Con la firma del consentimiento informado y una adecuada a lex artis, se desestima la demanda

Fuente: GP GRUP
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La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el Recurso interpuesto por una paciente frente a la Administración, porque entendía que la perforación de la matriz que padeció tras un legrado uterino por un aborto diferido, le produjo la perdida del útero fértil, así como un severo trastorno ansioso depresivo,solicitando por ello una indemnización de 224.458,64 euros.
Queda demostrado de la prueba practicada, que la paciente ingresó el 19 de septiembre de 2008 procedente de Urgencias para completar estudio de metrorragia de 1º trimestre. Ante la sospecha ecográfica y analítica de aborto diferido vs. mola hidatiforme, se indicó la realización de un legrado evacuador programado.
La paciente firmó el consentimiento informado donde se especificaba los riesgos inherentes a la anestesia y a la técnica quirúrgica, apareciendo la perforación uterina como la más frecuente complicación asociada al legrado evacuador.
del hematoma retroperitoneal.
La Sala ante los hechos confirmados, concluye que la asistencia sanitaria fue adecuada a la lex artis en cada momento, y las complicaciones surgidas se encontraban entre las posibles en este tipo de intervenciones, habiendo sido resueltas con arreglo a la técnica existente y de forma adecuada a la situación. Se pusieron a disposición de la paciente y del personal médico todos los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles para la resolución exitosa del cuadro que, de otro modo, le habría costado la vida.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nº 168/2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 de marzo de 2014.

«La demanda judicial en las negligencias médicas siempre debería ser el último paso»

SALDAÑA ABOGADOS
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Francisco Javier Saldaña, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, está al frente de este despacho especializado en derecho sanitario y negligencias médicas.
También forma parte del mismo, Belén Saldaña Giralt, licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la Sociedad Española de Peritos Judiciales Mediadores Arbitrales. La experiencia profesional de Francisco Javier Saldaña es amplia e intensa: funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración del Estado y de la Seguridad Social (excedente desde 1991); Letrado del Instituto Nacional de la Salud (excedente desde 1993); Letrado Apoderado del Instituto Nacional de la Salud hasta el año 1998; asesor jurídico de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud de Extremadura entre 1992 y 1995, año en que desaparece dicha institución; asesor jurídico de la Comisión Mixta Universidad de Extremadura-Insalud; participación en innumerables congresos y conferencias relacionadas con el derecho sanitario y el derecho civil y penal; miembro de la Asociación Española de Juristas de la Salud, y colaborador con la Escuela de Práctica Jurídica de Badajoz en materia
laboral y de la Seguridad Social.
– Son especialistas en derecho sanitario y negligencias médicas. ¿Por qué se decantaron por esta especialidad y qué les diferencia?
– Nuestra especialización se fue forjando desde la Asesoría Jurídica del extinto Insalud, en donde colaboró este despacho entre
1989 y 1998. Allí conocimos la materia y comprendimos no solo la creciente demanda de un servicio público en esta especialidad, sino sobre todo la necesidad de los ciudadanos de a pie de contar con profesionales especializados en una materia muy específica, donde « a priori » parece extremadamente complejo e inaccesible iniciar una demanda contra el personal o la Administración sanitaria. Es difícil resaltar las diferencias con otros despachos dado que para ello habría que conocerlos a fondo. Creemos, por tanto, que es mejor resaltar nuestro modo de actuación: atención directa e inmediata; estudio y valoración de la viabilidad del caso, sin coste alguno para el cliente, y experiencia y dedicación a este tipo de asuntos durante 25 años, lo que nos facilita una perspectiva amplia sobre la posibilidad de éxito en las distintas jurisdicciones.
Ver más:

El Gobierno crea el Consejo Médico Forense para ofrecer asesoramiento pericial y unificar criterios científicos

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la creación del Consejo Médico Forense para proporcionar asesoramiento y orientación científica en materia pericial a administraciones, organismos públicos y médicos forenses.

 

 

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido creado este organismo que coordinará la actuación de todos los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), así como con otros organismos internacionales para mejorar la calidad de la pericia que se presta a los tribunales.

La constitución del Consejo Médico Forense es una vieja reivindicación del colectivo plasmada en el Libro Blanco de la Medicina Forense, publicado por el Ministerio de Justicia en 1988. Desde entonces, se han creado diversos Institutos especializados y las comunidades han asumido sus competencias, lo que ha reforzado la necesidad de implementar un órgano consultivo de carácter nacional.

