Prescindir de los procuradores saldría muy caro a Justicia

Fuente: Expansión

OBSERVATORIO De izquierda a derecha, Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional; Montse Surroca, diputada de CiU; Juan Bravo, subsecretario de Justicia; Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión; Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de Procuradores de España; y Manuel G. Altava, portavoz de la Comisión de Justicia y senador del Partido Popular.

OBSERVATORIO De izquierda a derecha, Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional; Montse Surroca, diputada de CiU; Juan Bravo, subsecretario de Justicia; Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión; Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de Procuradores de España; y Manuel G. Altava, portavoz de la Comisión de Justicia y senador del Partido Popular.

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El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales impulsado por Economía pone en jaque a este colectivo. El sector jurídico ha plantado cara a una reforma que considera innecesaria.

La desaparición de los procuradores podría salir muy cara a las arcas públicas y, concretamente, al Ministerio de Justicia. Así lo afirmó ayer Juan Bravo, subsecretario de Estado de Justicia, que describió los problemas reales que puede implicar para su departamento la aprobación del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en sus actuales términos.

Según sostuvo durante un observatorio organizado por EXPANSIÓN sobre La Justicia en la ley de servicios profesionales, el impacto de esta medida en el presupuesto público obligaría a que, de aprobarse, se tuviera que hacer con un período transitorio muy largo para poder asumirlo. La razón es que supone modificar todo el actual sistema de notificaciones telemáticas de los juzgados y tribunales de Justicia y crear un nuevo modelo para suplir la labor que actualmente cumplen los procuradores.

El texto, auspiciado por el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos, ha despertado un gran revuelo y descontento en el sector jurídico, especialmente en torno a procuradores y abogados, las dos profesiones que más batalla están librando por evitar los demoledores efectos que la reforma podría implicar para ellos.

Bravo señaló que eliminar la incompatibilidad entre abogados y procuradores es una medida que “va en dirección contraria” a las reformas que se están planteando desde Justicia y, más en concreto, en contra de los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualmente en tramitación, que otorga nuevas competencias a los procuradores para agilizar la ejecución de sentencias. Todos los ponentes participantes en el coloquio coincidieron en que uno de los problemas más graves que tiene actualmente la Justicia en España es precisamente la ejecución de sentencias, de ahí que el Ministerio busque alternativas para agilizar esta fase del proceso.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, quiso dejar claro que este colectivo no está en contra de las medidas para la unidad de mercado, pero reprochó que se traten de modificar “cuestiones que funcionan bien, como las notificaciones telemáticas, una cuestión pacífica con un nivel de incidencias prácticamente inexistente”. Según Estévez, cambiar este sistema por algo “incierto” supondría “destrozar el sistema de Justicia”.

Colegiación

Los abogados también cuestionan duramente la reforma, pero con mayor incidencia en la colegiación obligatoria. La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, criticó que el anteproyecto “entra en aspectos de la abogacía que no eran conflictivos” y cuestionó que, para establecer la colegiación obligatoria, se hagan distinciones entre abogados dependiendo de la relación que mantengan con el empleador (laboral o mercantil). En este sentido, señaló que esto está creando confusión porque, en una primera lectura, parece que sólo quedan fuera los abogados de empresa, pero se desconoce si, con el real decreto de 2006 que estableció la relación laboral de los abogados contratados por los despachos, también estos quedarían eximidos.

La decana insistió en que no es cierto que Europa esté demandando una regulación en estos términos y puso como ejemplo el caso de Portugal, donde ya han acometido esta reforma sin eliminar la colegiación obligatoria. Tanto Gumpert como el portavoz de la Comisión de Justicia del Grupo Popular en el Senado, Manuel G. Altava, recordaron la labor que están llevando a cabo los colegios profesionales, por ejemplo en el turno de oficio o con la creación de hasta 40 oficinas de intermediación hipotecaria, algo que, según dijo el senador popular, “sería más caro si lo asumiera la Administración”.

Altava, que recordó que los colegios profesionales no cuestan dinero al Estado, defendió el actual modelo y advirtió de que se trata, una vez más, de “una reforma jurídica hecha por economistas”.

Por su parte, la diputada de CiU Montse Surroca pidió “no tocar lo que funciona”, temiendo que la reforma pueda afectar a la buena calidad de los servicios profesionales, y criticó la invasión de competencias de la Generalitat por parte del Estado en esta cuestión.

En opinión de Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y ex vocal del Poder Judicial, el anteproyecto supone “un ataque gratuito e innecesario a las profesiones”. Recordando el “ínfimo nivel” del primer texto presentado por Economía –“algo que ha mejorado un poco en el último borrador de noviembre”–, planteó que si el objetivo de la reforma es el abaratamiento de los servicios profesionales, eso ya lo ha conseguido la crisis, con un descenso considerable y generalizado en los honorarios. Finalmente, censuró la gran confusión que se está generando en los colectivos afectados y en la sociedad al trasladarse mensajes equívocos sobre la reforma.

Confusión

Todos los expertos coincidieron en que la nueva regulación del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales está generando confusión y cuestionaron el intervencionismo en la vida colegial de las profesiones que propicia el texto. Así lo puso de manifiesto, por ejemplo, Sonia Gumpert, que advirtió de que el anteproyecto contempla que, ante indicios de inactividad del colegio, se podría llegar a disolver. “Esto no concilia con principios democráticos”, protestó. Por su parte, el subsecretario de Estado recordó que, hace un año, el Gobierno de España defendió la función del procurador en una cuestión prejudicial que se planteó ante el Tribunal de la Unión Europea motivada por el pago de aranceles a este colectivo. Según Juan Bravo, si así se defendió entonces, supone “una incoherencia” apoyar otra tesis en esta reforma que traslada al derecho español una normativa europea.

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