¿CUÁNTO VALE MI CASA?

 

Artículo de : GP GRUP peritos judiciales en toda España, incluidos en el Buscador Profesional Thesauro 

¿Quieres vender una vivienda?¿Quién tasa una vivienda?

Si quieres vender una vivienda, una decisión que tendrás que tomar será el precio de venta. Existen posibilidades de que el valor de esta no tenga nada que ver con el que tenía la casa cuando se compró, por lo que, para establecerlo, no podrás guiarte por su precio de compra.

Para saber el precio del hogar será necesario una valoración de la vivienda o una tasación inmobiliaria, en la cual un perito acreditará el valor actual de la propiedad.

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¿Quién tasa una vivienda?

Los precios de la vivienda cambian de forma rápida, cuando se quiera determinar el valor de una propiedad habrá que contactar con un experto en tasación, normalmente un arquitecto, un perito arquitecto o arquitecto técnico, Para elaborarlo, el tasador deberá visitar la vivienda.

El tasador profesional aplicará para su valoración el método de comparación, tendrá en cuenta la información de al menos seis ofertas o compraventas comparables, así como la evolución de precios de la zona y la situación inmobiliaria del momento.

¿Qué influye para valorar un piso?

El valor del mercado de la vivienda y su evolución influye en el resultado de la tasación. Además habrá otros factores determinantes como: la antigüedad del piso, el estado en el que se encuentra, el grado de eficiencia energética y distribución o los gastos de venta de vivienda. Las características del edificio, incluyendo sus servicios y áreas comunes, influirán en el valor del piso, del mismo modo lo hará la zona en que se ubica.

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Los arrendadores no tendrán que presentar el modelo 390. POR ALQUILER

Calculadora, Cálculo, Seguro, Las Finanzas
Mediante la Orden Ministerial HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, publicada en el BOE del pasado 19 de diciembre, se han modificado los modelos 330, de autoliquidación del IVA, y 390, correspondiendo en la declaración resumen anual del IVA.
La principal novedad de esta modificación, aplicable desde este mes de enero, radica en la posibilidad de que, mediante la consignación de cierta información adicional en la autoliquidación (modelo 303) correspondiente al último trimestre, ciertos sujetos pasivos queden exonerados de la presentación del resumen anual del IVA.
La información adicional que se deberá incluir en el modelo 303 del cuarto trimestre para quedar exonerados de la presentación del resumen es la relativa a la identificación de las actividades a las que se refiere la declaración y la consignación del  detalle del volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio. Además, se especifica que no procederá la exoneración en caso de que no exista obligación de presentar la autoliquidación correspondiente al último trimestre por haberse dado de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes del inicio del mismo.
El alquiler de vivienda (si se destina a vivienda) está exento de IVA, y por tanto no hay que presentar ninguna declaración de IVA. Ni trimestrales ni anuales.
Otra cosa sería que la vivienda se alquilara a una empresa como oficina, por ejemplo. Entonces si que está sujeto a IVA y en ese caso SI que está exonerado de la obligación del 390. A cambio, en el 303 del 4T hay que informar de algunas cifras.
En concreto los sujetos pasivos que no estarán obligados a la presentación del modelo 390 son aquellos que tributen en régimen simplificado del IVA y los arrendadores de inmuebles urbanos, siempre y cuando presenten sus declaraciones de IVA con período trimestral y que realicen exclusivamente estas actividades.
Es respecto al los arrendadores cuando la presente modificación adquiere especial relevancia ya que muchos arrendadores de inmuebles arriendan, conjuntamente, viviendas y locales, lo que supone que deban aplicar la regla de prorrata. En el modelo 390 se informa del porcentaje de prorrata definitivo aplicable al ejercicio, pero, al quedar exonerados de la presentación de dicho resumen, la Agencia Tributaria dejará de obtener la referida información, que es de gran relevancia y que origina un gran número de comprobaciones. Lo cierto es que la norma no prevé ninguna excepción y no distingue entre sujetos pasivos con derecho a la deducción plena y aquellos que están en prorrata, por lo que, con el actual redactado, los arrendadores que se dediquen exclusivamente a esta actividad no estarán obligados a presentar el resumen anual del IVA y, por ende, no informarán del porcentaje de prorrata definitivo. Del mismo modo, tampoco se distingue entre personas físicas y jurídicas, quedando exonerado cualquier tipo de sujeto pasivo siempre y cuando cumpla con los requisitos.

