el sector jurídico en España, debido al aumento de delitos cibernéticos.

En este contexto, la Cátedra UDIMA- ANTPJI ha puesto en marcha el Curso básico de Perito Judicial Informático, que tendrá lugar durante este mes de septiembre en el CEF -Centro de Estudios Financieros-. El Curso tiene una duración de 50 horas y es de modalidad presencial y online, impartido por reputados especialistas de la Informática Forense.

Un Perito Informático Forense es un profesional con conocimientos, habilidades y experiencia que se necesitan para ayudar en los juicios y los tribunales a esclarecer delitos cibernéticos. Los ordenadores, teléfonos inteligentes, tablets, Internet… almacenan todos los datos que se realizan, y un perito informático tiene que ser capaz de extraer las evidencias electrónicas irrefutables que sean esenciales para resolver cualquier conflicto. En muchas ocasiones, son los encargados de encontrar las pruebas de los delitos. Pero además de la rama judicial, también pueden trabajar para las grandes empresas con el objetivo de evitar espionajes, fraudes, robos de información, manipulación de datos y programas, etc., que pueden ocasionar grandes pérdidas a las compañías.

Aunque no existe una carrera de este perfil, sí hay varias posibilidades de especializarse. En este sentido, a juicio de Bahamontes, la elección de la especialidad a través de Masteres, Postgrados o Cursos de Expertos será la clave que permita diferenciar a un profesional de otro. “Muchas veces tendemos a elegir especialidades que vienen a ser una repetición de lo que estudiamos en el Grado. Por este motivo, se debe prestar especial atención al contenido de la formación y comprobar que aporta suficientes conocimientos nuevos para poder dedicarte a ello”.

En el caso del Curso básico de Perito Informático Forense de la Cátedra UDIMA – ANTPJI, algunos de los temas que se imparten son: cómo extraer y recuperar datos y evidencias electrónicas, cómo actuar y recuperar los datos perdidos, la cadena de custodia, cibercrimen, ciberataques, ciberarmas y ciberdefensa, laboratorio tecnológico forense y aplicaciones, Pentest, herramientas y programas forenses, redacción de un informe pericial, estructura y protocolo, aspectos clave de la defensa de la pericial en sala judicial, etc.

El Perito Judicial Informático debe contar con una formación universitaria que tenga un perfil técnico y tecnológico. Además, es necesario poseer conocimientos legales en Derecho Procesal Civil, Penal, Administrativo y Laboral. Es por eso que los Grados en Derecho, Relaciones Laborales, Sociología, Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, etc., son los más indicados antes de realizar esta especialización.

Pero además de las aptitudes técnicas y científicas, es necesario que este perfil cuente con una buena habilidad en comunicación. En la mayoría de los casos, el Perito Judicial Informático trabaja con personas que no entienden su materia. Por este motivo, es muy útil que se exprese de una forma clara y sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Por tanto, su formación humanística también será un plus.

Qué hacer después de la especialización

Según Ángel Bahamontes, el contacto diario con profesionales del sector, será la primera vía de entrada al mercado laboral para muchos profesionales. “Conoces a gente que ya trabaja en este campo, que pueden necesitar refuerzo para un trabajo determinado o que, incluso, te pueden orientar hacia adónde ir”.

Por otro lado, otra salida laboral, como en el caso de muchos peritos judiciales, es el autoempleo, es decir, “crearte una marca personal que venga avalada por tu credibilidad, profesionalidad y neutralidad a la hora de hacer tu trabajo, que te permita ir asumiendo casos conforme a tu prestigio”, apunta Bahamontes.

Duración y precio de la formación

Bahamontes recuerda: “el número de horas de una formación no significa que esta sea de más calidad. Un curso de 50 horas con los aspectos clave, prácticos y con la información necesaria puede llegar a ser más eficiente que otro de 800 horas en el que sólo se impartan contenidos teóricos y repetidos”.

En cuanto al precio sucede algo parecido: “que un curso sea más caro no significa que vayas a aprender más. Hay que prestar atención a otros elementos, como el prestigio del centro que lo imparte, la trayectoria de los profesionales que lo componen, etc”.

Acerca del Curso básico de Perito Judicial Informático

El objetivo del curso es formar en el área de la Informática Forense y Pericial Judicial a expertos en Seguridad lógica y física mediante divulgación de contenidos y experiencias, abordándose las diferentes tecnologías y metodología existentes para aprender a elaborar un informe o dictamen pericial bajo la normativa y legislación vigente.

Su duración es de 50 horas y cuenta con 2 créditos ECTS. Consta de una Máster Clases de 15 horas y un practicum de 35 horas que se desarrollarán en el aula virtual de la Universidad, siendo su evaluación mediante un examen de test, tipo batería y un ejercicio práctico ficticio de realización de una pericial tecnológica (Informática, telemática, valoración o tasación) La formación intensiva se impartirá en el salón de actos del Centro de Estudios Financieros, el viernes 27 de septiembre (de 09:00 a 21:00 horas) y sábado 28 de septiembre (de 09:00 a 14:00 horas).