El Consejo Médico Forense estará formado por médicos forenses de los distintos ámbitos científicos y técnicos y contará con la representación de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas. También participarán representantes del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Los primeros serán elegidos vocales por elección de los médicos forenses, mientras que las administraciones designarán a los vocales que les representarán.

El Consejo se reunirá en Pleno con la participación de todos sus integrantes y contará con un Comité Científico-Técnico, compuesto sólo por los vocales médicos forenses. Este último estudiará las propuestas a debatir en el Pleno y los informes más técnicos sobre este campo.

El Consejo Médico elaborará protocolos comunes para homogeneizar los criterios técnicos de actuación de los distintos Institutos de Medicina Legal y ofrecerá apoyo a todos ellos, especialmente a aquellos más pequeños con menos recursos para que no se queden al margen de los avances científicos y técnicos.

PERITOS MEDICOS EN THESAURO

Las tasas judiciales empiezan a frenar las demandas por negligencias sanitarias

A finales de septiembre la familia de Paula Rodríguez, una niña de Poblete de cuatro años que sufre una parálisis cerebral severa, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les diese la razón: su hija fue víctima de una negligencia médica, tras ser sometida al poco de nacer a una operación en el Hospital Gregorio Marañón.

“Sólo” tres años después la justicia ha fallado a su favor en la demanda contra el SUMA (el sistema público de salud madrileño), condenado a abonar una indemnización de 600.000 euros.

Pero esto no es lo habitual, lo frecuente es que pleitos de este tipo se eternicen en los tribunales y no se resuelvan a favor del demandante. Problema al que se ha sumado en el último año el de las tasas judiciales que contemplan la condena en costas en lo Contencioso, para el instigador del procedimiento.

“Ha habido suerte, el caso de Paula entró en una nueva sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la décima, menos atascada que otras”, explica Rubén Darío Delgado, el abogado del equipo jurídico de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), que está detrás de la victoria en los tribunales de los Rodríguez Bastante.

“Ellos van a cobrar, seguro, pero todavía no sabemos cuándo”, afirma en una entrevista en la que este letrado de 30 años, que lleva más casos  en Ciudad Real, se queja de cómo las tasas judiciales de Gallardón están frenando las demandas. “Antes no te podían condenar en costas, ahora sí, y estas demandas son muy costosas, hay que pagar peritaciones médicas…. El demandante debe estar preparado para  disponer antes de una parte proporcional de lo que reclama y eso es muy difícil”, añade.

Avinesa, una asociación sin ánimo de lucro fundada por familiares de víctimas, lleva desde la mitad de los noventa asesorando a víctimas y familiares de errores graves como consecuencia de mala práxis o mal funcionamiento de la sanidad. Fueron los primeros en organizarse para hacer frente a denuncias “que entrañan enormes dificultades”.

En Ciudad Real el caso de Paula ha sido todo un premio a un trabajo que todavía no ha terminado: “El SUMA no ha recurrido por lo que la sentencia es firme. La administración tiene un plazo de dos meses para pagar voluntariamente y el tiempo corre a nuestro favor puesto que cuanto más se retrasen más intereses tienen que abonar”.

No obstante, no será la sanidad pública madrileña quien pague sino su aseguradora, que es la misma que la que tiene que hacer frente al accidente del Alvia de Santiago de Compostela.

“Si no nos pagan tendremos que presentar una demanda ejecutiva, que tiene por objeto el embargo de bienes, pero no creo que tengamos que llegar a eso”, agrega el abogado.

En Ciudad Real Delgado lleva además otros casos. Uno de ellos se parece al de la niña Paula, porque tiene que ver con un parto, pero es todavía más grave. Se trata de una niña nacida el 16 de julio de 2011 en el Hospital General y que sufre problemas neurológicos severos por una presunta mala práxis durante el alumbramiento.

La madre, que ya había tenido otro hijo por cesárea, tuvo complicaciones en el segundo parto, “le quitaron la monotorización cuando se veia que el niño se estaba asfixiando por una bradicardia grave. Además tuvo a este bebé de manera natural cuando había sido sometida a una cesárea y si se da esta circunstancia debe haber un consentimiento informado. Un parto natural tras una cesárea implica riesgos y no le dieron la oportunidad de asumirlos”, detalla Delgado.

También de la provincia lleva otra denuncia de un hombre de unos 50 años que fue sometido a unas pruebas en el Hospital La Mancha Centro que le dejaron problemas cardiacos severos (es de 2008).