CLÁUSULAS SUELO Y COMISIONES ABUSIVAS: ASPECTOS PRÁCTICOS

Artículo de: Miguel Ángel Sánchez-Jauregui *abogado . Publicado en Economist & Jurist (  n.º 200 de Mayo 2.016)

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En los últimos años ha sido incesante el goteo de pronunciamientos judiciales que han declarado la nulidad de las llamadas “cláusulas suelo”. Sin perjuicio de lo que nos deparen los próximos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Justicia en cuanto a la aplicación temporal de los efectos de tal nulidad, nos centraremos ahora en el análisis teórico y práctico-procesal de las acciones judiciales para solicitarla, no sólo respecto de las “cláusulas suelo”, sino de todas aquellas que puedan considerarse abusivas. El cauce procesal que hemos elegido, por ser quizá el más habitual, es el que resulta de la legislación reguladora de las condiciones generales de la contratación y de la defensa de los consumidores y usuarios. Y en este punto concreto hemos de llamar la atención sobre la modificación del artículo 86.ter. 2.d) de la LOPJ a través de la L.O 7/2015 de 21 de Julio, que restringe la competencia de los Juzgados de lo Mercantil a las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a las condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, y que en consecuencia nos conduce ante el Juez de Primera Instancia cuando se trata de la defensa de un consumidor individual.

 

Dicho lo anterior, analizaremos primeramente el contexto en que nos encontraremos a la hora de plantear una acción de este tipo y los conceptos básicos fundamentales. Por lo general tendremos ante nosotros a un cliente endeudado y/o con dificultades para pagar un contrato de préstamo hipotecario o personal, que nos presentará una escritura o un documento con un amplio clausulado que nunca llegó a leer, y que posteriormente en tiempos de dificultad le ha traído una serie de cargos en su cuenta corriente, curiosamente siempre en favor de la entidad financiera y mayores cuando peor está su situación económica. Veremos los extractos de su cuenta bancaria, en los que contemplaremos cómo a la falta de abono de las últimas cuotas se añaden elevados importes en su contra en concepto de intereses de demora, comisiones por posiciones deudoras, comisiones por descubierto…..efectivamente, nuestro deudor está metido en un pozo del que difícilmente podrá salir, máxime cuando a la gran piedra que lleva atada a los tobillos -desempleo, complicada situación familiar, acumulación de otras deudas- y que le ha llevado al impago, se le añaden otras piedras que le caen de lleno en forma de intereses de demora y comisiones varias.

 

Con estos antecedentes, deberemos tener claros varios conceptos fundamentales a la hora de comenzar nuestra batalla judicial:

 

  1. a) La “clausula abusiva”: La Exposición de Motivos de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación, dictada en transposición de la Directiva 93/13/ CEE del Consejo, señala que solo tendrán la consideración de abusivas aquellas cláusulas que, en contra de las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales.

 

  1. b) Condiciones Generales de la contratación: son las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

 

  1. c) Contratos de Adhesión: son aquellos que se crean y redactan por una de las partes contratantes, en este caso las entidades financieras, en los que el aceptante se limita a adherirse al mismo en su totalidad. Conviene recordar en este punto lo manifestado por los Tribunales, en el sentido de que el carácter impuesto de una cláusula o condición general prerredactada no desaparece por el hecho de que la entidad formule una pluralidad de ofertas cuando todas están estandarizadas con base a cláusulas predispuestas, sin posibilidad real alguna de negociación por el consumidor medio. En consecuencia, lo fundamental en estos contratos es la “imposición de contenido”.