 

Encontrará peritos informáticos de toda España en el buscador profesional http://www.thesauro.com  

El momento de la notificación al procurador de una notificación procesal a través de LexNet, es aquel en el que el documento accede a su buzón virtual

Origen: Redacción NOTICIAS JURÍDICAS

 

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 9 de junio de 2014 (recurso número 2600/2013), por la que resuelve sobre el momento en que se produce la notificación de un acto procesal al procurador de la parte, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del recurso.

Según el TS, notificado el auto a través del sistema Lexnet, su válida notificación se produce al día siguiente de la fecha de su recepción en buzón electrónico organizado por el Colegio de Procuradores pues, de acuerdo con el art. 7.4 del Real Decreto 84/2007, en el caso de los procuradores, la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal se tiene por acreditada en el momento en el que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. Y una vez que la comunicación entra en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión, el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del Colegio, sin que su eventual demora en hacerlo obste a la eficacia de la notificación.

Los hechos

La empresa actora interpuso recurso de revisión interpuesto contra la decisión de la AN que desestima el recurso de reposición interpuesto contra una diligencia de ordenación que acuerdó la devolución del escrito presentado por dicha parte, al haberse declarado caducado el recurso contencioso-administrativo y haber sido archivado, por no presentación en plazo del escrito de demanda.

Se sustenta el recurso de revisión en que tal resolución de la Sra. Secretaria de esta Sala infringe el artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LEXNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, e infringe el artículo 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dicha alegación se fundamenta en que, según afirma la recurrente, el auto de caducidad de 13 de abril de 2011, supuestamente notificado el 3 de mayo de 2011 por vía telemática a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores de Madrid, mediante el sistema informático de telecomunicaciones Lexnet, nunca se le notificó personalmente a través de su Procurador.

La sentencia del TS

La Sala, con la ponencia del magistrado señor Campos Sánchez-Bordona, fundamenta su resolución en los siguientes fundamentos de derecho:

Tercero.- Expuestos los hechos de este modo, la Sala de la Audiencia Nacional analizó en estos términos las normas jurídicas aplicables:

“[…] El régimen jurídico del sistema de notificaciones por vía telemática empleado en el presente proceso viene dado por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.

Este Real Decreto se dicta al amparo del apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del Poder Judicial, cuyo artículo 230 posibilita que los órganos judiciales y las personas que demanden ante ellos la tutela judicial de sus derechos e intereses utilicen en sus relaciones cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, compatibles entre sí, siempre que éstas se produzcan en condiciones de seguridad, autenticidad, integridad, constancia fehaciente de su realización y del momento en que se efectúen, con garantías de confidencialidad de los datos de carácter personal, así como con respeto de las garantías y requisitos previstos en las leyes de procedimiento.

Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, autoriza la realización de actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, bajo las condiciones previstas en su artículo 162.

Dispone el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ‘Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley ‘.

A su vez, el artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del lugar de comunicación de los actos a los procuradores establece lo siguiente:

‘1. Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.

2. La remisión y recepción de los actos de comunicación en este servicio se realizará por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepción a que se refiere el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley, cuando la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores dispongan de tales medios.

En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio’.

Al respecto, establece el artículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares, lo siguiente:

‘1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.

No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción’.

El artículo 2 del Real Decreto 84/2007, define el sistema Lexnet para presentación de escritos y envío de notificaciones judiciales por medios telemáticos en el ámbito de la Administración de Justicia, como un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de firma electrónica reconocida, satisface, por un lado, las características de autenticación, integridad y no repudio, y mediante los mecanismos técnicos adecuados las de confidencialidad y sellado de tiempo, y, por otro, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las leyes procesales, prestando las funcionalidades indicadas en el anexo V del Real Decreto y cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente. Entre tales funcionalidades se encuentra la realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. (Anexo V, letra c)).

En relación con el régimen de utilización del sistema Lexnet, establece el artículo 4 del citado Real Decreto lo siguiente:

‘1. La utilización del sistema Lexnet será obligatoria para los Secretarios judiciales y para los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como usuarios en el anexo II de este Real Decreto, destinados en aquellas Oficinas Judiciales que dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios.

También será obligatorio el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios.

2. Se entenderá preferente la vía telemática de comunicación con quienes figuren dados de alta como usuarios en el sistema.

3. Cuando concurran causas técnicas que impidan la normal utilización de dichos medios telemáticos, los usuarios del sistema comunicarán tal circunstancia a la Oficina Judicial con la que mantengan comunicación procesal, así como, en su caso, al respectivo Colegio profesional’.

Por otro lado, el artículo 7 del Real Decreto se refiere a la operativa funcional de la presentación de escritos y documentos y del traslado de copias entre Procuradores y de la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos en los términos siguientes:

‘1. El procedimiento para la presentación de escritos procesales, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación por medios telemáticos se verificará en la forma establecida en el anexo VI.

