Funcionarios y letrados redoblan la presión para que no se lleven los juzgados a Murcia

 

Fuente: laverdad.es


CUATRO FRENTES

Traslado de juzgados a Murcia.Funcionarios de Justicia, Colegio de Abogados, Federación de Asociaciones de Vecinos y Ayuntamiento de Cartagena se oponen.
Registro Civil. Los sindicatos judiciales y los letrados rechazan que la gestión pase a los registradores de la propiedad y mercantiles y que se cobre por ciertos trámites.
Juzgados de paz. El sector judicial se ha movilizado para que los ayuntamientos de la comarca, y en particular los cargos del PP, se opongan a esta medida.
Ley de tasas. El Colegio de Abogados insiste en la necesidad de que el Ministerio de Justicia dé marcha atrás, para que no haya una «justicia para ricos».

Los funcionarios de Justicia y el Colegio de Abogados de Cartagena han redoblado su presión a los representantes del Partido Popular en las tres administraciones (local, autonómica y central) para modificar el borrador de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y que se garantice el mantenimiento del partido judicial de Cartagena y se evite el traslado de los funcionarios a Murcia.

A pesar de los reiterados llamamientos a la tranquilidad de alcaldes, concejales, miembros del Gobierno regional y diputados autonómicos y nacionales del PP, así como por miembros de las ejecutivas de este partido, el sector judicial mantiene su movilización. Es más, su nivel de inquietud ha aumentado esta semana a raíz de conversaciones entre delegados de Comisiones Obreras y representantes del Ministerio de Justicia. De hecho, el citado sindicato ve probable que el Gobierno central dé un primer impulso a la nueva normativa (como anteproyecto de ley) en el plazo de un mes y medio.

El consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma, Manuel Campos, ha tratado de reforzar la citada apelación a la calma con un mensaje nítido al personal de los juzgados y al colegio profesional de letrados, que agrupa a unos quinientos profesionales.

Según ha informado al diario ‘La Verdad’ un portavoz de este departamento del Gobierno regional, el consejero se reunió hace unos días con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y éste le insistió en que tal y como anunció en el Congreso de los Diputados «no se suprimirán unidades judiciales» en la Región de Murcia. Durante la tramitación de la nueva legislación, la Comunidad tendrá que emitir un informe no vinculante sobre su aplicación en la Región. El Gobierno autonómico se remite a ese momento para dar a conocer su postura sobre las modificaciones.

El propio Campos ha informado del resultado de ese encuentro a la delegada de Comisiones Obreras (el sindicato mayoritario en el ámbito judicial en Cartagena), Gertrudis Peñalver. Ésta destacó que su respuesta a este miembro del Gobierno autonómico es que estas palabras no suponen ningún motivo de sosiego, porque el borrador de la nueva ley «condena a medio y largo plazo al partido judicial a su desaparición».

«El texto elaborado por el Gobierno lo dice muy claro respecto a que no se podrán hacer inversiones salvo en las capitales de provincia, y a que se centralizarán los servicios en esas ciudades. Así que no sirve de nada que digan que no suprimirán juzgados, si al final todo se prepara para el traslado de jueces y el personal a Murcia», advirtió Peñalver. También comenta que «lógicamente, por problemas de presupuesto y de logística, el Ministerio no puede plantearse trasladar de golpe a 3.500 funcionarios desde los distintos partidos judiciales de la Región a la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde hay plantas vacías listas para acoger los distintos juzgados de Cartagena, Lorca, Molina… Pero a la larga ése es el plan, según está redactado en el borrador».

Gertrudis Peñalver añadió que «de poco sirve que la alcaldesa de Cartagena, o el consejero Campos o el diputado Andrés Ayala afirmen que confiemos en las palabras del ministro, porque lo que vale es lo que está escrito. Y lo que está escrito lo puede leer todo el mundo y, para todo aquel que no lo mire con ojos partidistas sino desde la defensa de un servicio público esencial para Cartagena y cuya presencia en la ciudad genera numerosos puestos de trabajo y actividad económica en la zona de Ángel Bruna, es muy claro en cuanto a sus consecuencias: el partido judicial de Cartagena desaparecerá».

El mismo compromiso que Campos pone en boca de Gallardón es el que se trajo hace unos días de Madrid el alcalde de Lorca, Francisco Jódar (también del PP). El regidor lorquino se entrevistó con el subsecretario del Ministerio, Juan Bravo, y le mostró su preocupación por la incidencia que la futura norma puede tener en la prestación del servicio de la Administración de Justicia en ese partido judicial.

La respuesta del alto cargo del Gobierno central fue, según Jódar, que «en modo alguno, la futura ley supondrá la disminución de las unidades judiciales que hay en la ciudad en estos momentos». El alcalde añadió que según Bravo será competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) la reorganización interna de esas unidades, y concluyó que, a su entender, la nueva norma no significará el desmantelamiento del aparato de la Administración de Justicia en la localidad.

Para el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, la interpretación que hace Jódar es equivocada porque el TSJRM no podrá hacer otra cosa que lo que fije la ley. Es decir, se verá obligado a concentrar los juzgados en Murcia.

Juzgados de paz

«Que hablen de unidades judiciales sigue sin ser tranquilizador. Queremos oír las palabras jueces y tribunales de instancia y apelación. Y queremos verlo escrito en la propuesta de reforma de la ley, antes de que ésta sea aprobada por el Gobierno y pase al trámite de su debate parlamentario», señala Muelas.

El colectivo que lidera lleva meses tratando de hacer ver a los dirigentes ‘populares’ el «disparate» jurídico, económico, social y territorial de acabar con los partidos judiciales, y dentro de esta batalla ha intensificado su presión en los otros municipios de su competencia. Se trata de Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. La desaparición de los juzgados de paz es uno de los principales argumentos de los letrados. «Si la reforma entra en vigor como está planteada en estos momentos, un vecino que quiera obtener una simple partida de nacimiento, entre otros trámites muy básicos, tendrá que irse a Murcia», dijo Muelas.

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