Los procuradores toman la palabra

Auguran una justicia más lenta y menos especializada con la futura Ley de Servicios Profesionales

Los procuradores toman la palabra

 

 

Cobrar por llevar y traer papeles a los juzgados. De eso viven los procuradores. No es difícil escuchar en la calle una descripción así del trabajo de estos profesionales del derecho. Lo que sí resulta más complicado es encontrar una definición más superficial, sesgada e incompleta de una oficio fundamental para que la compleja maquinaria de la justicia funcione.

Los procuradores, trescientos en la provincia de Granada, se sienten amenazados. El Consejo de Ministros aprobó en agosto de este año el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que, de mantenerse su actual redacción, conllevaría la desaparición de los procuradores tal y como se entienden ahora.

La principal novedad de ese texto legal radica en que se suprime la incompatibilidad del trabajo de abogado y procurador. La labor del segundo, hasta ahora ejercida en exclusiva, podría ser asumida por el primero. Los procuradores aventuran un formidable caos en los juzgados y vaticinan que los retrasos en los procedimientos se dispararán hasta el infinito.

¿Para qué sirve un procurador? «Nosotros representamos a las partes en los pleitos y el abogado se encarga de la defensa», explica la decana de los procuradores granadinos, Mónica Navarro. Por si su tarea sigue sin entenderse, añade una comparación: «Los abogados son los cirujanos y nosotros, los anestesistas. Ellos se ocupan del fondo, los procuradores, de la forma».

El procurador, hasta ahora, tiene la exclusiva en la representación de las partes ante juzgados y tribunales, una situación que cambiaría de entrar en vigor el actual anteproyecto de ley. Es la conexión jurídica y formal entre los ciudadanos, los abogados y los juzgados y tribunales. En esencia, son los encargados de todos los actos de comunicación procesal, mucho más numerosos de los que puede pensarse. Desde que se interpone una demanda hasta que se dicta una sentencia y se ejecuta, la cantidad de papeles que van y vienen entre las partes y el juzgado resulta ingente y su notificación en tiempo y forma, imprescindible para la seguridad jurídica. De manejar ese delicado material se ocupan hasta ahora los procuradores y el cambio de manos se aventura explosivo.

El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, publicó recientemente un artículo en un periódico nacional en el que revelaba que los juzgados producirán este año 80 millones de notificaciones a las partes de los diferentes procesos judiciales. Esos 80 millones de notificaciones se gestionan a través de los procuradores y sus colegios, con una incidencia de problemas del 0,002%. «De no poder hacerse las notificaciones al instante (los procuradores estamos obligados por ley a recogerlas diariamente y darle traslado a los abogados y a las partes), las dilaciones en los procesos se multiplicarían hasta el infinito», indicaba Estévez.

El Colegio granadino, ubicado en unas modernas instalaciones en la avenida de la Constitución, gestiona alrededor de 2.500 notificaciones telemáticas diarias a través del sistema Lex-Net, a las que se añaden otras 1.000 en papel. Los granadinos han sido pioneros en esa gestión electrónica de las comunicaciones, un sistema cuya implantación ha requerido años, esfuerzo e inversión, casi en su totalidad a cargo de los propios colegiados. El anteproyecto de ley tira por tierra ese trabajo, según la decana granadina, y aboca al colectivo a una «muerte lenta».

Coste cero

El Colegio de Procuradores de Granada gestiona el servicio de notificaciones a coste cero para la justicia y los ciudadanos. Si el texto legislativo sale adelante en sus términos actuales, otras profesiones, en especial la abogacía, tendrían que hacerse cargo, también, de estos servicios, así como las propias administraciones, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (Consejería de Justicia).

