La tasación de costas y su ejecución

Por FERNANDO GARCÍA VIÑUELA Procurador

Procurador incluido en el Buscador Judicial de THESAURO

La tasación de las costas viene regulada en los artículos 241 al 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ambos inclusive. En ellos se recoge desde la consideración de lo que son gastos del proceso y lo que son costas de entre ellos, la inclusión de las partidas que pueden considerarse costas, el procedimiento de su determinación, las impugnaciones y la forma de resolverlas.

“En todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, sujetándose a las disposiciones de este título” (art. 243.1), en el siguiente artículo –244– fija el traslado de la tasación “ a las partes por plazo común de diez días” en el que podrá ser impugnada (art. 245). A continuación en el artículo 246 queda regulada la tramitación y decisión de la impugnación. Ahora bien, en dichos preceptos, y es cuestión a destacar, nada se recoge sobre tener que dictar resolución que apruebe la tasación de costas practicada y no impugnada.

La antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 tenía previsto la aprobación de la tasación de costas practicada en un procedimiento mediante auto, y su aún reciente desaparición nos ha llevado a tener presente, casi de manera inconsciente, que la tasación de costas debería ser aprobada para ser ejecutada. Tal es así que no se admite la ejecución de una tasación de costas si ésta no ha sido aprobada mediante resolución judicial, sirviendo dicha resolución como título ejecutivo, llegando incluso a tener que estar pendientes del periodo de carencia establecido en el art. 548.

Ésta parece ser la fórmula encontrada para que una tasación de costas pueda llegar a ser ejecutada ya que si no existe resolución judicial no podría incardinarse en lo dispuesto en el art. 517 y concretamente en su apartado 9º del punto 2: “las demás resoluciones judiciales y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución”.

Pues bien, si la Ley no prevé la aprobación de una tasación de costas no impugnada, ¿la falta de resolución que apruebe la tasación de costas practicada en un procedimiento impediría la ejecución de ésta?

Bien es cierto que el art. 242.1 establece que “cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas por el procedimiento de apremio, previa su tasación”, de cuya lectura se extraen los siguientes puntos:

1. Lo primero que llama la atención es el hecho de que debe existir una resolución que contenga la condena en costas, es decir, un pronunciamiento judicial en cuanto a las mismas y quien debe soportar su pago: “cuando hubiere condena en costas”.

2. La necesidad de que sea firme la resolución que contiene la condena en costas. La expresión del artículo, al figurar entre comas la expresión, luego que sea firme, no es otra que a la resolución de condena al pronunciamiento que nos ocupa.

3. Tasar dichas costas, para lo cual volvemos a los puntos anteriores, precisamos un pronunciamiento favorable en costas y que esta resolución sea firme.

4. Por último, y ya tasadas la costas, su ejecución, si no se atendiere el pago por el obligado a ello, su exacción será por el procedimiento de apremio.

De todo ello podemos deducir que no es preciso ningún tipo de diligencia, providencia o auto que declare la firmeza de la tasación practicada, pues el recobro de las costas será por la vía de apremio, una vez tasadas cuando adquiera firmeza la resolución que contiene el pronunciamiento sobre las mismas.

A igual conclusión nos puede llevar el hecho de fijar las costas como la indemnización establecida a favor de ganador del proceso y cuyo montante hay que fijar una vez firme la resolución que contiene dicho pronunciamiento, para lo que la remisión podría haberse efectuado a la regulación de la determinación de daños y perjuicios (art. 712 y siguientes), pero no ha sido así, al contrario, se estableció un propio Título que regula la tasación de costas en el que no aparece la aprobación de la misma bajo ningún prisma (excepción hechas de la tasación impugnada), salvo el transcurso del plazo establecido en el art. 244 sin que las partes hayan procedido a su impugnación“una vez acordado el traslado a que se refiere el apartado anterior (para la impugnación de la tasación) no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho a reclamarla de quien y como proceda”.

Esto no es óbice para que una tasación de costas pueda ser ejecutada y alcanzar así la vía de apremio una vez queden fijados los conceptos que la integran y establecido su importe, al igual que la resolución que ponga fin y resuelva las impugnaciones a que hubiere dado lugar la tasación practicada, pues esta resolución no es título ejecutivo, ya que por sí misma no lleva aparejada la ejecución.

