La Justicia despide uno de sus años más intensos y polémicos

 

Acaba un año especialmente movido para el sector de la justicia. Reformas anunciadas, otras aprobadas e incluso algunas corregidas han marcado un ejercicio en el que también se han renovado las caras de quienes ocupan algunos de los órganos más relevantes del panorama judicial: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En los colegios profesionales, el movimiento de sillas también ha sido intenso. Sonia Gumpert se estrenaba como decana de los abogados de Madrid y Oriol Rusca hacía lo propio en Barcelona.

En la fe pública, los notarios empezaron el año con nuevo presidente, José Manuel García Collantes, que en octubre presentó su dimisión para, a los pocos días, retomar el puesto.

Las fuertes tensiones entre el Ministerio de Justicia y los fedatarios públicos por la reforma del sistema registral que, entre otras cosas, planteaba la entrega de la gestión del Registro Civil a los registradores, provocó también el descontento de estos últimos, que convocaron una asamblea en abril para rechazar el proyecto y lograron que se adelantaran las elecciones en el colectivo. Finalmente, Gonzalo Aguilera fue elegido, después del verano, nuevo decano de este cuerpo.

Sin embargo, si algo ha marcado la agenda de los juristas durante 2013 ha sido el calendario de protestas contra algunas de las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Especialmente activa en este sentido ha sido la abogacía, pero también otros colectivos, como los jueces, que convocaron su segunda huelga en democracia, pese a que siguen sin tener regulado este derecho.

Reformas con polémica De entre todas las iniciativas impulsadas por el Ministerio, la introducción de las nuevas tasas judiciales a finales de 2012 ha sido el desencadenante de las principales protestas del sector y, sobre todo, de los abogados.

No en vano, la intensidad de las quejas llevó al Ministerio a rectificar en febrero (menos de dos meses después de la entrada en vigor de la medida), reduciendo las cuantías aplicables en la parte variable de las tasas, y también ampliando el número de beneficiarios de justicia gratuita, que quedarían exentos del pago de la tasa.

Aunque aún habrá que esperar un poco para ver los efectos reales de la medida reflejados en las estadísticas judiciales, los datos que ya se han podido ir conociendo apuntan a un descenso de la litigiosidad, sin que, por otra parte, se haya logrado recaudar los 300 millones de euros calculados por el Ministerio y que, según se anunció, se destinarían a la financiación de la justicia gratuita.

Precisamente en este campo puede haber importantes novedades. El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita pasó por el Consejo de Ministros y está pendiente de aprobar, aunque algunas de sus novedades ya se adelantaron cuando se modificó la ley de tasas, en febrero.

Más avanzada está la tramitación de la reforma del Código Penal, que inició su recorrido en el Congreso hace un par de semanas. Una vez más –y ya van más de veinte– se reforma este código, con una larga lista de novedades, entre las que se encuentra la íntroducción de la prisión permanente revisable o el endurecimiento de las penas para delitos de corrupción en las empresas y en la Administración pública.

El año que ahora se va también ha abierto nuevos frentes para colectivos como los procuradores. La Ley de Servicios y Colegios Profesionales, impulsada por Economía, ha puesto en pie de guerra a este colectivo, que puede ver peligrar su futuro si finalmente se aprueba la desaparición de la incompatibilidad entre el ejercicio de su profesión y la de la abogacía.

Además, los colegios profesionales lucharán en 2014 por mantener su actual estatus, en un momento en el que las corporaciones de abogados han vivido una avalancha de colegiaciones (hasta el 31 de octubre), por los efectos de la ley de acceso a la abogacía que, según parece, tendrá su primer examen en mayo del año que viene.

El epicentro de una vorágine legislativa

1. Vía extrajudicial: El Gobierno dio su visto bueno en octubre al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuyo fin es descargar a la Justicia de asuntos en los que no exista controversia, entregando competencias a notarios y registradores. Las bodas ante notario son una de las principales novedades.

2. Proceso civil: En mayo, el Ministerio inició la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la que se entregan nuevas competencias a los procuradores. El objetivo, según Justicia, es agilizar los trámites en cuestiones como la ejecución de sentencias, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de acudir a vías más rápidas.

3. Mediación: Un nuevo RD ha desarrollado la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, centrándose en la formación del mediador, su publicidad a través de un registro dependiente de Justicia, el aseguramiento de su responsabilidad y un procedimiento simple para reclamar cantidades inferiores a 600 euros.

4. Navegación: Días después de dictarse la sentencia del ‘Prestige’, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Navegación Marítima, pendiente desde hace años. El texto hace al armador responsable de los actos del capitán y actualiza el régimen general sobre el tráfico marítimo para superar contradicciones con convenios internacionales.

5. Registro concursal: En noviembre se aprobó el Registro público concursal que garantizará la publicidad de los distintos trámites concursales para asegurar la transparencia y la seguridad jurídica a ciudadanos, juristas, Administración y empresas. Dependerá del Ministerio de Justicia y será gestionado por el Colegio de Registradores.

6. Lo que viene…: La lista de asuntos pendientes es larga. El Ministerio tiene hasta junio para sacar adelante las reformas que quiera que queden aprobadas en esta legislatura. El nuevo mapa judicial, la reforma del código procesal penal –con el fiscal instructor– y el nuevo Código Mercantil podrían avanzar este mes de enero.
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