 

  1. d) Consumidores o usuarios: son las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial empresarial, oficio o profesión. Y también las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

 

  1. e) Importante: las cláusulas abusivas pueden tener o no el carácter de condición general, ya que también pueden darse en contratos particulares, siempre que no exista negociación individual de sus cláusulas.

 

Pues bien, vistos estos conceptos y sin ánimo exhaustivo, pues la imaginación de las entidades financieras no tiene límites, nos referiremos a algunas de las cláusulas abusivas más habituales, no sin antes recordar que según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”.

 

  • Las cláusulas que regulan los intereses de demora: podríamos dedicar varios artículos a esta materia, pero nos desviaríamos de nuestro objetivo. Por ello simplemente destacaremos que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 265/2015, de 22 de Abril, considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo personal. En la práctica habitual, y a pesar de la doctrina jurisprudencial indicada, vemos habitualmente contratos de entidades financieras con un interés remuneratorio de entre un 8 y un 11 %, con intereses de demora de hasta el 29 %. Repasen el contrato de financiación de su vehículo o de sus electrodomésticos y lo comprobarán.
  • Las cláusulas suelo: Objeto de numerosos y continuos pronunciamientos judiciales, siendo el de más trascendencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Mayo de 2.013, son aquellas disposiciones incluidas en préstamos hipotecarios a interés variable, mediante las cuales se fija un tipo de interés mínimo aplicable. Se consideran abusivas y por tanto nulas, porque las entidades no han cumplido con el deber de transparencia, que implica que el consumidor pueda comprender de manera real y no de manera puramente formal los aspectos básicos del contrato. Se trata de condiciones que, aunque puedan presentar una redacción más o menos clara, se ubican entre una gran cantidad de datos y dentro de los capítulos dedicados al interés variable, diluyendo con ello la atención del consumidor, planteando un escenario en el que aparentan que el tipo sería nominalmente variable al alza y a la baja, cuando en realidad lo sería únicamente al alza gracias a esa limitación contenida en la cláusula, que por supuesto solamente beneficiaría a la entidad financiera. A mayor abundamiento, los tribunales consideran que estas cláusulas reciben en los contratos un tratamiento secundario, impropio de su relevancia, con el objeto de pasar desapercibidas, lo cual empuja a estas disposiciones directamente hacia su nulidad por no superar el necesario control de transparencia, siendo la consecuencia inmediata la obligación del banco de devolver las cantidades indebidamente percibidas por la aplicación del interés-suelo.
  • Las comisiones por posiciones deudoras o por recibos impagados: Se trata de aquellas cláusulas que imponen al prestatario el pago de una comisión fija en el caso del impago de cualesquiera de las cuotas de amortización del préstamo en la fecha prevista para ello, y que pueden alcanzar de importes de hasta 30 € según las entidades. Han de considerarse abusivas porque no responden a un coste real que el impago cause a la entidad de crédito, ni tampoco responden al coste de la reclamación judicial de la deuda, que ya aparece resuelta vía artículo 394 LEC.
  • Las comisiones por descubierto: Consisten en el pago, bien de un interés sobre el mayor saldo deudor mensual, o bien en una cantidad fija que en algunas entidades ronda los 40 €, por el hecho de la cuenta quede en descubierto. Estas comisiones se cobran obviamente aparte la aplicación de los intereses de demora y la comisión por recibo impagado si procede. También deben considerarse nulas al no responder a un coste real para la entidad.
  • Las comisiones por el retraso en el pago de una cuota de préstamo, que como su propio nombre indica, supone el pago de un interés o una cantidad fija por tal retraso, y que los Tribunales vienen considerando nulas por lo antes expuesto.
  • Otras comisiones, como las de apertura y desistimiento, a las que se puede aplicar igualmente el calificativo de abusivas, sobre todo cuando tienen lugar en aquellas situaciones en que se produce una novación del préstamo y el otorgamiento de una nueva escritura, o bien en aquellas otras en que se da un encadenamiento de préstamos con motivo de operaciones de refinanciación, combinando incluso préstamos hipotecarios y personales. En todos estos casos hemos de defender igualmente que no procede la aplicación de comisiones al no responder a costes reales para las entidades, máxime cuando todos los gastos de las operaciones se cargan al cliente y se incluyen en el préstamo resultante, quedando sujeta la cantidad prestada al devengo de los oportunos intereses.