Ahora bien, no todas la tasaciones de costas nacen por una declaración judicial, por lo que para poder ejecutar una tasación y resarcirse en los importes que en ella se contengan es necesario precisar la naturaleza o nacimiento del derecho a cobrar las costas del contrario.

El derecho a repercutir las costas de un proceso a la parte contraria nace en nuestro proceso civil de dos formas bien definidas:

a) La condena recogida en resolución judicial y como tal nacida de una voluntad del juzgador, artículos 394 al 398, y

b) Aquella que nace por imperativo legal, como son las costas de ejecución, artículos 539 y 583 de la LEC.

Condena en costas recogida en resolución judicial

En cuanto a las costas nacidas por voluntad del juez o tribunal y para poder establecer la forma de llevar a cabo su ejecución, se precisa fijar de qué forma entran dentro del procedo de ejecución.

Como ya se apuntó, la tasación practicada por el secretario no encuentra encuadre dentro de los puntos fijados en el art. 517 pues la propia ley no prevee resolución que la apruebe y aún resolviéndose sobre una impugnación, esta resolución queda supeditada a la propia condena en costas nacida en el título que da lugar a su práctica y que en definitiva es el título ejecutable el que dé lugar a que puedan tasarse y el que lleva aparejada la ejecución. Es esta resolución la que tiene fuerza ejecutiva, forma parte de ella y de ella no se puede separar pues sin la misma no nacería y al ser un pronunciamiento más de ella, queda sujeta a los avatares propios de la resolución que la contiene,como tal susceptible de ser ejecutada o recurrida.

Ya tenemos el título ejecutivo, la resolución que contiene la condena en costas, por lo que es la ejecución de ésta la que como primer paso nos lleva a fijar el importe de las costas repercutibles al condenado a su pago, conforme al trámite establecido en los artículos ya mencionados del Titulo VII, 241 al 247, y una vez transcurrido los diez días de traslado para su impugnación sin que ésta se haya efectuado, o resuelto el incidente de la impugnación (que a su vez puede generar otra condena en costas), la ejecución continuará, bien procediendo al embargo para el aseguramiento de bienes que respondan del importe tasado o bien por los trámites de la vía de apremio si ya se ha producido dicho aseguramiento de responsabilidades.

Tal es así que el supuesto bastante común de tener una resolución favorable que condene al pago de cantidad líquida y las costas –dos pronunciamientos distintos–, puede instarse la ejecución de ambos conjuntamente, o bien cada uno por separado.

En el primero de los casos, el auto que despache ejecución deberá contener la resolución sobre las medidas interesadas para el embargo y aseguramiento de bienes que garanticen el cobro de la cantidad líquida fijada de acuerdo al art. 575, y por otro lado la remisión a la secretaría del juzgado o tribunal para que proceda a determinar y fijar el importe de las costas de la instancia y cuyas normas y parámetros están regulados en los artículos 241 y siguientes de la LEC. En el segundo de los casos, instar la ejecución únicamente en cuanto a las costas, el auto que despache la ejecución contendrá sólo la remisión para la determinación de aquéllas, procediéndose con las medidas de aseguramiento un vez sea líquida la cantidad que resulte y no haya sido impugnada la tasación en el tiempo y la forma fijada en los artículos 44 y 245.

Hay que tener en cuenta que una vez se insta la ejecución de una resolución judicial, a tenor de lo establecido en el art. 575, así como los artículos 539 y 583 de la LEC, se despachará ejecución por el principal (que bien puede ser la condena en costa de la primera instancia o cualquier recurso) los intereses ordinarios y moratorios vencidos y los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. Costas cuya naturaleza es distinta de las que nacen por la propia voluntad del juzgador y que nos lleva a analizar las mismas y su propia ejecución.

