Las fincas privadas no son de dominio público

Sumacárcer y el Júcar. Cualquier interpretación restrictiva podría interpretar que muchos campos son del río, o hasta la propia iglesia.  :: Francisco García

 

El abogado defensor de una agricultora de Zaragoza, el valenciano José Campos, asegura que este tipo de casos se plantean a menudo en la Comunitat
Una sentencia sobre lindes del cauce del río Ebro supone un importante precedente para casos similares en toda España
V. LLADRÓ | VALENCIA. lasprovincias.es 
1 septiembre 2014

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a la dueña de una finca agrícola frente a la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de asignar dichos terrenos al dominio público hidráulico.

La importancia de la sentencia trasciende además el ámbito particular de su aplicación directa y es de interés en toda España, puesto que significa un precedente judicial relevante para conflictos similares que enfrentan a menudo a propietarios de tierras con la administración hidrológica correspondiente.

El litio llega a la agricultura
Crece un 50% la exportación de vino valenciano de bajo grado
En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, existen multitud de casos en los que las confederaciones hidrográficas reclaman o han reclamado a los agricultores que retiren sus lindes de campos que han pertenecido a sus familias generación tras generación, o se les sanciona por la supuesta ocupación de cauces pretendidamente públicos, cuando en muchos casos se cuenta con escrituras de propiedad desde muy antiguo y también con certificaciones del Catastro, que es organismo público que pertenece a la misma Administración central en la que se encuadran las confederaciones hidrográficas.

Defensa valenciana

Por otro lado, la sentencia aragonesa tiene también un claro interés desde la perspectiva de nuestra Comunitat por ser valenciano el abogado que defendió a la agricultora zaragozana: José Campos, letrado de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), especializado en temas de aguas, y a quien requirieron desde tierras aragonesas precisamente por tener acreditadas otras actuaciones exitosas en contenciosos de parecido calado.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) impuso en el año 2009 una sanción de 3.005 euros a Pilar Pascual de Quinto Montalvo, titular de una explotación agraria sita en el término municipal de Pastriz, provincia de Zaragoza, por haber sembrado cereal en terrenos cercanos al Ebro que la Administración consideraba pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, en base a que, en su criterio, se sitúan en el área de inundación ordinaria del río.

Además, la CHE requirió que, en el plazo de seis meses, se abandonase el cultivo de dichas tierras y se reintegraran al dominio público, lo que implicaba para que la dueña perdiese sus derechos de propiedad.

Recursos desestimados

La citada confederación y su presidente desestimaron sucesivamente los recursos que la interesada presentó en el trámite administrativo, reafirmándose en la sanción impuesta y el requerimiento de abandonar el cultivo.

La afectada abonó la sanción, como es preceptivo, y contrató al abogado José Campos para plantear en 2011 un contencioso administrativo cuya sentencia ha tardado bastante tiempo en dictarse pero que finalmente ha sido favorable a la demandante.

 

Bajo la dirección de Campos, la dueña de la tierra aportó sus títulos de propiedad de las mismas, certificaciones catastrales y testimonios periciales que acreditaron que la finca se ha estado cultivando desde siempre en toda su integridad actual y que las crecidas ordinarias del Ebro no la afectan, tan sólo algunas de tipo extraordinario, como las de 2003 y 2007, y únicamente de forma parcial.

Hay que tener en cuenta que las tesis de los técnicos de la Confederación del Ebro basaban sus actuaciones en el hecho de que debe considerarse que el Dominio Público Hidráulico llega hasta lo que abarca la media de las inundaciones ordinarias de diez años, y aseguraban que este era el caso de la finca.

La realidad es diferente

Sin embargo, el tribunal ha puesto de relieve el carácter aproximado de las afirmaciones oficiales, basadas en evidencias que no están demostradas, y se decanta por dar la razón a los argumentos defendidos por Campos, que aludió a otros informes técnicos muy concretos que señalaron que el terreno es allí bastante llano, por lo que mínimas variaciones de milímetros en las señalizaciones sobre plano o en la identificación de niveles pueden afectar a grandes superficies, sin que ello obedezca necesariamente a la realidad.

Informes de ingenieros de caminos requeridos por la parte recurrente afirmaron que «la observación del terreno y las condiciones topográficas muestran un cauce muy definido del río Ebro y no existen indicios físicos y geomorfológicos que permitan evidenciar que los terrenos analizados puedan resultar inundados con la crecida máxima ordinaria». Así mismo señalaron los técnicos aportados por la demandante «es absolutamente incorrecto considerar como exactos los resultados obtenidos de forma directa de la aplicación de un denominado ‘modelo hidráulico’, ya que en su propia estructura de cálculo se incorporan muchas razones para saber que estos solo son aproximaciones a la realidad».

Modelos informáticos

Los peritos evidenciaron que los modelos informáticos para estimar este tipo de actuaciones no sirven, sino que se han de hacer proyectos de deslinde completos y se ha de contar para ello con los testimonios directos de las personas que conocen la zona.

El tribunal señala en la sentencia que no se ha seguido el procedimiento previsto para delimitar el Dominio Público Hidráulico, conforme reconoce la propia Administración, que todos los informes y testimonios periciales redundan en que la finca en cuestión es privada y no inundable, y por tanto falla a favor de la demandante, anulando la resolución de la CHE recurrida, dejando sin efecto tanto la multa (cuyo importe pagado se le debe devolver) como el requerimiento para la reposición de los terrenos.

En el campo valenciano

José Campos ha destacado que en igualdad o parecidas condiciones de lo sucedido en dicha finca de Zaragoza, objeto de este contencioso, «se encuentran infinidad de propiedades agrícolas y de todo tipo por toda España, y por supuesto en la Comunitat Valenciana, donde sufrimos en ocasiones actuaciones de este tipo, no sólo junto a ríos, sino también al lado de barrancos y cauces menores que están toda la vida secos, donde nadie se interesa por ejemplo por los vertidos ilegales o la limpieza de maleza peligrosa, pero en cambio tenemos que enfrentarnos a menudo a estrictas interpretaciones de la normativa para cuestionar la presencia de ribazos, linderos o acequias que están allí desde siempre».

Por eso ha señalado el abogado de AVA que «esta sentencia aragonesa es importante porque viene a señalar que la defensa del Dominio Público Hidráulico no tiene por qué atropellar intereses y derechos particulares consolidados, y no basta con que unos técnicos interpreten en un momento dado lo que les parezca, sino que las razones tienen que ser sólidas y bien fundamentadas».

Buscador judicial thesauro, abogados, procuradores y peritos de Toda España. TODO EN UNA BUSQUEDA.