La diferencia entre los gastos y las costas del proceso

Artículo de: María Dolores García Sánchez , abogada Palma de Mallorca, incluida en el Buscador Judicial Thesauro y en la Guía Española de la Abogacía y Periciales.

El incumplimiento del deudor de la obligación lleva aparejada gastos y
costas del proceso.
Por gastos entendemos toda cantidad que una persona debe pagar por la
contraprestación de un artículo o un servicio. Por ejemplo, el envío de un
burofax, un requerimiento notarial, serían gastos extrajudiciales, pero estos
gastos, también pueden ser judiciales.
Por costas del proceso entendemos los gastos que se tienen que abonar y
que son inherentes al proceso. Por ejemplo, los honorarios de abogados,
procuradores, peritos.
El artículo 241 de ley de Enjuiciamiento Civil, define lo que son gastos y
costas del proceso.
Así, se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su
origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso.
Siendo que cuando se habla de costas, se refiere a:
1º Honorarios de la defensa y representación técnica cuando sea preceptiva.
2º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse
en el curso del proceso.
3º Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
4º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a
personas que hayan intervenido en el proceso.
5º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que
hayan de solicitarse conforme a la ley, salvo los que se reclamen por el
tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
6º Derechos de arancelarios que deban abonarse como consecuencia de
actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
7º La tasa para ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea
preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa
abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la
adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás
procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos
hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra sus
avalistas.
Los titulares de crédito derivados de actuaciones procesales podrán
reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el
proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre
costas que en éste recaiga.
La reclamación de pago por el incumplimiento bien sea extrajudicial o
judicial, sin duda comporta gastos.
Entenderemos como gastos extrajudiciales, las notificaciones y
requerimientos de pago mediante los que se intimida al deudor para el
cumplimiento del pago.
Y entenderemos como gastos judiciales, todos aquellos que se generen
como consecuencia del inicio del procedimiento judicial, incluidos los de
los profesionales intervinientes para la obtención de la satisfacción del
cumplimiento de la obligación.
En este apartado tenemos que atender a lo dispuesto en el artículo 1168 del
Código civil y en los artículos 394 a 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 1168 C.c. Los gastos extrajudiciales que ocasione el pago serán de
cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el Tribunal con
arreglo a la ley de enjuiciamiento civil.
Por tanto, los gastos que se efectúen por el acreedor para satisfacer su
crédito tendrán que ser abonados por el deudor, pues en caso contrario, el
acreedor si tuviera que asumir el pago de esos gastos, recibiría una cantidad
menor de la que realmente consistiría la obligación.
Las costas son los gastos consecuencia del procedimiento judicial que se
impondrán según lo preceptuado en los artículos 394 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

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La abstención y recusación en los procesos judiciales

 

Artículo de : María Dolores García Sánchez , abogada de Palma de Mallorca, incluida en el Buscador Profesional Thesauro y en la Guía Española de la Abogacía y Periciales. 

 

El diccionario nos dice que abstención es la acción de abstenerse, siendo que abstenerse es privarse de algo. Si este significado lo trasladamos al ámbito procesal de los órganos judiciales, definiremos la abstención como la obligación, que impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Jueces y Magistrados, así como los Letrados de la Administración de Justicia (anteriormente denominados Secretarios Judiciales, hasta la reforma de la LOPJ, por LO 7/2015, de 21 de julio), Fiscales, funcionarios y peritos designados judicialmente.

Sin embargo, la recusación nos dice el diccionario, que es acción y efecto de recusar, siendo que recusar es no querer admitir o aceptar una cosa, rechazándola. Si esto lo trasladamos al ámbito procesal de los órganos judiciales, podríamos definir la recusación como el acto procesal que tiene por objeto impugnar la actuación de un Juez, Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia, Fiscal, funcionario o perito designado judicialmente.

La Abstención y recusación se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial en los artículos 217 y siguientes, así como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los artículos 99 a 128.

Tanto la abstención como recusación se regulan en la ley, puesto que vienen a ser garantías del Estado de Derecho, toda vez que el artículo 24 de la Constitución Española, establece: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez Ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas, y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y la presunción de inocencia”.

Y el artículo 117.1 de la Constitución, establece: “1. La Justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.”

El Juez o Magistrado que tiene que conocer de un procedimiento viene legalmente instituido con independencia e imparcialidad, con el único sometimiento al imperio de la Ley.

Por dicha razón para que el juez u otro funcionario, o perito que intervenga en el litigio sea imparcial, la ley regula los procedimientos de abstención y recusación, con el fin de si se cumplen las causas legalmente establecidas, el juez, funcionario o perito en primer lugar tiene la obligación de abstenerse en la intervención del litigio, y en caso de que no se abstuviera, la parte litigante que crea que su intervención puede estar contaminada de parcialidad, es decir, que se tenga interés en que el pleito se resuelva en un determinado sentido, puede siguiendo el procedimiento legalmente establecido para ello, recusar a dicho juez, funcionario o perito nombrado judicialmente.

Son causas de abstención y recusación:

1ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o con el representante del Ministerio Fiscal.

2ª 1ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa.

3ª Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.

4ª Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

5ª Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervención en él como fiscal, perito o testigo.

7ª Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

8ª Tener pleito pendiente con alguna de éstas.

9ª Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

10ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

11ª Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

12ª Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.

13ª Haber ocupado cargo público, desempeñando empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

14ª En los procesos en los que sea parte la Administración pública, encontrándose el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª de este artículo.

15ª El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del procedimiento.

16ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.