Y una tercera denuncia, en esta ocasión en una clínica privada, en la que no supieron ver a tiempo un grave melanoma en un hombre de 30 años lo que provocó un retraso de diagnóstico de consecuencias fatales.

De los asuntos de Castilla-La Mancha, denunciados ante los tribunales de lo Contencioso de Toledo sede del Servicio de Salud regional, el abogado de Avinesa explica que van “anormalmente lentos” en comparación con denuncias en otras comunidades autónomas.

 

Fuente: Lanza digital

El acto pericial

Por: Ricardo de Lorenzo

Fuente: Redacción Médica

Los cambios sufridos en el ejercicio de la función pericial, a solicitud de parte o privada, posibilita el nacimiento de las reclamaciones de responsabilidad, no solo por el número de personas y de actos periciales que se realizan, sino porque la contrapericia favorece la valoración de la calidad de los informes periciales, junto a la nueva regulación dada a la actividad pericial en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y a la que se pueda finalmente incorporar en la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en cuyo Anteproyecto, aprobado en Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto se establece la creación de un Registro de peritos judiciales que dependerá del Ministerio de Justicia.

La medicina legal y el ejercicio de la actividad médico pericial, aún no ha comenzado a vivir las reclamaciones en sede de Responsabilidad Profesional, con la misma intensidad de otras especialidades, lo cual no quiere decir que no vayan a sufrir esta situación, o que este período de tranquilidad esté tocando a su fin ante algunas escasas reclamaciones que ya se han formulado.

Sin olvidar que además de las responsabilidades comunes en las que puede incurrir cualquier otra persona que vive en sociedad, el Médico y el Médico Perito pueden incurrir en los mismos tipos de responsabilidad en su ejercicio profesional, comunes para ambos, porque las bases de los distintos tipos de responsabilidad legal son iguales para todas las personas y actividades.

Es evidente que se terminará transitando a que cualquier Médico por el hecho de tener una formación médica en cualquier especialidad no tendrá derecho a hacer un Peritaje sin la acreditación científica, legal y deontológica especializada. En EEUU las Comisiones Nacionales de las Especialidades Médicas o las Sociedades científicas, capacitados para extender licencias para el ejercicio Médico, también tienen competencias sancionadoras a los Médicos, incluso para retirarles del ejercicio profesional, dado que Asociación Médica Americana resolvió que la actuación pericial es una parte de la práctica médica y que también debería estar sometida a revisión, y si su actuación es negligente debería ser sometido a su Comité estatal y ser castigado (ASO, J., 2009).

En el caso de los Estados Unidos que comentamos, de una situación igualmente de absoluta inmunidad se ha pasado al de plena exposición a las reclamaciones contra los Peritos especialmente desde la resolución que supuso un hito en el análisis de los fundamentos de un dictamen pericial, contenido en la Sentencia dictada en el caso Austin Vs. American Association of Neurological Súrgeons, 253 F3d 967, 7th Circuit, 2001, por la que el Dr. Austin fue condenado y suspendido de la Asociación Americana de Neurocirujanos, resultando impedido para realizar futuras actuaciones periciales, por deformar el estándar de cuidado de una actuación pericial, considerando como una negligencia la lesión del nervio recurrente durante una intervención cervical, y además afirmar que la mayoría de los neurocirujanos estaban de acuerdo con él.

En Francia e Inglaterra que también han visto desarrollar la actividad médico pericial en la década de los 70, es a finales de los 90 cuando han comenzado a formularse reclamaciones por responsabilidad a los peritos médicos situaciones que nos avisan que no está lejano el momento de revisar los seguros de responsabilidad profesional específicamente de los Peritos. La aceptación de un informe pericial sin tener la adecuada formación Médica y Medico-Legal o jurídica para hacer un enfoque correcto del caso, comporta un considerable riesgo de incurrir en supuestos de responsabilidad profesional, siendo negligente cuando se produzca una insuficiencia de conocimientos, de medios o de análisis de las cuestiones médico periciales.

Y España sigue el mismo camino, con cada día más frecuentes resoluciones en este sentido, siendo un claro ejemplo la Sentencia de 6 de Marzo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quien en un procedimiento Contencioso Administrativa, por una desestimación presunta de una reclamación patrimonial de la Administración presentada en el año 2005 frente al Servicio Cántabro de Salud, acuerda deducir testimonio de la Sentencia y de los Informes Periciales de seis Peritos intervinientes en el procedimiento al objeto de depurar las posibles responsabilidades penales si existieran. El Acto Pericial se debe entender como un Acto Médico que debe estar legitimado y tiene que tener un fin, un consenso y estar ajustado a la “lex artis”.