 

La demanda. Llegados a este punto, procedemos a la reclamación, cuyo cauce procesal será el Juicio Ordinario. De entre los numerosos modelos y formularios que pueden encontrarse, vamos a proporcionar uno muy sucinto con los datos generales, debiendo insistir en que los Juzgados Civiles serán los competentes para las reclamaciones individuales, y los mercantiles para las colectivas.

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE …………

 

D./DÑA……………., Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D./DNº………………, mayor de edad, con domicilio en ……, calle de ……. nº…….. y DNI……..-., como acredito por medio de escritura de poder que se acompaña como documento número 1, y bajo la dirección técnica del letrado del ICAM …………….., colegiado ……,, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

 

Que en la representación que ostento formulo DEMANDA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO sobre CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN contra la entidad bancaria ………………..…...….., con domicilio en ………,…………… nº .. y CIF …………., en base a las razones y peticiones que se dirán, basándome para ello en los siguientes:

 

H E C H O S

PRIMERO.- Mi mandante es una persona física, residente en esta capital, que suscribió para su exclusivo uso y en un ámbito ajeno a cualquier actividad empresarial o profesional, un contrato de préstamo hipotecario con la mercantil demandada en fecha.….., contrato que posteriormente fue novado y modificadas algunas de sus cláusulas en posterior escritura de fecha …., motivado por las dificultades económicas que atravesaba para poder afrontar el pago del préstamo hipotecario y que le habían llevado a una situación de morosidad.

Pasado un tiempo, mi representado queda en situación de desempleo y no puede afrontar estos pagos, ante lo cual la demandada le ofreció como única posibilidad para intentar solucionar la situación de impago la de firmar un nuevo préstamo, esta vez  personal, con una nueva carencia temporal y un importe de ……., para abonar las cantidades que no había podido afrontar con anterioridad.

Se adjuntan a efectos probatorios los siguientes documentos:

  • Escritura de Préstamo Hipotecario de fecha ………………… (documento número dos).
  • Escritura de novación del anterior préstamo de fecha ……….. (documento número tres).
  • Contrato de préstamo personal de fecha ……………….. (documento número cuatro).

SEGUNDO.- Todas las teóricas “soluciones” no han hecho sino aumentar considerablemente su deuda y empeorar de forma irreversible su situación patrimonial y moral, motivada en gran parte por la existencia de una serie de cláusulas impuestas de manera unilateral por la entidad bancaria y que por su carácter abusivo constituyen el objeto de la presente demanda……………..

TERCERO.- Dicho lo anterior, procedemos a señalar las distintas cláusulas contractuales que se observan de los diferentes contratos de préstamo y que a juicio de esta parte pueden considerarse abusivas, sin perjuicio de  las que el Juzgador considere de oficio.

Son las siguientes:

  1. A) En la Escritura de Préstamo de fecha …………
  2. B) En la Escritura de novación de fecha ………….
  3. C) En el préstamo personal de fecha ………….

CUARTO.- Por todo lo expuesto, interesa al derecho de esta parte que por el Juzgado se declare la nulidad de las cláusulas señaladas en el presente escrito, y en consecuencia ordene a la entidad demandada a devolver las cantidades que en su caso hubiera percibido como consecuencia de la aplicación de aquellas.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Jurisdicción: Corresponde a la Jurisdicción Civil conforme al art. 86 ter.2.d) LOPJ.

