‘La nueva ley de servicios profesionales genera gran inseguridad jurídica’

El presidente de los procuradores de Málaga, Francisco Bernal. | ELMUNDO.es

ENTREVISTA | Francisco Bernal, presidente del Colegio de Procuradores

 

Fuente: El Mundo

Más de 130.000 firmas ha recogido el Consejo General de Procuradores de España contra el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que el Ministerio de Economía tiene previsto aprobar, y que equipara a los abogados y a los procuradores, autorizando a los primeros a ejercer la representación ante los tribunales que hasta ahora era competencia de los segundos, y otorgando a estos la capacidad de dirigir pleitos. En Málaga, el medio millar de procuradores lleva varias semanas de intensas protestas contra la futura norma, que suprime los aranceles y liberaliza sus honorarios.

Pregunta.– A los ojos de un observador externo la norma les confiere nuevos atributos y con ello posibilidades mayores. ¿Por qué es esta ley dañina para su colectivo?

Respuesta.– La ley ha tenido la gran virtud de levantar en pie de guerra a todos los colectivos profesionales, y eso es un gran mérito (sonríe). No sólo los procuradores protestamos. La abogacía ha planteado alegaciones y ha argumentado sólidamente la existencia de dos profesiones bien diferenciadas: la defensa del justiciable y la representación ante los tribunales. Si prospera la ley se podrán ejercer ambas desde los colegios de abogados y procuradores. Es un pequeño caos: dos colegios con idénticas funciones pero que podrían chocar debido a que cuentan con criterios deontológicos distintos.

P.– Serían los procuradores los más afectados…

R.– El perjuicio no es para la procura, sino para el justiciable. Estar en el día a día del procedimiento, controlar los plazos y las notificaciones a tiempo, no es lo mismo que ejercer la defensa y la representación a un tiempo. Eso sin contar con que el procurador puede actuar como agente de la autoridad, y el proyecto es que los servicios de comunicación y notificaciones sean llevados en parte por los procuradores, una especie de privatización.

P.– ¿Tan esencial es la figura del procurador? ¿No es una cuestión de funciones?

R.– Desde el Derecho Romano persiste la figura del procurador, y el propio Gobierno ha reconocido su importancia al exigir un máster de contenido diferenciado para ejercer la procura que para acceder al ejercicio de la abogacía. El Ejecutivo tomó conciencia con ello de que se trataba de dos profesiones distintas, como las de cirujano y anestesista. Somos licenciados en Derecho y podemos estar en los dos colegios (abogados y procuradores), y la defensa es una profesión extraordinaria. Pero nos ocupamos de que el representado obtenga el derecho a la tutela judicial efectiva. No tenemos una intervención directa en el proceso, pero sin nosotros no sería posible.

P.– Los procuradores gestionan cada año en España 50 millones de notificaciones. Este es su caladero, su nicho de mercado, que con la nueva ley tendrían que compartir con los abogados. La competencia sería tremenda.

R.– No es simplemente que tengamos más o menos porción de la tarta, sino que va a crearse un tótum revolútum que no es conveniente para la ciudadanía. La ley, por ejemplo, no obliga a colegiarse a abogados que no vayan a ejercer ante los tribunales. Esto puede ahorrar unos costes, pero crea una gran inseguridad jurídica para el ciudadano, porque el profesional colegiado cuenta de hecho con un seguro de responsabilidad civil que no tendría el no colegiado, y esto entraña unos riesgos para el cliente. Los colegios dejarán de controlar además si los profesionales tienen la formación adecuada.

P.– ¿Cuál es su principal hándicap respecto a los abogados? ¿Qué lagunas debería cubrir un procurador para competir?

R.– Deberíamos de ejercitarnos en la oratoria forense. Necesitamos adquirir soltura para dirigirnos a un tribunal. El abogado debe convencer al juez de que su defendido tiene unas pretensiones justas y en ello es esencial el uso de la palabra, algo de lo que nosotros carecemos por falta de ejercicio.

P.– ¿En qué les afecta la supresión de aranceles? Ahora cada procurador podrá cobrar honorarios de común acuerdo con el cliente…

R.– Con un arancel el representado sabe perfectamente lo que nuestro servicio le va a costar, sin posibilidad de sorpresas. Nosotros apostamos por esa fórmula.

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