Alcaldes y Conselleria rechazan la ley que suprime los partidos judiciales

Fuente: El periódico Mediterraneo

La nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que prepara el Gobierno contempla la desaparición de los partidos judiciales, considerándolos “estancos”, y la creación de una nueva figura, el Tribunal de Instancia, cuyo ámbito jurisdiccional será la provincia y la sede estará en la capital, es decir, en Castellón. Una drástica reforma que rechazan tanto los alcaldes de los municipios que se verían afectados -Nules, Vila-real, Vinaròs y Segorbe- como el conseller de Justicia, Serafín Castellano, confiando en que no se aplique literalmente como está concebida por la comisión de juristas nombrada por el Ministerio de Justicia en el año 2010.

El documento es un borrador, por lo que ayuntamientos y Conselleria -en un frente común- esperan que no se llegue a materializar y que su defensa de las sedes actuales, hecha pública en reiteradas ocasiones, evite la supresión que recoge la norma. Sí entenderían, no obstante, una redistribución del trabajo entre las cinco sedes judiciales actuales.

El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón tenía previsto avanzar en la aprobación de la ley este otoño, aunque la tramitación se retrasará, entre otros motivos, por las contundentes reacciones negativas que está provocando el proyecto, además de en Castellón, en otras provincias, como Tarragona o Segovia, o entre los abogados y sindicatos.

Munícipes y conseller coinciden en que la eliminación de los partidos judiciales no puede llegar a materializarse porque se rompería el principio de proximidad de la Justicia con el ciudadano. Además, no conciben la creación de una megaciudad de la justicia en Castellón que pueda asumir toda la carga de trabajo de los juzgados. Más aún teniendo en cuenta las instalaciones actuales que, menos Nules -con una ampliación pendiente desde hace años-, son relativamente nuevas, en especial el Palau de Justicia de Vila-real, cuya inauguración oficial se hará en los próximos días.

Sin embargo, el borrador del Gobierno deja claro que no invertirá en unas infraestructuras que califica de “provisionales”. Así lo recoge literalmente: “Mientras las circunstancias presupuestarias no permitan inversiones que positivicen en toda su extensión los términos de la ley, se facilita la continuidad de uso de los edificios judiciales habilitados en las antiguas cabeceras de partido, si bien con carácter provisional, sin que por ello resulte posible llevar a cabo más inversiones”.

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