Los procuradores temen “un retraso de 30 años en la Justicia española”

Fuente : Diario de Avisos

 

El decano del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, Leopoldo Pastor Llanera, alertó ayer de que las consecuencias de aplicarse lo dispuesto en el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales supondrán “un retraso de 30 años para la Justicia española”. Para Pastor, la medida de terminar con la reserva de actividad para los procuradores y difuminar su actividad laboral con los abogados traerá “el caso” y “es fruto de un afán de ahorro por parte del Ministerio de Economía que, en realidad, acabará siendo muy gravoso para las arcas del Estado”.

El decano de los procuradores tinerfeños realiza estas declaraciones con vistas a la protesta que a partir de la una y cuarto del mediodía de hoy llevará a cabo este colectivo frente al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

“Nos movilizamos porque entendemos que el Gobierno debe cambiar de planes antes de que destroce, por ejemplo, el actual sistema de notificaciones que los colegios de procuradores de toda España y el Ministerio de Justicia hemos conseguido” detalla Pastor, quien recuerda que hoy dicho sistema “permite entre ochenta y cien millones de notificaciones anuales que se llevan a cabo el mismo día y por vía telemática”.

Explica el decano que acabar con la barrera entre abogados y procuradores conlleva “dificultades tales como la incompatibilidad física entre ambas tareas. Los procuradores estamos obligados a comparecer diariamente en los juzgados para diligenciar notificaciones que muchas veces afectan a la vida de los ciudadanos de forma crucial, porque igual es una multa que un desahucio: por su parte, los abogados requieren de tiempo para preparar sus casos debidamente”.

Pero aún más grave son las dudas que plantea Pastor acerca de “la función pública que llevan a cabo los procuradores y que, francamente, no sé cómo podrá compaginarse con la legítima aspiración profesional de los abogados en cada asunto”.

El decano tiene claro que será el usuario de la Administración de Justicia “el que acabe siendo el principal perjudicado”. La razón: “Si no funcionan las notificaciones nos veremos abocados a retroceder treinta años y a un retraso generalizado de todo tipo de procedimientos”.

Desde Economía
Lo más curioso del asunto es que, en este caso, no ha sido el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón quien ha creado el conflicto. “No tenemos problema alguno con el ministerio, sino más bien al contrario dado que en mayo se ampliaron las funciones que ejercen los procuradores; es el Ministerio de Economía el que ahora saca una normativa que tememos resulte funesta y ni siquiera supondrá un ahorro como ellos aseguran, ya que si el sistema de notificaciones actual decae al perder interés para los colegios de procuradores ¿quién va a sufragar el coste del mismo?”.

Por todo ello, las movilizaciones se suceden por todo el país. Ayer le tocó el turno a toda Andalucía, como ya ocurrió en el Levante español, en Ciudad real, en Galicia…

La de hoy es la primera que convocan los procuradores del colegio tinerfeño. Puede que no sea la última.

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