2. Para la acreditación de la presentación telemática de escritos y documentos el sistema devolverá al usuario un resguardo electrónico acreditativo de la correcta transmisión y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización de la presentación en la Oficina Judicial.

3. Si el envío se realiza correctamente, el acto de comunicación se recibe en el buzón del destinatario y queda depositado en el mismo a su disposición. En este supuesto, el sistema devolverá al remitente un resguardo electrónico, acreditativo de la remisión y puesta a disposición, en el que consten los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y tipo de procedimiento judicial, número y año al que se refiere.

4. Cuando el destinatario acceda al acto de comunicación y documentos anexos depositados en su buzón virtual, el sistema genera un resguardo electrónico dirigido al remitente, reflejando el hecho de la recepción y la fecha y hora en que ha tenido lugar, quien así tendrá constancia de la recepción.

En el caso de los procuradores, cuando se produzca el acceso al buzón virtual del Colegio de Procuradores se generará el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley.

5. El sistema confirmará al usuario la recepción del mensaje por el destinatario. La falta de confirmación implicará que no se ha producido la recepción. En aquellos casos en que se detecten anomalías en la transmisión telemática, el propio sistema lo pondrá en conocimiento del usuario, mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a la subsanación, o realice el envío en otro momento o utilizando otros medios.

El mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión podrá ser imprimido en papel, archivado por el usuario, y en su caso, integrado en los sistemas de gestión procesal, a efectos de documentación del intento fallido’.

Pues bien, la interpretación del artículo 7 del Real Decreto 84/2007 acerca de la operativa seguida en la realización de actos de comunicación procesal con los representantes procesales de las partes, a través de los servicios comunes de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, debe hacerse a la luz de los dispuesto en los artículos 151.2, 154 y 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De manera que, resultando pacifico que en el presente caso se ha hecho uso de un medio de los previstos en elartículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para llevar a cabo la notificación de auto de caducidad que nos ocupa, dicha notificación al Procurador de la parte recurrente habrá de entenderse realizada el día siguiente a la fecha de recepción de la misma en el servicio común de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores, tal y como prevé expresamente el primer precepto legal citado y ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones el Tribunal Supremo (AATS de 4 de octubre de 2012, Rec. 790/2012, de 15 de marzo de 2012, Rec. 4055/2011, de 16 de junio de 2011 , Rec. 3398/2010, de 14 de octubre de 2010, Rec. 1315/2010, de 7 de octubre de 2010, Rec 1565/2010, de 11 de febrero de 2010, Rec. 2353/2009, y de 14 de octubre de 2009, Rec. 2491/2009, entre otros). Criterio que ya ha seguido esta Sala en resoluciones anteriores (por todas, Auto de 25 de mayo de 2009).

Sentado lo anterior, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que la notificación del auto de caducidad de fecha 13 de abril de 2011 por el sistema lexnet, a través de servicio común de notificaciones, organizado por el Colegio de Procuradores de Madrid, fue enviado por la Secretaría de esta Sala y recibido en destino el día 3 de mayo de 2011 a las 15,14 horas.

Consecuentemente, sin necesidad de que hubiera de justificarse la recepción personal por el Procurador citado de dicha notificación, la misma debe entenderse valida y eficazmente practicada al día siguiente de la fecha indicada, sin que quepa entender infringidos los artículos 151 y 166.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las consideraciones realizadas conducen a la desestimación del recurso de revisión interpuesto contra el Decreto de 15 de marzo de 2013, sin necesidad de que se practique la diligencia de prueba solicitada por la parte recurrente con el fin de que se librara oficio al Colegio de Procuradores de Madrid para que este aportara el ‘supuesto resguardo de recepción que confirme que éste remitió a ML el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 ‘, que interesaba mediante otrosí en su escrito de recurso, pues, como dijimos, su existencia resulta irrelevante a los efectos de tener por practicada valida y eficazmente la notificación examinada.”

Cuarto.- El recurso de casación es admisible, pese a la objeción que opone el Abogado del Estado pues, siéndolo la sentencia que pudiera recaer en el litigio de instancia, nos encontramos ante uno de los autos susceptibles de aquél a tenor del artículo 87.1.a) de la Ley Jurisdiccional. Cabe, en efecto, dicho recurso contra “los [autos] que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación”.

Invirtiendo los términos en que se propone, examinaremos en primer lugar el segundo motivo casacional de los dos planteados, ambos al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional. Se denuncia en él la supuesta infracción “de los artículos 281 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española”, por no haber accedido el tribunal de instancia a la práctica de la prueba solicitada por la parte.

