EL PERITO Y LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Artículo de : PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIAL , peritos incluidos en el Buscador Profesional Thesauro. 

El 25 de mayo de 2018, entra en vigor el Reglamento europeo de protección de datos. Este Reglamento pretende dar mayor poder a los interesados sobre sus datos personales, tanto en redes sociales, smartphones, banca online, en documentos públicos y privados, etc., de forma que tendrán mayor control sobre sus datos.

Este Reglamento se aplica todas aquellas entidades y profesionales, como los peritos calígrafos judiciales, que traten datos de carácter personal que se encuentren dentro de la Unión Europea.

Se incorpora el concepto de privacidad desde el diseño, lo cual se traduce en que la elaboración de los informes periciales, se tiene que realizar teniendo en cuenta la protección de datos desde un primer momento, es decir, si en un informe hay textos, nombres, firmas u otros datos de alguien ajeno a la pericial, debe suprimirse estos datos.

Para poder considerar que el consentimiento es “incuestionable”, el Reglamento requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que apunte al acuerdo del interesado, cuando un cliente encargue un trabajo, en el cual sea el afectado, deberá consentir que sus datos sean estudiados, analizados, etc. y aparezcan en el informe solicitado.

Por tanto, el consentimiento tiene que ser verificable y quienes recopilen datos personales deben poder probar que el afectado les concedió su consentimiento.

Si el encargo es sobre un fallecido, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad.

Registro de Actividades, con el nuevo Reglamento, el registro de las actividades de tratamiento de los datos, será obligatorio para personas y empresas, los peritos calígrafos tratamos datos confidenciales.

No cumplir con las normativas y obligaciones de las leyes por la protección de datos comporta diferentes sanciones dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, que puede ser leve, grave o muy grave. Por lo que si tratáis con datos personales, debes tener todas estas consideraciones y cambios muy en serio.

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especificarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento en relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y otras autoridades judiciales, los peritos deberán solicitar por escrito, la autorización del uso de los datos que le entrega el juzgado.

www.peritoscaligrafosjudicial.es

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Los actos de comunicación realizados por el Procurador

Actos Comunicacion Procurador

Artículo de: BARTOLOMÉ PROCURADORES ,   profesionales incluidos en el Buscador Judicial Thesauro 

 

Los Procuradores, además de nuestra labor histórica como representantes procesales de las partes, en los últimos años hemos ido ganando un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de los procedimientos judiciales, repercutiendo con ello de manera directa en la dinamización de los procesos. Probablemente la más destacada haya sido que nuestro ordenamiento jurídico nos otorgue la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, logrando agilizar las comunicaciones entre el Juzgado y las partes.

 

Pioneros en actos de comunicación en toda la Comunidad de Madrid

 

En Bartolomé Procuradores desde el primero momento tuvimos claro que esta reforma era muy beneficiosa para nuestros clientes ya que se agilizan enormemente los tiempos procesales cuando interviene un Procurador. Sin duda alguna, el ahorro en tiempo se ve directamente reflejado en un ahorro económico para nuestros clientes.

 

Podemos decir que este despacho es pionero en realizar los actos de comunicación, llevándolos a cabo entoda la Comunidad de Madrid, impulsando y agilizando la buena marcha de todos los procesos que nos confían nuestros clientes.

 

Llevamos a cabo actos de comunicación de todo tipo: emplazamientos, requerimientos, notificaciones, citaciones, mandamientos, oficios, etc. Siempre garantizando que se ponen todos los medios posibles para lograr el éxito en los mismos.

Actos de comunicación que agilizan los procedimientos judiciales

 

Todo el sector es consciente de la tremenda saturación que sufren la inmensa mayoría de Juzgados y Tribunales de nuestro país. Claros ejemplos de ello son los Juzgados de Paz o el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) que sufren una paralización y un colapso considerable debido a la falta de medios, llegando en algunos casos a tardar más de 6 meses en llevar a cabo un acto de comunicación.

 

Por todo ello, gracias a la intervención del Procurador en las diligencias de notificación, se agiliza y se logra esa inmediatez necesaria en los procedimientos judiciales. Y, sin ninguna duda, creemos que es un servicio que nuestros clientes aprecian cada vez más.

 

Actos de comunicación: la LEC y el fortalecimiento de la figura del Procurador

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establecía una nueva regulación de los actos de comunicación, en la que tanto los litigantes como sus representantes asumían un papel más activo y eficaz. Los procuradores nos convertíamos así en los responsables de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos.

