Abogados y procuradores rechazan la compatibilidad de sus atribuciones

Fuente : ABC

Desde ambos colectivos, recibidos por el PP, se pide al Gobierno que reconsidere permitir el ejercicio de funciones similares

El borrador del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales que, de momento, ha transcendido incluye una proposición que no está teniendo un buen recibimiento en los sectores afectados. Se trata de permitir el ejercicio de funciones similares tanto de los procuradores como de los abogados, algo que derogaría la actual incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de estas profesiones.

Desde el Colegio de Abogados de Granada no se entiende esta propuesta legislativa «que no estaba ni siquiera en los debates habituales de la profesión en España», según manifiesta Eduardo Torres, decano de la institución. De hecho, la idea de eliminar la incompatibilidad no ha partido del Ministerio de Justicia, si no del de Economíadentro de una supuesta aplicación de políticas europeas para abaratar el mercado de la abogacía en los países de la Unión. «Es una política incierta ya que Europa no ha exigido eso a nuestro país –asegura Torres- y crearía una situación de indefensión económica para los colegios profesionales de abogados y procuradores».

Según el borrador, se reducirían las cuotas de los colegiados a un máximo de 20 euros al mes lo que pondría en peligro la subsistencia de estas instituciones, denuncian estos colectivos. «De ser así, nos obligarían a tener que alquilar bienes del Colegio como el salón de actos, materiales, libros,… porque no podríamos sostener los costes que ahora se sufragan con las cuotas de los asociados», explica el decano.

Receptividad del PP

Además, para estos colectivos la «indefinición» del borrador es tal que han surgido los primeros enfrentamientos de criterio entre el Ministerio de Economía y el de Justicia, ya que el gabinete que preside Alberto Ruiz Gallardón no cree necesaria esta modificación de la incompatibilidad. «Incluso la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ve bien el cambio», expone Eduardo Torres.

Por su parte, los procuradores granadinos en una reunión reciente con el portavoz de Justicia en el Parlamento andaluz, Juan Ramón Ferreira (PP), reclamaron que se modifique el articulado del anteproyecto de ley «en lo que concierne al mantenimiento y desarrollo de dos profesiones, cada una de ellas especializada en su función de representación y defensa». Según manifestó Mónica Navarro-Rubio, decana del Colegio de Procuradores de Granada, «sólo así se ofrecerá una absoluta garantía del buen funcionamiento de la administración de justicia y del cuidado que demanda dicho servicio».

Ambos colectivos recibieron la receptividad del Partido Popular andaluz en el proceso de debate de la Ley, ya que «se tiene el convencimiento de que se trata de un texto necesario pero que puede perfeccionarse», según Ferreira. De esta manera, se consigue que el partido del Gobierno central escuche las reivindicaciones de dos colectivos imprescindibles para la Administración judicial de cara al proceso de tramitación del texto en las Cortes.

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