La acreditación y formación unificada de los peritos mejoraría su prestigio

Fuente: Redacción Médica

 

Los profesionales señalan que el primer principio exigible en este ámbito es la ética.

 

La formación, acreditación y responsabilidad de los peritos en el ámbito sanitario ha centrado la atención del taller de trabajo de Promede, que ha moderado Ofelia De Lorenzo, miembro de De Lorenzo Abogados, durante la XX edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Los profesionales aseguran que es precisa una legislación que concrete la formación y acreditación de aquellos que se dedican a la pericia.

Luis Bernaldo de Quirós, director médico del Área de Responsabilidad Profesional Sanitaria de Promede; Mariano Casado, secretario de la Comisión Central de Deontología de la OMC; Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz; Ofelia De Lorenzo, letrada de De Lorenzo Abogados; José Guerrero Zaplana, magistrado de la Audiencia Nacional; y Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Daño Corporal.

Luis Bernaldo de Quirós, director médico del Área de Responsabilidad Profesional Sanitaria de Promede, ha realizado un recorrido histórico de la evolución de esta práctica en España y ha resaltado el buen hacer de su organización, que ha logrado reunir a un cuerpo de médicos especialistas no con el fin de realizar informes, sino con la de aportar sus conocimientos en este campo.

Para Bernaldo de Quirós, “la pericia no se puede entender sin la colaboración de médicos especialistas”. Aunque reconoce que hoy tiene un nivel levado, es consciente falta formación, sobre todo en aspectos legales. Por lo que, a su juicio, “sería bueno unificar la formación para llegar a un nivel excelente”.  También se ha mostrado partidario de llegar a acuerdos prejudiciales, que evitarían el colapso del sistema judicial, donde los peritos tendrían un importante papel, pero para ello “es necesario generar la suficiente confianza en todos los estamentos”.

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Guerrero Zaplana,  ha señalado que la prueba pericial tiene una enorme utilidad porque determina la lex artis, las lesiones en los procesos de incapacidades o fija las lesiones o secuelas. El magistrado ha comentado que “al juez hay que darle hechos para que pueda determinar derechos” y ha indicado que “el perito no es una de las partes del procedimiento, sino un auxiliar del juez, ya que aporta conocimientos técnicos que le faltan al tribuna, pero no valora ni realiza consideraciones jurídicas”. Aunque Guerrero Zaplana prefería cuando el perito era garantía de imparcialidad, acepta que “hoy son peritos de parte, que defienden  la posición de quien encarga la pericia”.

Por su parte, Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha explicado que “aunque son peritos de parte, no se puede pretender buscar ‘trajes a medida’, puesto que la obligación de decir la verdad le compromete” y ha expuesto que “los jueces tienen dificultades cuando la pericia no es fidedigna”.

Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Daño Corporal, ha hecho hincapié en que “el principio exigible a todo perito es la ética”. Laborda ha lamentado que no exista una legislación que detalle cómo debe formarse un perito y ha pedido que sean las universidades las que acrediten la capacidad para poder ejercer en este ámbito, porque “el código deontológico es violado permanentemente en la mayoría de las pericias”.

Por último, Mariano Casado, secretario de la Comisión Central de Deontología de la OMC, ha afirmado que parece que “parece que basta con ser médico para ser perito” cuando es preciso que haya “una debida formación, con una capacitación profesional acreditada”.

¿Cómo reclamar una indemnización por un accidente en la vía pública?

 

