Las tasas judiciales empiezan a frenar las demandas por negligencias sanitarias

A finales de septiembre la familia de Paula Rodríguez, una niña de Poblete de cuatro años que sufre una parálisis cerebral severa, consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les diese la razón: su hija fue víctima de una negligencia médica, tras ser sometida al poco de nacer a una operación en el Hospital Gregorio Marañón.

“Sólo” tres años después la justicia ha fallado a su favor en la demanda contra el SUMA (el sistema público de salud madrileño), condenado a abonar una indemnización de 600.000 euros.

Pero esto no es lo habitual, lo frecuente es que pleitos de este tipo se eternicen en los tribunales y no se resuelvan a favor del demandante. Problema al que se ha sumado en el último año el de las tasas judiciales que contemplan la condena en costas en lo Contencioso, para el instigador del procedimiento.

“Ha habido suerte, el caso de Paula entró en una nueva sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la décima, menos atascada que otras”, explica Rubén Darío Delgado, el abogado del equipo jurídico de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), que está detrás de la victoria en los tribunales de los Rodríguez Bastante.

“Ellos van a cobrar, seguro, pero todavía no sabemos cuándo”, afirma en una entrevista en la que este letrado de 30 años, que lleva más casos  en Ciudad Real, se queja de cómo las tasas judiciales de Gallardón están frenando las demandas. “Antes no te podían condenar en costas, ahora sí, y estas demandas son muy costosas, hay que pagar peritaciones médicas…. El demandante debe estar preparado para  disponer antes de una parte proporcional de lo que reclama y eso es muy difícil”, añade.

Avinesa, una asociación sin ánimo de lucro fundada por familiares de víctimas, lleva desde la mitad de los noventa asesorando a víctimas y familiares de errores graves como consecuencia de mala práxis o mal funcionamiento de la sanidad. Fueron los primeros en organizarse para hacer frente a denuncias “que entrañan enormes dificultades”.

En Ciudad Real el caso de Paula ha sido todo un premio a un trabajo que todavía no ha terminado: “El SUMA no ha recurrido por lo que la sentencia es firme. La administración tiene un plazo de dos meses para pagar voluntariamente y el tiempo corre a nuestro favor puesto que cuanto más se retrasen más intereses tienen que abonar”.

No obstante, no será la sanidad pública madrileña quien pague sino su aseguradora, que es la misma que la que tiene que hacer frente al accidente del Alvia de Santiago de Compostela.

“Si no nos pagan tendremos que presentar una demanda ejecutiva, que tiene por objeto el embargo de bienes, pero no creo que tengamos que llegar a eso”, agrega el abogado.

En Ciudad Real Delgado lleva además otros casos. Uno de ellos se parece al de la niña Paula, porque tiene que ver con un parto, pero es todavía más grave. Se trata de una niña nacida el 16 de julio de 2011 en el Hospital General y que sufre problemas neurológicos severos por una presunta mala práxis durante el alumbramiento.

La madre, que ya había tenido otro hijo por cesárea, tuvo complicaciones en el segundo parto, “le quitaron la monotorización cuando se veia que el niño se estaba asfixiando por una bradicardia grave. Además tuvo a este bebé de manera natural cuando había sido sometida a una cesárea y si se da esta circunstancia debe haber un consentimiento informado. Un parto natural tras una cesárea implica riesgos y no le dieron la oportunidad de asumirlos”, detalla Delgado.

También de la provincia lleva otra denuncia de un hombre de unos 50 años que fue sometido a unas pruebas en el Hospital La Mancha Centro que le dejaron problemas cardiacos severos (es de 2008).

Y una tercera denuncia, en esta ocasión en una clínica privada, en la que no supieron ver a tiempo un grave melanoma en un hombre de 30 años lo que provocó un retraso de diagnóstico de consecuencias fatales.

De los asuntos de Castilla-La Mancha, denunciados ante los tribunales de lo Contencioso de Toledo sede del Servicio de Salud regional, el abogado de Avinesa explica que van “anormalmente lentos” en comparación con denuncias en otras comunidades autónomas.

 

Fuente: Lanza digital

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