‘Eliminar la incompatibilidad con la abogacía sería un desastre’

Artículo de: Lanza Digital

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Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores, lo tiene claro:  “Eliminar la incompatibilidad entre la abogacía y la procuraduría traería un desastre total al funcionamiento de la Justicia, que está necesitada de todo menos de que le pongan más chinitas en el camino”.

Estévez, portavoz del colectivo de procuradores de España, ha vuelto a mostrarse en Ciudad Real muy crítico contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales del Ministerio de Economía, que tiene descolocado al sector desde que se planteó la reforma, el otoño pasado, en unos términos que no convencen ni abogados ni a procuradores.

Profesionales esenciales y complementarias, hacer desaparecer la norma que impide que unos asuman el papel de otros tendría repercusiones nefastas en una administración que podría retroceder treinta años. “El sistema de notificaciones judiciales está basado en los 77 colegios de procuradores que existen en España que son los que hacen que las notificaciones sean ágiles, eficaces y vayan al día y sin incidentes”, explica Estévez; cambiar el sistema sería en su opinión no sólo desastroso, sino costoso puesto que el Estado tendría que asumir el gasto.

No obstante, el presidente del Consejo General de los Procuradores, que atribuye la medida al “desconocimiento del funcionamiento de la Justicia”, dice tener “fundadas esperanzas” en que el Ministerio de Economía reconsidere su postura en lo que se refiere a la incompatibilidad.

Estévez, que asistió el viernes en Ciudad Real al acto de imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a la decana de los procuradores de Castilla-La Mancha y de Valdepeñas, María José Cortés, entiende que el Gobierno en general tiene que aclararse, puesto que en paralelo a esta reforma de los colegios profesionales el Ministerio de Justicia tiene sobre la mesa la de Ley de Enjuiciamiento Civil que da más competencias a los procuradores en ámbitos de ejecución y actos de comunicación y dice lo contrario, “de esta divergencia se hizo eco el Consejo de Estado en su dictamen en el que instó al Ejecutivo a ponerse de acuerdo y tener una opinión unánime”.

En cuanto a si eran oportunos estos cambios, señala que “las reformas de la Justicia sí son necesarias”, y respecto a la Ley de Servicios y Colegios dice que el Estado español está obligado a liberalizar el sector por una directiva comunitaria. Reformas como la Ley Omnibus o la ley paraguas van en el mismo sentido que esta que afectan a las profesiones liberales.

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