II.- Competencia: Será competente el Juzgado de Primera Instancia de ……..por corresponder al del domicilio del demandante conforme al art. 52.1.14 LEC.

III.- Legitimación activa y pasiva……………

IV.- Procedimiento: Será el Juicio Ordinario ex. Art. 249.1.5 LEC.

V.- Fondo: Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre condiciones generales de contratación, en especial los artículos 1 a 12.

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en especial los artículos 2, 10, 10 bis, 23, DA 1ª.

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de Abril, sobre Las Cláusulas Abusivas en los contratos celebrados con consumidores, especialmente los artículos 3  a 8.

VI.- Cuantía del pleito:………………………

VII.- Costas. artículo 394 de la LEC.

 

En su virtud,

 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan y sus copias, se sirva admitirlo, teniendo por formulada en nombre de D…………………….demanda de Juicio Ordinario contra la entidad ……….y tras los tramites procesales oportunos, acuerde dictar sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

  • Declare la nulidad del pacto (clausula)…… del contrato de préstamo hipotecario de ………., en relación con el pacto ….. y …… de dicho contrato relativo a los intereses de de
  • Declare la nulidad de los pactos SEGUNDO (relativo a la Cláusula suelo en el período de carencia), TERCERO (en cuanto a..………), CUARTO (Comisiones de apertura, de variación de condiciones y de amortización anticipada), y SEXTO (Intereses de demora) del contrato de novación del anterior préstamo hipotecario contenido en escritura pública de fecha ……………..
  • Declare la Nulidad de las clausulas 2 (comisiones por recibos impagados) y 11 (Interés de demora del 24 %) del préstamo personal de fecha ………………
  • Que se condene a la entidad demandada a la devolución de las cantidades obtenidas de la aplicación de las cláusulas que se declaren abusivas o a su aplicación al pago del principal de cada préstamo.
  • Que se condene en costas a la

Todo ello por ser de Justicia que pido en ……, a .. de ……de 2.016.

 

Hasta aquí hemos estudiado sucintamente el problema de las cláusulas abusivas desde su nacimiento hasta la presentación de la demanda. Nos quedará a partir de entonces otra buena parte del camino -con el desarrollo del proceso judicial y la sentencia- que nos deparará nuevos elementos de lucha y discusión ante el dispar tratamiento en los Juzgados de cuestiones de importancia como los efectos de la nulidad de los intereses abusivos, situaciones estas que nos conducirán a nuevos y apasionantes retos, ya en sede de recurso o de ejecución de sentencia, si bien estos temas los abordaremos en sucesivas entregas.

 

*Miguel Ángel Sánchez-Jauregui Lázaro, es abogado, contador-partidor con despachos en Barcelona y Madrid, incluido en el Buscador Judicial Thesauro e incluido en la Guía Española de la Abogacía y Periciales.

ALQUILER VACACIONAL Y ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA.

Artículo de: MARÍA DOLORES GARCÍA SÁNCHEZ  abogada de Palma de Mallorca, incluida en el Buscador Judicial Thesauro 

