Jueces, abogados y procuradores rechazan la ley de Servicios y Colegios Profesionales

La desaparición de la figura del procurador, que advierten podría generar la aprobación del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en sus actuales términos, provocará más retrasos en los tribunales y no supondrá un ahorro para las arcas estatales. María López Márquez, directora del Servicio Común General adscrito a la Oficina Judicial en Murcia, lo tiene claro. «La implantación de esta normativa puede acarrear unas disfunciones enormes», remarcó. «Si desaparece la figura del procurador, la administración de justicia se viene abajo».

López Márquez dejó patente su rechazo a esta planeada normativa en un foro organizado por ‘La Verdad’ sobre esta ley y su impacto en los juzgados. Un encuentro de profesionales ligados a los tribunales que coincidieron, asimismo, en las consecuencias negativas que esta ley traerá bajo el brazo. Este texto, auspiciado por el Ministerio de Economía, ha despertado la indignación en el sector jurídico, especialmente entre procuradores y abogados. Han sido ya varias las concentraciones frente a las sedes judiciales de la Región para plantar cara a esta iniciativa del departamento de Luis de Guindos. Javier Carlos Sánchez, vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, dejó clara en este debate la preocupación del sector que representa y recalcó que «no estamos defendiendo solo a un colectivo. Defendemos el interés de la administración de justicia».

Uno de los puntos de este anteproyecto de ley que más revuelo ha levantado es la eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador. Un aspecto que, advierten, pone en peligro la supervivencia de la procuraduría, cuyo papel podrían llegar a asumir los letrados. José Ruiz, presidente del Colegio de Graduados Sociales, rechazó esta posibilidad y recalcó que «la figura del procurador es imprescindible en nuestros despachos».

También la judicatura murciana, representada en este foro por el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Andrés Pacheco, y el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Joaquín Ángel de Domingo, se muestra contraria a este cambio. Ambos coincidieron en resaltar que no se trata de una ley necesaria y que podría agravar aún más el principal problema de la justicia: su lentitud.

«Todo servicio público necesita una intendencia y ese papel, en justicia, lo llevan a cabo muy bien los procuradores», recalcó Pacheco. «El mal endémico de la Justicia es la lentitud y esto va a retrasar aún más», resaltó Joaquín Ángel de Domingo.

La directora del Servicio Común General insistió, además, en que esta ley «está hecha por alguien que desconoce el día a día de una administración de justicia» y que su aprobación «acarrearía disfunciones enormes» en los tribunales. Resaltó, asimismo, que va en dirección contraria a algunas otras reformas que se están planteando desde el Ministerio de Justicia, concretamente a los cambios que introducirá la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualmente en tramitación. Ésta otorga mayor poder a los procuradores para agilizar la ejecución de sentencias. Un aspecto en que, coincidieron los participantes, el colectivo es clave.

Sánchez advirtió, asimismo, del coste que generaría la desaparición del colectivo que representa. La razón es que obligaría a modificar todo el actual sistema de notificaciones telemáticas de los juzgados y a crear un nuevo modelo para suplir la labor que actualmente realizan estos profesionales. Un sistema que, cifró Sánchez, tiene un coste de unos 200 millones de euros. «Alguien tendrá que asumir ese coste», recalcó.

Un duro golpe a los colegios

Los letrados también cuestionan duramente la reforma, pero hacen especial hincapié en los aspectos que afectan a los colegios profesionales, concretamente a la eliminación de la colegiación obligatoria. Francisco Martínez-Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia, subrayó que «la ley es inoportuna y desconoce el mundo de los colegios profesionales». El decano de los letrados murcianos mostró sus dudas ante el supuesto ahorro que el Ejecutivo pretende alcanzar con la introducción de esta norma ya que, recalcó, «los colegios los pagamos nosotros y tienen una función social». José Ruiz, presidente de los graduados sociales, también subrayó la labor deontológica y de impulso de la formación que realizan los colegios y recordó que «al Estado eso no le cuesta un euro».

Sánchez criticó, al igual que Ruiz y Martínez-Escribano, que la nueva regulación está generando confusión en los colectivos y cuestionó el intervencionismo en la vida colegial que supone el texto. «No nos gusta que haya injerencias», recalcó el presidente de los graduados sociales. «Si hay una mala actuación, que se vea en los tribunales». María López sostuvo que este proyecto «debe reconsiderarse, no solo por los procuradores, sino en beneficio de la administración de justicia». Pacheco aseguró que «si el ministro se muestra un poco más sensible a la calle, la ley dará un viraje».

 

Fuente : laverdad.es

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