Como ya hemos recogido en la transcripción precedente, la prueba interesada lo era para que la Sala oficiara al Colegio de Procuradores de Madrid a fin de que éste aportara el “supuesto resguardo de recepción que confirme que éste [el Colegio] remitió a MLP el auto de caducidad de 13 de abril de 2011 “. La negativa de la Sala a su práctica era y es procedente si, como previamente había sostenido el tribunal en los fundamentos jurídicos del auto impugnado, el Colegio de Procuradores no tenía por qué “reenviar” o “remitir” a cada uno de sus colegiados las notificaciones practicadas a través de Lexnet, siendo precisamente los destinatarios de aquéllas quienes han de acceder al “sistema común” a través de su “buzón”, una vez recibido por el Colegio el acto procesal, para conocer su contenido. Tal tesis hacía irrelevante, a los efectos de la decisión final, el documento de cuya aportación se trataba.

No está de más consignar, a estos efectos, que si la recurrente consideraba esencial para su defensa el referido documento, el Procurador que actuaba en su representación podía fácilmente haber instado de su propio Colegio Profesional que lo emitiera y haberlo aportado ella misma a los autos. Se trata, en efecto, de uno de los documentos que se encontraban a su disposición sin dificultad apreciable y sin necesidad de la intermediación de la Sala dado que repetimos, su origen era el Colegio Profesional al que aquél pertenece y que defiende sus intereses.

Distinto hubiera sido si se hubiera requerido un documento o un informe pericial, o de otro tipo, acreditativo de que, por cualquier incidencia o causa técnica, el acto de comunicación no llegó en la fecha correspondiente al propio servicio común de notificaciones del Colegio de Procuradores. Pero tal circunstancia no se alegó, admitiendo por el contrario la recurrente el hecho de la recepción en el Colegio de Procuradores a través del sistema Lexnet, hecho que, por lo demás, resulta adverado por la Secretaría de la Sala sin discusión al respecto.

Quinto.- En el primer motivo de casación se denuncia la infracción de dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, el artículo 151 (en relación con el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) y el artículo 166, apartado primero.

El motivo está defectuosamente articulado sobre la base del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional pues en él no se viene a censurar, en realidad, ningún quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en que hubiera incurrido el auto impugnado. Lo que sostiene la parte es, más bien, que la Sala de instancia ha aplicado indebidamente las normas (procesales) del ordenamiento jurídico aplicables al caso para decidir su fallo, censura que debía haber denunciado por la vía del artículo 88.1.d) de la misma Ley, como acertadamente sostiene el Abogado del Estado.

En todo caso, la tesis de fondo que en el motivo se aduce (en muy buena medida repetición casi literal de lo que “S, S.A.” ya dijo en la instancia y fue rechazado por la Sala de la Audiencia Nacional) no es acogible. Centrado el debate en los términos antes referidos, la solución de fondo viene dada por el artículo 7 del Real Decreto 84/2007, antes transcrito. Su apartado cuarto establece, concretamente, cuándo se tiene por acreditada la recepción del documento que es objeto de la comunicación procesal, momento que coincide “en el caso de los procuradores” con aquel en que el documento accede al buzón virtual del Colegio de Procuradores. En ese preciso momento se genera el correspondiente resguardo, que bastará para acreditar la recepción a los efectos previstos en la ley, entre los que figuran tanto los relativos al plazo para recurrir como, por lo que a este litigio se refiere, la posibilidad prevista en el inciso final del artículo 52.2 de la Ley Jurisdiccional (presentación de la demanda en el mismo día en que se notifica el auto de caducidad).

Siendo como es obligatorio, a tenor del artículo 4 del Real Decreto 84/2007, el uso del sistema Lexnet para los Colegios de Procuradores que cuenten con los medios técnicos necesarios (como en este caso sucede), el envío electrónico mediante el que se produce la comunicación “oficial” de la resolución judicial y de sus documentos anexos se dirige al servicio común establecido por dicho Colegio, servicio al que tienen acceso los procuradores que lo utilizan (entre ellos, el de la parte actora). Una vez que la comunicación con origen en la secretaría de la Sala “entra” en el buzón del Colegio de Procuradores habiendo cumplido las formalidades necesarias para su correcta remisión (lo que tampoco aquí se discute), el procurador al que va dirigida la tiene a su disposición con sólo acceder al buzón del referido Colegio. Su eventual demora en hacerlo no obsta a la eficacia de la notificación, en los términos legales que tan certeramente analiza el tribunal de instancia.

En efecto, si cada uno de los procuradores pudiera, ad libitum, posponer su propio acceso a aquel buzón virtual, el “sistema común” previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil e implantado por el Colegio de Procuradores, de modo obligatorio y con el respaldo legal que le confiere el artículo 162 de aquélla, perdería su sentido y quedaría desprovisto de eficacia. Como bien afirma el Abogado del Estado, de admitirse la tesis del recurrente se produciría la “completa inutilidad de la intervención del Colegio” y “el sistema resultaría completamente desnaturalizado”.