En Baleares el alquiler vacacional se regula en la Ley de Turismo 8/2012, de 19 de julio y en el Decreto 20/15, de 17 de abril. Y a ello hay que decir, que según esta normativa no se pueden alquilar pisos o apartamentos con finalidad turística. La ley es clara al respecto y en caso contrario hay sanciones importantes. Para alquilar pisos o apartamentos por temporadas, hay que encuadrar esos arrendamientos en la ley de arrendamientos urbanos, y diferenciarlos claramente en el contrato de un alquiler vacacional, pues en caso contrario la Ley de Turismo de Baleares presume que todo es alquiler vacacional y si es un piso o apartamento, nos enfrentaríamos a cuantiosas sanciones económicas, porque está prohibido el alquiler vacacional de pisos o apartamentos en Baleares. Siempre tendremos que distinguir lo que es alquiler vacacional de lo que es arrendamiento de temporada. El alquiler vacacional según la normativa sectorial de Baleares, sería aquel, en el que se pueden comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendas unifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o por medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística y siempre que se ofrezca con servicios turísticos. Las viviendas que se pueden alquilar en Baleares como alquiler vacacional son las siguientes: 1. Vivienda unifamiliar asilada (una vivienda por parcela). 2. Viviendas unifamiliares pareadas (aquéllas que se encuentran en una misma parcela sujeta a un régimen de propiedad horizontal o adosadas a la pared medianera que las separa). 3. Vivienda familiar entre medianeras (Casas de pueblo) Las viviendas para su alquiler se comercializarán a través de canales de comercialización turística. (En la WEB de la Consellería se publicará un listado de esos canales). Los requisitos mínimos para la inscripción de las viviendas de alquiler vacacional se recogen el anexo 6 del decreto. Las estancias de las viviendas que se comercialicen turísticamente, tendrán que consistir en la cesión temporal de la vivienda por períodos no superiores a dos meses. Además, se tiene que garantizar lo que llaman servicios turísticos, es decir: a) Limpieza periódica de la vivienda b) Ropa de cama, menaje de casa en general y reposición de éstos. c) Mantenimiento de las instalaciones d) Servicio de atención al público en horario comercial e) Un servicio de asistencia telefónica al turista durante 24 horas. f) Suscribir una póliza de seguro por importe mínimo de 300.000 euros, con franquicia máxima de 600 euros por siniestro que cubra la responsabilidad civil por los daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de las viviendas durante la estancia. La vivienda como máximo tendrá 6 habitaciones y 12 plazas. Tendrá que tener un cuarto de baño por cada 3 plazas. Durante el periodo de comercialización de la vivienda, será obligatoria la exhibición en lugar destacado y visible de la placa identificativa normalizada en la que figure el distintivo de vivienda vacacional conforme indica el anexo I, de la normativa. Antes de iniciar la comercialización del alquiler vacacional, la normativa en Baleares, exige, que se tiene que solicitar el número de Estancia Turística en Vivienda (ETV), en las oficinas de la Dirección General de Turismo. Se tiene que presentar la documentación de las viviendas, consistente en: 1º un informe descriptivo de la estancia turística en vivienda firmada por técnico competente (Entiendo arquitecto, aparejador, ingeniero). 2º Declaración responsable de inicio de actividad turística de estancia en viviendas (Redactado por abogado). Una vez que se presenta esta documentación, ya se puede iniciar el alquiler siempre que se cumplan los requisitos legales. La administración tiene un plazo de 6 meses para resolver la petición. Y una vez presentada la documentación, se inscribirá en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos. A partir de ahí, la inspección contactará con el solicitante para realizar la visita y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. Alquiler de temporada de pisos o apartamentos. Para poder alquilar pisos o apartamentos por temporada: 1º no se pueden promocionar ni publicitar por canales de comercialización turística, ni se puede emplear en la publicidad los términos “alquiler vacacional” o similares. 2º No debe prestar servicios turísticos (Limpieza periódica de la vivienda, ropa de cama, menaje de casa en general y reposición de éstos, mantenimiento de las instalaciones, Servicio de atención al público en horario comercial, etc…) 3º Se tiene que poder probar que es un arrendamiento sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos y no a la normativa sectorial de turismo. Para ello, habrá que suscribir un contrato de arrendamiento por escrito para uso distinto del de vivienda, redactado por un profesional, cumpliendo con la normativa arrendaticia, incluida la obligación de prestar fianza conforme al art. 36 de la LAU. Por tanto, según la normativa turística no se puede publicitar los pisos para alquiler vacacional, la mera publicidad ya supone una actividad sancionable por la administración, calificada como infracción grave que lleva aparejada una sanción de 4001 euros a 40.000 euros.