Por Dr. Jacinto Lajas

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Los accidentes en la vía pública aumentan cada año.
El mal estado de la vía pública puede dar lugar a accidentes por parte de los peatones. Si has
sufrido algún daño a causa de un accidente en la vía pública puedes reclamar una indemnización,
con ejemplos como, por daños provocados por mal estado del pavimento, el desprendimiento de
la base de un alcantarillado, ante caídas de señales, baldosas, o incluso por daños a causa de las
caídas de raíces de los árboles.
Para poder reclamar la indemnización puedes llamar a la Policía en el momento del accidente
para que realice un atestado correspondiente de la situación. Es posible que necesites testigos que
puedan corroborar tu versión de los hechos, dando parte en el atestado.
En caso de acabar con lesiones deben quedar reflejadas en el parte médico, con el fin de
conseguir un justificante para la Seguridad Social. La reclamación debe presentarla a través de
una instancia en el consistorio que tenga la titularidad municipal de esa vía, concretamente, en el
Registro General del Ayuntamiento.
Para lograr su tramitación recomendamos realizar un estudio del caso. Una exploración corporal
para valorar el daño causado. Aportar documentación médica del paciente. Realizar un informe
de viabilidad del caso para poder valorar las secuelas. Llegados a este punto, si todo está en
regla, el cliente podrá llegar a un acuerdo extrajudicial a través de un Informe Médico Pericial
para poder asistir a juicio.
Causas del deterioro de la vía pública
La multitud de reclamaciones presentadas ante los tribunales por accidentes en la vía pública han
crecido en los últimos años. La austeridad de la Administración Pública a causa de la crisis ha
obligado a acudir solo a los desperfectos que sean realmente un peligro para la seguridad vial.
Las denuncias judiciales más frecuentes en los últimos años están relacionadas con el deterioro
de las carreteras, donde se suceden reclamaciones por accidentes debido a obstáculos producidos
por el paso del tiempo.
Aunque también existen muchas denuncias relacionadas con desprendimientos de aceite, por
animales, o por incidencias meteorológicas, como el hielo. En estos casos es más difícil justificar
una indemnización.
En los espacios públicos municipales, la denuncia más común está relacionada con el mal estado
de las aceras y los incidentes producidos en las áreas de ocio infantil.

Diferencias entre incapacidad y minusvalía

Por Dr. Jacinto Lajas

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Diferencias entre incapacidad y minusvalía
JUNIO 28, 2013
Minusvalía e incapacidad son términos en apariencia parecidos, pero que guardan diferencias entre sí. Es
importante evitar la confusión y saber identificarlos correctamente.
La minusvalía o discapacidad es la consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de
carácter congénito o no, en las capacidades físicas, psíquicas o sensoriales de la persona, y que no tiene
por qué darse conjuntamente con una situación de incapacidad o de invalidez. Estas personas cuentan
con las ventajas fiscales, medidas de reserva de puestos de trabajo, medidas para el fomento de su
contratación y otras ayudas establecidas en la legislación vigente en cada momento.
La competencia para reconocer la existencia y el grado de una minusvalía corresponde al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. La condición legal de minusválido se alcanza con el 33% o más, de
menoscabo global, de disminución física, psíquica o sensorial en la persona. Un trabajador en silla de
ruedas, por ejemplo un médico o un abogado, puede ser susceptible de una minusvalía de un 65% y
estar capacitado para trabajar.
Cuando se habla de incapacidad,es una alteración continuada de la salud, que imposibilita o limita a
quien la padece para la realización de una actividad profesional. Hay distintos tipos de incapacidad:
permanente total, permanente parcial, permanente absoluta o gran ivalidez.

Ejemplos de incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total,
incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez
La incapacidad permanente parcial significa que individuo está limitado para algunas de sus tareas
profesionales fundamentales. Por ejemplo: una peluquera desarrolla una alergia al tinte. Además de
teñir, sus labores habituales consisten en cortar y peinar a los clientes. Esta trabajadora sería
susceptible de una incapacidad permanente parcial ya que a pesar de poder seguir trabajando como
peluquera no podría desempeñar la tarea de teñir siendo una actividad no única, pero importante para la
prestación de servicios.
En la incapacidad permanente total el paciente no puede continuar realizando las tareas fundamentales
de su trabajo habitual. Un ejemplo sería un camarero que pierde el pie, impidiéndole realizar su
profesión habitual, pero pudiendo acceder a un puesto administrativo.
Una incapacidad permanente absoluta consiste en que la persona no puede realizar ningún tipo de
trabajo debido a que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o común. Una
persona, por ejemplo, que sufra de alguna patología funcional invalidante como una esclerosis múltiple o
una espondilitis anquilopoyética en grado avanzado, puede ser susceptible de este grado de incapacidad
o invalidez. También se incluyen las patologías psiquiátricas como una depresión mayor con intento de
suicidio o un paciente que sufre de trastorno bipolar.
La situación más extrema es la de gran invalidez, en la que el trabajador como consecuencia de pérdidas
anatómicas o funcionales (tetraplejias, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con
graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.) necesita la asistencia de otra persona
para los actos más esenciales de la vida. Estas personas son perceptoras de la prestación económica que
corresponda, que puede consistir en la obtención de una cantidad a tanto alzado (incapacidad
permanente parcial, 24 mensualidades) o en una pensión vitalicia en función del grado de invalidez.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el encargado de declarar la calificación de
incapacidad o invalidez, la determinación de su grado y el reconocimiento del derecho de subsidio.