Sexto.- La interpretación de los dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en concreto, se invocan en el motivo de casación corrobora la tesis de instancia. Al margen de que la recurrente no llega a aducir como infringido el precepto de la misma Ley que regula precisamente “los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares” (artículo 162, al que sí se refiere el auto impugnado), ninguno de ambos ha sido vulnerado en este caso.

A) De aquellos dos preceptos el segundo (artículo 166.1) se limita a declarar nulos los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en el capítulo a ellos dedicados: su aplicación al caso de autos dependería, pues, de que se acreditara que la notificación efectuada no se ajustó a las pautas legales. Como quiera que esa falta de ajuste no ha tenido lugar porque la secretaría de la Sala notificó el auto de caducidad por vía electrónica con respeto escrupuloso de las exigencias tanto del referido artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como del Real Decreto 84/2007 que regula el régimen de notificaciones del sistema lexnet (sistema admitido para recibirlas por el procurador de la parte a lo largo de todo el proceso), la alegación ha de ser rechazada.

B) En cuanto al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su contenido se refiere más al tiempo de la comunicación que al uso del sistema mediante el que se practica. Los actos de comunicación practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores (en este caso, repetimos, mediante la utilización del sistema Lexnet) se “tienen por realizados” al día siguiente de su fecha de recepción con arreglo a este sistema. El “resguardo acreditativo de la recepción” por medios telemáticos e informáticos, al que se refiere el apartado 2 del artículo 151, por remisión al artículo 162.1 de la misma Ley , es precisamente el que acredita que la comunicación procedente del órgano jurisdiccional llegó al servicio de notificaciones del Colegio de Procuradores. Cuando a tal efecto se utiliza el sistema Lexnet, dicho resguardo se genera automáticamente una vez que tiene lugar el acceso de los documentos enviados al buzón del Colegio de Procuradores (así, el artículo 7.4 del Real Decreto 84/2007) según antes hemos expuesto, sin que sea necesario un nuevo “reenvío” o “remisión” particularizada desde dicho Colegio a cada uno de los procuradores, dado que éstos tienen pleno y libre acceso a aquél.

Séptimo.- Procede, pues, la desestimación del presente recurso de casación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , la imposición de las costas a la parte recurrente.”

 

BUSCADOR DE PROCURADORES THESAURO

¿El olvido es un derecho?

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea otorgó a los usuarios el derecho de exigir a los buscadores de internet que borren su información personal.

¿El olvido es un derecho?

La reacción de Google frente al fallo de la UE fue de “indignación y decepción”. /AFP

El 13 de mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una decisión trascendental: otorgar el derecho a los usuarios de exigir a Google y demás buscadores de internet que borren su información personal conservada en servidores. Esto representa una decisión transcendental para el mundo entero.

El fallo determina que aquellos interesados en reclamar el “derecho al olvido” deben presentar su solicitud directamente al gestor del buscador (Google o Yahoo, entre otros). Si el gestor se negara a retirar dicha información, el usuario tiene el derecho de acudir a tribunales, donde analizarían cuán fundamentada está la petición. Si se tratara de un caso con base sólida, se puede ordenar a dichos gestores que borren los datos en cuestión.

Este procedimiento se puede iniciar cuando se considere que la información que aparece en internet es “inadecuada, no es pertinente o es irrelevante”. La solicitud puede girar en torno a cualquier tipo de información, ya se trate de páginas legalmente publicadas y que tengan información verídica o se encuentren en el ámbito público. El fallo abre las compuertas a más de un centenar de casos similares que están a la espera de consideración reclamando el mismo derecho, consagra el “derecho al olvido” en internet y dirime la vieja controversia de quién es responsable del acceso a determinada información.

La demanda original fue presentada el año pasado por Mario Costeja González, de nacionalidad española, quien exigió que Google desistiera de arrojar un viejo anuncio acerca de una subasta de bienes embargados por una deuda con la Seguridad Social, la cual ya había sido resuelta. El proceso tomó sus primeros pasos en tribunales españoles hace aproximadamente seis años. Tras el fallo a favor de Costeja, la reacción del gigante de internet fue de “indignación y decepción”. A su parecer, representa una forma de censura, alegando que su motor de búsqueda no controla datos y utiliza algoritmos para ordenar y ofrecer enlaces con información relevante disponibles en la web.

Aunque aún no está del todo claro el grado de significación de la decisión, muchos especialistas confiesan que se esperaban otro resultado. El año pasado, el abogado general de la UE, Niilo Jääskinsen, le dio la razón a Google, afirmando que el gestor de búsqueda no se puede considerar responsable del trato que reciben los datos encontrados en páginas procesadas. A pesar de esto, un año más tarde el fallo del Tribunal da media vuelta sobre esta postura, argumentando que las actividades del buscador afectaban de manera importante los derechos a la vida privada y la protección de datos personales.

 Derecho a la información, ¿en peligro?

