´¿Brotes verdes? Este año se va a batir récord en concursos de acreedores de empresas´

Fuente : El Faro de Vigo

La juez, en su despacho.

Eva Mª martínez gallego n Magistrada de 1ª Instancia Nº 4 de Ourense

“Ourense necesita, sin duda, un juzgado exclusivo de Mercantil”

Juzgados como el de Primera Instancia Número 4 de Ourense son como apartamentos en permanente mudanza. Aquí las cajas son pilas incontables de papeles y las maletas rebosan de asuntos con el trabajo a casa. Eva María Martínez Gallego (Cádiz, 1970) llegó hace 3 años cuando reinaba el caos. “Era un juzgado hundido; arrastraba concursos de 2004 que confiamos en terminar este verano”. La juez, profesora universitaria en excedencia, doctora en Derecho Civil y exfiscal sustituta durante 7 años, urge un juzgado Mercantil exclusivo en Ourense, ámbito que supone “el 70% del trabajo” de su sede. O al menos la exoneración de casos civiles a repartir entre los seis juzgados de primera instancia de la capital. En su mano está el futuro de empresas y trabajadores y una crisis que, según describe, sigue siendo feroz.

-Hoy mismo [por el viernes], el Poder Judicial destaca que los concursos de acreedores han caído un 32 % en España. ¿Brotes verdes?

-En Ourense van a batir récord. En 2013 aumentaron un 28% y en lo que llevamos de año superan ya los del año pasado a estas alturas, llevamos 26, un 15% más. Están cayendo desde pequeños autónomos como una panadería, a grandes empresas.

-El proceso, ¿resucita o mata?

-Depende de cómo llegue de enferma; a lo mejor hoy en día las empresas son más conscientes de que pueden venir al juzgado más saneadas para tratar de salir con una refinanciación adecuada. Pero en ocasiones en la propia solicitud se pide la liquidación. Por regla general, si una empresa llega sin ir a liquidación, el concurso está resuelto en año y medio. Se suelen declarar en la misma semana que se solicitan, antes tardaban 3 o 4 meses, y afectan a la construcción, la obra pública, la minería, la madera…

-¿Existe un oligopolio en el mundo de los administradores concursales? ¿Es cierto que cobran mucho y, además, de primeros?

-El administrador concursal es un auxiliar del juzgado que tiene una retribución según el activo y pasivo de la empresa. Puede haber una resolución mía fijando 50.000 euros de honorarios, pero no significa que los cobre si no hay activo.

Los nombramientos se hacen a partir de una lista que no elabora el juzgado. Es voluntaria y aportada cada enero por los diferentes colegios profesionales (abogados, procuradores, economistas, auditores…). El juez hace el nombramiento por imperativo legal y pueden suceder dos cosas: o bien se realiza sin mirar quién es quién, lo que podría dar lugar a que alguien sin experiencia se encuentre con un concurso de 100 millones de pasivo y 300 trabajadores, o bien buscando para cada tipo de concurso el perfil adecuado de administrador. No es lo mismo el proceso de una actividad minera como el de una panadería. Además, cuando a un profesional le toca un concurso con poco dinero o en el que no se cobra nada, suelen ser compensados con otro en el que haya una retribución. A fecha de hoy, en mi lista de 300 administradores el 90% ha sido nombrado en alguno.

-¿No permite la ley que paguen justos por pecadores? Muchos proveedores caen por los impagos de su moroso que está en concurso.

-Es una realidad el concurso del concursado. Hay proveedores que entran en el círculo vicioso y llegan a la quiebra porque no pueden soportar 5 años de esperas por cobros. La ley es muy mejorable y creo que hace falta una reforma.

-La segunda constructora de Ourense, OCA, S.A., lleva un año en concurso. ¿Está cerca su salida?

-Sobre cualquier procedimiento en tramitación, por respeto a los acreedores y deudores, no voy a entrar en detalles. Lo que sí puedo decir es que se trata de un concurso con un montante de muchísimos millones de euros en activo y pasivo y, en este momento procesal, próximamente deben presentar un convenio de acreedores para someter a la junta; es decir, la posibilidad de que puedan refinanciarse y proponer a sus acreedores que se reduzca un porcentaje de la deuda (quita) y haya un tiempo de espera. Eso o refinanciarse con los bancos o terceros inversores. Al tratarse de una empresa importante para Galicia y, sobre todo, con muchísimos trabajadores, espero que continúe la actividad.

-¿Siente que es injusto cuando le toca ordenar un desahucio?

-No solo con los desahucios, que son un verdadero drama. Cuando una empresa cierra y 40 trabajadores se van a la calle con un ERE no es plato de gusto para nadie. Pero estoy sujeta a cumplir la ley. Con las últimas medidas legislativas, que atienden a menores u otros requisitos, los desahucios se han reducido [un 20% menos en el primer trimestre del año tras un total de 64 casos, según el Poder Judicial]. No hace mucho, se trató el caso de mujer viuda con dos hijos menores y sí cumplía los requisitos para paralizar ese desahucio. Con todo, el número aún es preocupante. Antes, los afectados iban a juicio para oponerse y ahora ni acuden.

-¿Sí o no a la ley de tasas?

-Todos los operadores jurídicos estamos en contra, firmemente, de esta ley de tasas. No se puede impedir el derecho de cualquier ciudadano de acudir a la justicia. Si se considera necesario un importe, la tasa debería ser más moderada.

-Los abusos de los bancos han disparado la acción de los clientes: cláusulas suelo, “swap”, preferentes…

-[Más información en la noticia superior]. En lo que se refiere a cláusulas abusivas, como cualquier cuestión o cláusula de un contrato, somos el único órgano de toda la provincia que puede resolver, por eso digo que nuestro volumen de trabajo es tan importante al llevar civil y mercantil. Solo esta semana nos han entrado 10 procedimientos sobre cláusula suelo. El grueso de demandas de preferentes la lleva el resto de compañeros [los otros cinco juzgados de primera instancia] cuando se invoca el vicio de consentimiento. Si además, se plantean condiciones generales o sobre transparencia, soy de nuevo el único juzgado de toda la provincia. Todos soportamos un volumen importante y son puntuales las que se desestiman. Se reclaman desde 3.000 o 4.000 euros a 100.000, los ahorros de toda una vida.

 

PERITOS ECONOMISTAS EN THESAURO

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