Las costas de la ejecución

Nuestra norma procesal civil fija claramente que quien debe afrontar las costas de la ejecución es el ejecutado, salvo declaración expresa del tribunal y sólo para los casos en los que este previsto tal declaración, y así queda recogido en el artículo 539 de la LEC: “Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición…”, refiriéndose el pá- rrafo anterior a “las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta ley prevea expresamente pronunciamiento sobre las costas”. En igual sentido, y con más contundencia, se pronuncia el art. 583 del mismo cuerpo legal, cuando al tratar la ejecución dineraria establece que “aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución”.

De estos dos preceptos se desprende que en la ejecución forzosa, regulada en el libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas nacen:

1.–Por imperativo legal.

2.–Las que nacen por voluntad propia del juzgados y en aquellos casos que la Ley lo prevea expresamente.En cuanto a éstas, la ejecución viene dada por la de la propia resolución que las contiene, como ya se apuntó, no por su práctica y liquidación.

Por lo que respecta a la condena en costas de la ejecución, las nacidas por imperativo legal, el título ejecutivo que da lugar a su ejecución no es otro que el propio auto por el que se despacha la ejecución principal; así el art. 575 de la LEC establece que “la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta”. Partimos pues que en el auto por el que se despacha ejecución se debe incluir la partida para costas que se generen en su tramitación, es más, el mismo precepto aludido fija de forma provisional y sin perjuicio de posterior liquidación en la suma del 30% de lo reclamado como principal de la demanda ejecutiva.

Resulta pues que ya tenemos despachada la ejecución sobre las costas, por lo que llegado el momento de tasarlas y tener que ejecutarlas ¿qué sentido tiene despachar ejecución de las costas de ejecución sobre las que ya se despachó ejecución? ¿Hay necesidad de despachar ejecución de un auto despachando ejecución?

Parece claro que no cabe despachar ejecución sobre un auto que ya despachó ejecución, y las costas, pronunciamiento necesario para despachar ejecución, ya se están ejecutando, pues el 30% fijado en la Ley en su artículo 575 ya mencionado no queda exento de ejecución. Tal es así que si llegado el momento de tasar las costas y liquidar los intereses en una ejecución los importes resultantes fueran inferiores al 30% antes aludido, se satisfarían estos y el sobrante se devolvería al ejecutado ordenándose a continuación el archivo de la ejecución. Ahora bien, en el caso de no alcanzar el importe presupuestado para satisfacer la totalidad de las costas, ¿qué necesidad hay de tener que despachar ejecución de algo sobre lo que ya se despachó? ¿Acaso tiene distinta naturaleza el importe satisfecho con cargo al 30% presupuestado de aquella parte no cubierta por dicho presupuesto? La lógica nos indica que la ejecución continuaría con las mejoras de embargo y consiguiente vía de apremio necesarias para el resarcimiento del resto de costas e intereses pendientes, pero nunca sería necesaria una nueva ejecución con un nuevo auto despachando ésta.

Conclusión

Parece evidente que la falta de resolución que apruebe la práctica de la tasación de costas no constituye una laguna legal, ya que la misma no resulta ser título ejecutivo por sí mismo. En unos casos precisa de la declaración de tal condena en una resolución judicial, para lo que se necesita el concurso del juez o tribunal que así lo declare, y en otros, por ser imperativa su condena para quien obligue a tener que ser ejecutado. En el primero de los casos se ejecuta la resolución que contiene el pronunciamiento sobre las costas; en el otro se ejecuta el propio auto que despacha la ejecución forzosa en el que resulta obligatorio fijar los importes, eso sí, presupuestados, de lo que resultan las costas del proceso de ejecución, en suma, por imperativo legal.

Parece lógico pensar que una vez practicada la tasación de costas, bien sea en proceso declarativo bien en ejecución, se deba poner en conocimiento de la parte que la misma no ha sido impugnada y que ha transcurrido el plazo fijado en el art. 244 de la LEC para pode solicitar las medidas de aseguramiento o la continuidad por la vía de apremio, pero dicha comunicación por sí misma no constituye título ejecutivo.

Llegados a este punto es necesario fijar que el plazo de espera de los veinte días, establecido en el art. 548, para ejecutar una resolución, opera frente a la resolución que contiene la condena en costas y consiguientemente, para poder instar su tasación. No así una vez tasadas o las que nacen en la propia ejecución pues ya se despachó la misma por las costas.

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