Para muchos, el fallo, que comenzó a ser aplicado esta semana, representa una victoria clara en aras de proteger datos personales de ciudadanos europeos, pero también conlleva la necesaria restricción de la información disponible de los mismos. En su forma actual queda abierto el camino a que se practique la censura de contenidos legítimos, acercando al continente a la practica de control de internet que se está llevando a cabo en varios países (por ejemplo, Turquía e Irán).

En un mundo en que existen cada vez más peticiones para borrar datos, y mientras más países introducen la práctica de prohibir redes sociales (Twitter, Youtube o Facebook), la postura del Tribunal europeo puede limitar aún más la información disponible en la web, coartando así la libertad de expresión en la red. Asimismo, ¿cuál es la efectividad de obviar un rastreo de información que igualmente quedaría registrada en el portal fuente, el cual no está bajo ninguna obligación legal de eliminarla?

Periodistas expuestos a la censura tienen muy claro lo que puede significar el fallo. Se trata de deshacerse de información del dominio público simplemente basándose en el capricho de uno o varios individuos, complicando, o bien inhibiendo, el acceso a la información. Esto desemboca en dificultar la labor de un periodista o un investigador a la hora de querer descubrir casos de fraude, abuso infantil y escándalos de corrupción, entre otros, simplemente porque alguien no quiere que se le encuentre.

¿En dónde se traza la raya? La sentencia no deja claro quién y bajo cuáles circunstancias puede un individuo gozar del derecho al olvido. Si usamos como ejemplo el caso de un pedófilo o un asesino en serie tras el cumplimiento de su condena con la cual paga su deuda con la sociedad, ¿este tipo de delincuente también debería tener el derecho a ser olvidado? Porque en la práctica, al igual que un moroso que pagó su deuda, estos individuos pagaron cumpliendo su sentencia. Y si pueden ser olvidados, ¿qué complicaciones pueden presentarse a la labor de un periodista investigando personas o historias? En un tuit, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) tilda el fallo del TJUE de “profundamente problemático para el periodismo”.

Internet cumple el papel de archivo histórico digital, una práctica cada vez más común. El fallo indica que la información tiene que ser borrada de archivos en línea, mas no de hemerotecas físicas. La labor de encontrar esta información simplemente se obstaculiza, sin prohibirla del todo, representando un retroceso en los avances de métodos y herramientas de investigación y el acceso público a la información.

 Dueños de la información

La decisión del Tribunal deja en manos de compañías gestoras de buscadores la potestad de arreglar, borrar o impedir el acceso a enlaces de información pública. Ahora los gestores son los responsables de tomar los pasos necesarios para asegurar que aquellos datos que no estén alineados con las provisiones del fallo deben ser corregidos o borrados. De esta manera, los gestores de búsqueda se encontrarían con la habilidad de decidir qué tipo de información se puede estimar como “adecuada o relevante” y debe ser mantenida “al día”. Aunque hay provisiones dentro del fallo que indican que el interés público debe ser considerado, quizás no deberían ser los operadores de motores quienes tomen esta decisión.

Hay que considerar que una decisión de esta envergadura debería quedar en manos judiciales. De no ser el caso, ciertos buscadores, en particular los que cuentan con menos recursos, podrían seguir la política de no analizar la situación y adaptarse a toda petición presentada. En tal caso, nuestro derecho al acceso a la información se vería gravemente afectado y, peor aún, la decisión de a qué podemos acceder y conocer en el mundo virtual quedaría en manos privadas.

En términos prácticos, de considerarse incapaces de decidir sobre estos casos, los gestores de búsqueda podrían comenzar a traspasar los casos a autoridades locales, lo que podría desbordar los servicios públicos que, simplemente, no cuentan con los recursos para gestionar estas solicitudes. El comisionado de información británico ya ha tildado el nuevo régimen como uno por el cual “nadie pagará”.

El fallo también obvia la posibilidad de que un individuo puede dejar de ser un ciudadano privado y convertirse en figura pública, cuya información y pasado de repente pasa a ser “relevante” o de interés público. ¿Qué pasaría en el caso de un líder de un partido político? ¿No es relevante, o bien, importante, para sus seguidores y/o votantes conocer su trayectoria?

No podemos olvidar que el concepto de privacidad ha sido alterado para siempre desde el surgimiento de internet y las redes sociales, es decir, ya no existen ciudadanos del todo privados. Dice una periodista turca, Kaya Genc: “En la época de los medios sociales, es difícil distinguir quién es una figura pública. Nuestras vidas son todas públicas hoy en día, y entre más rápido aceptemos esta verdad, mejor nos irá”. Pero, a la vez, no es consecuente que en sociedades democráticas, donde incluso antecedentes penales sean “cancelables” después de una temporada, internet represente para algunos una cadena perpetua.

