El problema de los peritos privados en la jurisdicción penal. Reclamamos honorarios mejor ajustados a mercado.

Por Cristina Inglada Fdez. Perito-Tasador Judicial colegiado nº45.322. Miembro de la Comisión de Peritos del CDL (Colegio de Doc. y Lic. de la Comunidad de Madrid). Incluida en el Buscador Profesional Thesauro 
La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid prepara el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de abono de las peritaciones y la colaboración en la selección de peritos en los órganos judiciales dependientes de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Es el momento de volver a reclamar a la administración unos honorarios dignos para los peritos, ya que se ha acordado mediante Resolución del 22 noviembre de 2016, someter dicho proyecto al trámite de audiencia.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid –UICM- (Asociación de Colegios Profesionales), entidad a la que pertenece el CDL, ha presentado alegaciones sobre cuestiones que los peritos reivindicamos desde hace mucho tiempo.
Con respecto al artículo 2.1 del Proyecto de Decreto, se alega la no conformidad a derecho de la demora del pago de los honorarios al perito a la sentencia firme, según la Ley 3/2004, de 29 diciembre, la LEC art 241.2 y Reglamento de Justicia Gratuita art. 43.2. Además de no ser acorde tampoco con la normativa fiscal aplicable en diversos artículos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Porque todas las previsiones del proyecto que pospongan la obligación de pago al perito más allá del plazo de 30 días que marca la ley, deben ajustarse a dicho plazo. El profesional, designado por la Administración de Justicia para desarrollar un trabajo, no debe convertirse en un doble financiador de la Administración, adelantando impuestos por un lado y demorando años el cobro de sus honorarios.
Y es que el pago del trabajo de un perito profesional no puede aplazarse tantos como se pueda prolongar el proceso, con una media de tres a cinco años.
Un aspecto que tampoco compartimos es la distinción entre titulación superior, titulación media y resto de titulaciones, que el proyecto de Decreto establece, sin motivo justificado.

Otra cuestión de especial interés es la retribución a los peritos, ya que el proyecto de Decreto recoge las que actualmente se abonan de 1.200 euros (cuantía con IVA incluido y al que se aplicará la retención correspondiente), mientras que se reclama una subida a 1.800 euros, sin que esté incluido el impuesto. La UICM entiende que estos honorarios son bastante inferiores al mercado, lo que puede desembocar en la dificultad de encontrar profesionales dispuestos a colaborar con la Administración de Justicia.
En las alegaciones presentadas por la Unión también se propone establecer una clausula con un sistema de actualización automática de los honorarios profesionales conforme al IPC.
En otro orden de cosas la Asociación de Colegios Profesionales valora positivamente la introducción de pericias de especial complejidad. No obstante entiende que debe preverse en el propio articulado de la ley la apreciación sobre este aspecto, bastando un mero acto administrativo del servicio competente. Así como propone que sea el propio perito, cuando lo estime pertinente, quien solicite al Colegio el informe sobre esta cuestión, para que pueda presentarlo junto al presupuesto para agilizar los trámites en la determinación de la pericial de especial complejidad.

Ver enlace: dic-ejemplar-proyecto-definitivo-decreto-peritaciones-periodo-audienci

 

 

 

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