Los procuradores aseguran que prescindir de ellos costaría 800 millones al Estado

Artículo de : Expansión
Los procuradores aseguran que prescindir de ellos costaría 800 millones al Estado
Según un informe de PwC, de aprobarse el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales se pondría en serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos generados por la actividad de la procura. Los procuradores aseguran que prescindir de ellos costaría 800 millones al Estado Los procuradores vuelven a mover ficha. El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha hecho público un informe encargado a la consultora PwC, según el cual «la actividad de la procura en España supone una contribución al PIB de 800 millones de euros, lo que representa un 0,77% del PIB de España en 2012».
Bajo el título «Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la abogacía», el informe señala que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pone en situación de inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los tribunales y, por ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española.
PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía. La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80 millones de notificaciones al año.
En este sentido, el informe apunta que «otro de los efectos de la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores sería la necesidad de incurrir en los costes que implica la creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de notificaciones, que sería gestionado por los propios abogados». Esto supondría, según sostiene, «duplicar las infraestructuras creadas a tales efectos por los procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España».
Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 colegios de procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos servicios son sufragados por los procuradores, según aseguran. Con la reforma, otras profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo también de estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería consigo, aseguran, un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones para los justiciables.
Lexnet PwC incide en que la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet. Esto supondría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma tiene actualmente, pasando de 45.000 a más de 170.000. Según explican, «para poder afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración Pública (léase los contribuyentes)».
PwC alerta de que «un incremento tan grande en el número de usuarios de Lexnet puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta cómo ha sido la experiencia del desarrollo». El CGPE viene denunciando al respecto, que hasta que los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retraso.
Pérdida de empleo
Otra conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el anteproyecto sigue adelante corren serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos generados por la actividad de la procura, lo que, según denuncian, será un duro golpe no sólo para los estamentos de la Justicia, sino también para la sociedad en su conjunto, máxime si tenemos en cuenta que el desempleo es el principal problema que preocupa y afecta a los españoles.

Según un informe de PwC, de aprobarse el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales se pondría en serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos generados por la actividad de la procura. Los procuradores aseguran que prescindir de ellos costaría 800 millones al Estado Los procuradores vuelven a mover ficha. El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha hecho público un informe encargado a la consultora PwC, según el cual «la actividad de la procura en España supone una contribución al PIB de 800 millones de euros, lo que representa un 0,77% del PIB de España en 2012». Bajo el título «Análisis del impacto económico de la Procura y los costes de supresión de la incompatibilidad con la abogacía», el informe señala que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales pone en situación de inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los tribunales y, por ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española. PwC asegura que actualmente existe preocupación y gran inquietud entre los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía. La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80 millones de notificaciones al año. En este sentido, el informe apunta que «otro de los efectos de la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores sería la necesidad de incurrir en los costes que implica la creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de notificaciones, que sería gestionado por los propios abogados». Esto supondría, según sostiene, «duplicar las infraestructuras creadas a tales efectos por los procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España». Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 colegios de procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos servicios son sufragados por los procuradores, según aseguran. Con la reforma, otras profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo también de estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería consigo, aseguran, un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones para los justiciables. Lexnet PwC incide en que la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet. Esto supondría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma tiene actualmente, pasando de 45.000 a más de 170.000. Según explican, «para poder afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración Pública (léase los contribuyentes)». PwC alerta de que «un incremento tan grande en el número de usuarios de Lexnet puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta cómo ha sido la experiencia del desarrollo». El CGPE viene denunciando al respecto, que hasta que los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retraso. Pérdida de empleo Otra conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el anteproyecto sigue adelante corren serio peligro 50.000 puestos de trabajos directos generados por la actividad de la procura, lo que, según denuncian, será un duro golpe no sólo para los estamentos de la Justicia, sino también para la sociedad en su conjunto, máxime si tenemos en cuenta que el desempleo es el principal problema que preocupa y afecta a los españoles.

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