 

FUENTE:  http://www.elespectador.com

MERCANTIL – comercio electrónico 2014

Artículo de: MARTÍN ARIZA ASESORES

http://www.auditoriasocio-laboral.es/

Nuevas obligaciones para el comercio electrónico

–   El sector del comercio electrónico, ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento durante los últimos años en España, según cifras obtenidas del Informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a finales de 2013. Sin embargo, también se ha enfrentado a lo largo de los años a una regulación cada vez más exigente y proteccionista del consumidor, usuario o internauta.

Cada vez más, nuevos emprendedores se lanzan a la idea de crear un negocio online, ante los reducidos costes y la amplia base de clientes potenciales a los que poder acceder. Las agencias de viajes y operadores turísticos (16,4%), el transporte aéreo (12,4%), el marketing directo (5,5%), el transporte terrestre de viajeros (4,9%), publicidad (3,1%), las prendas de vestir (2,8%), juegos de azar y apuestas (2,8%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (2,6%) y el comercio de alimentación (2,4%) son quienes durante el 2013 se aventuraron en mayor medida a comercializar sus productos y servicios en Internet.
Pese a la dificultad que supone reglamentar un sector tan novedoso y cambiante, a lo largo de estos últimos 10 años, hemos asistido a un importante esfuerzo legislativo, tanto nacional como europeo en la materia. Así, se han implementado tanto Directivas Europeas como legislación nacional con la que, sin mucho éxito pero «con buenas intenciones», se han intentado mitigar los efectos del «spam» –correo basura-, el acceso no autorizado a ordenadores de terceros mediante «cookies» -que informan de nuestra actividad con el ordenador- o la utilización no autorizada de datos personales, entre otros. Pues bien, en un nuevo esfuerzo por proteger a los consumidores y usuarios, el pasado viernes finalmente se publicó en el BOE la modificación a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, de la que tanto se habló hace unos meses (cuando tan solo era un proyecto de ley) y que transpone, con el habitual retraso, la Directiva 2001/83/UE sobre los derechos de los consumidores y usuarios. Con esta nueva norma se reforma todo el Libro II de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios que, precisamente, regula la prestación y contratación (a distancia) de servicios con consumidores.
En general, las modificaciones introducidas por la reforma de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios serán de aplicación a los contratos celebrados a partir del 13 de junio de 2014 y, se sumarán, respecto del e-commerce, a las exigencias ya previstas para ésta actividad por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Lo anterior, implicará para los prestadores de servicios online a consumidores, la revisión antes de junio de este año de sus sitios web, contenidos informativos y condiciones generales de contratación, que deberán facilitarse al menos en castellano y con un tamaño de letra legible (incluso en aquellas compras que se realicen vía sms, anuncios televisivos o pantallas de teléfonos móviles).
La reforma alcanza incluso a los procedimientos para la realización de las compras online (cesta de la compra) y el tipo de información previa que debe facilitarse a los consumidores. Además, a partir de junio los precios de los bienes y servicios ofertados tanto en la web como en la publicidad deberán ser finales e incluir gastos, medios de pago y forma de financiación, pudiendo el consumidor desistir de su compra en el plazo de 14 días desde que la ha realizado, sin costes adicionales, ni penalidad alguna.
Por otra parte, la reforma nuevamente intenta mitigar los efectos del denominado «Spam Online» facilitando al consumidor, aun y cuando sea cliente del sitio web en cuestión, la posibilidad de oponerse a recibir publicidad online respecto de los servicios que tiene contratados con la empresa. Además de establecer nuevos y más completos requisitos tanto para la prestación de los servicios de atención al cliente como para la gestión de reclamaciones y quejas.
Adicionalmente, se refuerzan las facultades de inspección de las oficinas de atención al consumidor de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que estarán facultadas para solicitar a las empresas que celebren contratos con consumidores y usuarios sus condiciones generales de contratación a fin de determinar el carácter abusivo de determinadas cláusulas. Recordemos que, tradicionalmente, estas oficinas realizan procedimientos aleatorios de inspección en los sitios web a fin de determinar si éstas cumplen o no con todos los requisitos legalmente previstos.
Veremos cómo acoge el sector estas nuevas modificaciones que, entre otras cosas, suponen modificar no solo los sitios web, sino sus condiciones generales de contratación y, en muchos casos, la forma de prestación de los servicios. Como siempre, solo podremos saber si esta nueva Ley ha tenido éxito o no en su labor de «proteger al consumidor» con el paso del tiempo.

 

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El tribunal de la UE respalda el ‘derecho al olvido’ en Internet

El fallo obliga a los buscadores a eliminar de su lista de resultados información relativa a terceras personas que así lo soliciten

Hay 200 casos en España a la espera de este fallo

La justicia europea defiende el derecho al olvido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado hoy que “en determinadas condiciones” los buscadores están obligados a eliminar de su lista de resultados (obtenida tras una búsqueda con el nombre de una persona) los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona. El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al gestor del motor de búsqueda (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deberá examinar si es fundada. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin de que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al motor de búsqueda la retirada de la información. Es decir, el TJUE abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador. El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia así sobre el denominado derecho al olvido en el litigio que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a Google.