Para que los abogados tuvieran acceso al sistema Lex-Net de notificación electrónica serían necesarios diez años y una inversión millonaria, según las fuentes. Actualmente hay procuradores en Madrid sin acceso a este servicio por falta de capacidad de los servidores. Si en España hay alrededor de 8.000 procuradores y unos 130.000 letrados, no cuesta mucho imaginarse las complicaciones de ampliar este servicio. «Eso no sale gratis y supondría un incremento de los costes para la ciudadanía y más demoras en los procedimientos. Hasta que los nuevos servicios de notificaciones estuvieran operativos, pasarían años en los que la justicia se vería muy deteriorada y acumularía retrasos sobre retrasos. Estos cambios nos retrotraerían a sistemas de 30 años atrás. De momento, volveríamos al fax y al correo certificado», matiza Gabriel García Lirola, decano de honor de los procuradores granadinos.

El regreso al papel, además de entorpecer un administración de justicia ya de por si lenta, costaría dinero. Un estudio calcula que cada notificación practicada de forma telemática supone un ahorro de dos euros al evitar la impresión de documentos y los costes del envío postal.

¿Por qué la labor de los procuradores no la llevan a cabo los mismos abogados a través de pasantes o ayudantes? Para una parte muy importante de la sociedad, los procuradores son unos grandes desconocidos y es habitual que deban enfrentarse a diario con preguntas así. «El abogado debe centrarse en estudiar el pleito, preparar sus escritos y después defender al cliente en el juicio. El resto es tarea nuestra. Quien conoce nuestra intervención profesional sabe que es imprescindible. Requiere una especialización procesal que no tiene cualquier pasante o ni siquiera muchos abogados, que son los primeros en plantearnos dudas sobre los procedimientos», remarca Carlos Pareja, tesorero del Colegio.

Más caro

Si su trabajo, a menudo poco comprendido por quienes solicitan la asistencia de un abogado, lo facturara el propio letrado, se encarecería. «Nosotros cobramos de acuerdo con unos aranceles congelados desde 2003. No nos podemos mover de ahí ni un céntimo. Los abogados, sin embargo, trabajan con minutas orientativas y, por tanto, el cliente no sabrá exactamente cuánto le va a costar la gestión del pleito», detalla el vicedecano Gonzalo de Diego.

La profesión se ha puesto en pie de guerra y hace un par de semanas obtuvo un notable respaldo en la concentración convocada ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los procuradores granadinos exhibieron una pancarta con sus reivindicaciones, acompañados por el decano de los abogados, Eduardo Torres, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Requena, entre otros. Su lucha no es la defensa de un monopolio, aseguran, sino el mantenimiento de un sistema más económico y eficaz que el que derivará de la nueva ley, rodeado de incertidumbre. Además de la labor meramente privada, los procuradores recuerdan que la ley le adjudica una vertiente pública de colaboración con la administración de justicia, hasta el punto de que son considerados agentes de la autoridad. Un efecto de esa condición es, por ejemplo, que sus notificaciones producen plenos efectos jurídicos cuando el destinatario se encuentra en su domicilio y se niega a recibir la copia de la resolución.

El procurador hace el seguimiento tanto de los escritos que presenta en el decanato del juzgado como de las notificaciones que posteriormente envía a los abogados. Cuando existen errores o deficiencias, los pone en conocimiento de los abogados o de la oficina judicial para ser subsanados. También traslada los escritos a la parte contraria en el pleito y se encarga de la ejecución de resoluciones judiciales.

Informes desfavorables

La decana del Colegio granadino advierte de que los procuradores no van a rendirse ante este anteproyecto de ley que los pone contra las cuerdas. «Confiamos en que tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial emitan informes desfavorables. También esperamos que en el trámite de alegaciones los partidos políticos se pongan de acuerdo y salven la situación», subraya.

«De seguir adelante este anteproyecto, nos dirigimos a una justicia más lenta y menos especializada», reitera Mónica Navarro, que atribuye el origen de la propuesta a un conflicto entre los ministerios de Justicia y Economía. «El ahorro no será tal. Creen que liberalizando la profesión se abaratarán los costes pero será lo contrario. Lo que ahora pagan los colegios repercutirá en las arcas públicas y en los ciudadanos», concluye el vicedecano Gonzalo de Diego.

 

FUENTE: Ideal.es

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