Médicos y Dirección General de Tráfico

 

Por Ricardo De Lorenzo

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Artículo incluído en Revista de Derecho Sanitario

Miércoles, 20 de marzo de 2013, a las 17:28

La iniciativa de la Dirección General de Tráfico de hacer públicos sus trabajos con diferentes colectivos, excepto los colectivos sanitarios, que han sido obviados y desconocen estos trabajos (sic), para que precisamente los Médicos de urgencias o de cabecera  sean los primeros en alertar sobre los pacientes que no se encuentren en condiciones para conducir, bien sea por enfermedad permanente o transitoria o que esté tomando una medicación, que lo esté incapacitando para conducir, deberán informar de ello al jefe provincial de Tráfico para iniciar el proceso de revocación temporal o permanente del permiso para conducir, me ha dejado estupefacto, y francamente sorprendido por la búsqueda de implicación de una profesión, pero sin contar con ella.

En el ámbito del Derecho Sanitario, uno de los valores que, de forma sobresaliente, le otorgan a los seres humanos el estatuto de la dignidad lo representa, sin lugar a dudas, la autonomía del paciente, entendida ésta como la capacidad de autogobierno que le permite al paciente elegir razonadamente en base a una apreciación personal sobre las posibilidades futuras, evaluadas y sustentadas en un sistema propio de valores.

Esta autonomía, no obstante, debe tener como complemento a la libertad dado que nadie puede autogobernarse si se le restringe, coarta, soslaya, limita o impide de alguna manera su ejercicio. Aunque sin embargo, y esto también es importante, la autonomía tiene siempre ante sí la frontera que le impone su relación con otra u otras personas, el no causarles perjuicio.

Esta autonomía ejercida en libertad nos otorga el valioso “don” de elegir personalmente frente a los diferentes y diversos proyectos de vida. La autonomía, entonces, debe facilitarse y garantizarse para todos y, asimismo, como ninguna persona tiene facultades para intervenir de alguna manera en dicha elección, deben establecerse todos aquellos mecanismos necesarios para impedirlo. Y en este sentido tenemos una gran regulación como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos de información y documentación clínica, norma legal ésta que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico las directrices del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que mucho temo no se está teniendo en cuenta.

También el secreto profesional, que nuestro vigente Código Penal, promulgado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, incorpora a través del delito de “violación del secreto profesional”. Secreto que ha estado desde siempre tan unido a la actividad médica, que ha podido decir Portes que “no hay médicos sin confianza, confianza sin confidencias y confidencias sin secreto”. Cabe afirmar por ello que el secreto médico constituye una de las más antiguas instituciones de la sociedad occidental, tan añeja que, con toda seguridad, es muy anterior al propio Hipócrates.

El Código de Deontología Médica, que es la guía de Ética Médica, contempla en su Art. 27 el secreto Médico como “uno de los pilares en los que se fundamenta la relación médico‐paciente, basada en la mutua confianza, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional”, comportando para el Médico la obligación de mantener la reserva y la confidencialidad de todo aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como consecuencia de su trabajo y tenga relación con la salud y la intimidad del paciente incluyendo el contenido de la historia clínica”, para terminar estableciendo que “El médico no puede colaborar en ninguna base de datos sanitarios si no está garantizada la preservación de la confidencialidad de la información depositada en la misma”.

El secreto profesional debe ser la regla. No obstante, el médico podrá revelar el secreto exclusivamente, por imperativo legal en tres casos: 1. En el parte de lesiones, que todo médico viene obligado a enviar al juez cuando asiste a un lesionado. 2. Cuando actúe como perito, inspector, médico forense, juez instructor o similar. 3. Ante el requerimiento en un proceso judicial por presunto delito, que precise de la aportación del historial médico del paciente, el médico dará a conocer al juez que éticamente está obligado a guardar el secreto profesional y procurará aportar exclusivamente los datos necesarios y ajustados al caso concreto.

Y por último el Convenio 108 del Consejo de Europa considerado la piedra angular del derecho a la protección de datos, que España ratificó en enero de 1984, origen de nuestras Leyes vigentes de Protección de Datos.

Normativa toda la anterior que a buen seguro la Dirección General de Tráfico, habrá tenido en cuenta, por lo que lo único que le queda es tener en cuenta a los Médicos, no solo para la iniciación del procedimiento de revocación del permiso de conducir, sino para oírles, contar con ellos y dejarse aconsejar desde el Derecho Sanitario.