El fallo del Tribunal de Luxemburgo tiene incidencia en dos centenares de casos en los que se reclama el derecho al olvidoy que están congelados en la Audiencia Nacional a la espera de la resolución dictada hoy martes.

Mario Costeja llevó al Tribunal Europeo el ‘derecho al olvido’ en la Red. / X. Lobato

Tras conocer el contenido de la sentencia, Google ha afirmado que la decisión del Tribunal de Luxemburgo es “decepcionante” para los motores de búsqueda y editores online en general. “Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del abogado general y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión”, ha asegurado un portavoz de la compañía.

En realidad, el TJUE resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional en un caso que se inició hace seis años. El proceso comenzó cuando el abogado Mario Costeja recurrió a la AEPD para que Google retirara una información publicada en el diario La Vanguardia con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Pese a que este asunto estaba ya saldado, Costeja seguía apareciendo en el buscador. La Agencia de Protección de Datos instó al gigante de California a eliminar de sus resultados de búsqueda enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Google recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional y ahí comenzó la larga batalla en el tribunal de la UE. “Era una decisión injusta que ponía en juego la neutralidad y la transparencia del buscados”, explicaban fuentes de la multinacional.

Al teclear en Google el nombre de Mario Costeja, el buscador remitía en primer lugar a una página de La Vanguardia de 1998 que recogía un anuncio de una subasta de inmuebles por embargos. Además de estar solventado hacía años, el caso había dejado de tener relevancia pública. La AEPD, sin embargo, dio la razón a La Vanguardia porque la publicación de los datos tenía una justificación legal, pero su posición frente a Google Spain fue diferente. Le reclamó que retirara los datos.

Para la AEPD, el  pronunciamiento del alto tribunal, que tiene la última palabra en lo concerniente a la interpretación del derecho de la Unión Europea, “clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia”.

En contra del fallo emitido hoy, en julio del año pasado, el abogado general de la UE, Niilo Jääskinen, dio la razón al buscador al entender que no puede ser considerado «responsable del tratamiento» de los datos contenidos en las páginas web que procesa. La puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros, señalaba el abogado general. Por el contrario, en su sentencia el TJUE considera que al buscador “responsable” de la información que figura en la lista de resultados de una búsqueda y subraya que su actividad puede afectar “significativamente” a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y de protección de los datos personales. La justicia europea tampoco hace distinción alguna por el hecho de que la empresa matriz del buscador esté radicada en un país extracomunitario ya que la publicidad de la que se nutre figura en los resultados de búsquedas de internautas europeos.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el tribunal español planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE para saber el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos y si la actividad de Google encaja en el concepto de tratamiento de datos contenido en la directiva. También planteaba si los derechos de supresión y bloqueo de datos incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona y la competencia de las agencias nacionales de protección de datos, como recuerda el abogado de Costeja, Joaquín Muñoz.

El abogado general de la UE consideraba que los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet no son responsables, sobre la base de la directiva sobre Protección de Datos, de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan pero, en su opinión, la normativa nacional de protección de datos les es de aplicación cuando establecen en un Estado miembro, a fin de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda, una oficina que orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado, aunque el tratamiento técnico de los datos se realice en otro lugar.

El hecho de que Google Spain comercialice en España la publicidad que aparece en las páginas de los internautas hacía supone que la compañía debía ajustarse a la legalidad española. Pero la compañía siempre ha dicho aquella era una información lícita.

Pere Simon, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y experto en cuestiones relativas al derecho al olvido en Internet, califica la sentencia de “sorprendente” al haber virado “de forma sustancial” respecto a la opinión del abogado general de la UE. “El impacto es muy importante: hay muchos casos pendientes de este fallo y la tendencia en el número de reclamaciones va claramente al alza”, subraya. “Hoy tenemos 200 casos sin resolver pero dentro de pocos años este número aumentará exponencialmente”. En contra de lo dictado por el tribunal europeo, Simon considera que la responsabilidad “no es únicamente del motor de búsqueda”, sino que debería ser compartida con el autor de la información original. “Especialmente en el caso de las publicaciones en boletines oficiales”, enfatiza. “La entidad que publica la información dispone de herramientas suficientes para ocultar la información en los buscadores”.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo va en línea con la corriente más avanzada del Parlamento Europeo en materia de protección de datos. El proyecto de normativa aprobado recientemente por la Eurocámara —a expensas del visto bueno definitivo de los Gobiernos nacionales— reconoce por primera vez el derecho al olvido pero lo suaviza respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario. En este contexto, es previsible que la sentencia tenga influencia sobre la próxima regulación de la protección de datos, una de las grandes asignaturas pendientes para la legislatura que echará a andar tras las elecciones europeas del próximo día 25.

Fuente: El Pais

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