 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, intensificaba también la figura del Procurador mediante una nueva reforma del artículo 26 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente reforzaba la posición del Procurador como un auténtico colaborador de la parte, pero también de los tribunales de justicia, ya que éstos podían solicitar su ayuda para que llevase a cabo determinado acto de comunicación específico.

 

Años más tarde, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, reforzaba de nuevo las atribuciones y obligaciones de los procuradores respecto de la realización de los actos de comunicación a las personas que no son su representado. Específicamente se nos atribuía a los procuradores la capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que permitía su práctica con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Es decir, se nos eximía a los procuradores de la necesidad de vernos asistidos por dos testigos para obtener la validez de una notificación, algo que directamente ha repercutido en la agilización de los procedimientos.

 

NECESITAS UN INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS _ IEE.CV

IMAGEN CABRERA

Artículo de:  CLARA CABRERA arquitecto y perito de Valencia, incluida en el buscador profesional Thesauro 

¿TU EDIFICIO TIENE MÁS DE 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD? ¿NECESITAS REALIZAR INTERVENCIONES DE CARÁCTER INMEDIATO O URGENTE EN EL INMUEBLE DONDE VIVES Y QUIERES SOLICITAR AYUDAS PÚBLICAS PARA SU REHABILITACIÓN? NECESITAS UN INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS _ IEE.CV

Está a punto de arrancar la campaña IEE.CV 2018 para la realización del Informe de Evaluación del Edificio en el ámbito de la Comunitat Valenciana. El anteproyecto del Decreto del Consell IEE.CV se encuentra en fase de información pública, siendo cuestión de semanas que se publiquen las bases para el año 2018.

¿Qué es el IEE.CV?

Es un documento técnico que recoge la información del edificio y su evaluación en relación con su estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la certificación de eficiencia energética. Es por tanto un documento que nos permite conocer el estado de nuestro edificio para poder acometer las obras de rehabilitación y mantenimiento más aconsejables, al tiempo que cumplimentar la obligación urbanística para edificaciones de más de 50 años y edificaciones catalogadas.

El IEE.CV desarrolla tres puntos principales:

  • Estado de Conservación: El estado del inmueble revisando desperfectos, causas y recomendaciones, si procede, para la rehabilitación de su estructura, envolvente o condiciones de habitabilidad.
  • Condiciones de Accesibilidad: La evaluación de las condiciones de accesibilidad y propuestas para el cumplimiento de la normativa en vigor.
  • Eficiencia Energética: El certificado de eficiencia energética, CEE.

El informe IEE sustituye y complementa a la anterior ITE (Inspección Técnica de Edificios), teniendo un margen más amplio al incluir las condiciones de accesibilidad y el certificado energético, además de garantizar la conservación y seguridad. Esto es así desde la aprobación del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas.

¿Cuándo es necesario el IEE.CV?

Los propietarios de edificios de tipología residencial vivienda deberán promover la realización del informe IEE.CV en los siguientes supuestos:

  1. En edificios de antigüedad superior a 50 años.
  2. Edificios de viviendas, unifamiliares o plurifamiliares, cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para obras de rehabilitación.
  3. En edificios catalogados, y en aquellos que así lo determine la normativa autonómica o municipal.

El informe lo promueve el/los propietario/s del edificio y se debe realizar cada 10 años.

Normativa reguladora:

  • Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
  • Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas.
  • Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, relativa a la implementación en la Comunitat Valenciana del informe de evaluación del edificio a partir del informe de conservación y de la certificación energética del edificio.
  • RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado «Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunitat Valenciana».

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Para la evaluación del edificio será necesario en primer lugar contactar con un técnico cualificado, el cual deberá asesorar y guiar a los propietarios en todo el proceso. El redactor del informe deberá ser un profesional competente en materia de edificación residencial, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Inspección

Para la redacción del informe será necesaria una visita previa al inmueble para su inspección. El técnico deberá solicitar a la Comunidad de Vecinos la información pertinente para poder preparar la visita en el despacho (antecedentes, CIF de la comunidad, documentación catastral, información urbanística, registros históricos, proyecto o libro del edificio, etc.).

Durante la visita al inmueble el técnico redactor del informe deberá inspeccionar los siguientes elementos:

  • Todos los elementos comunes del edificio (zaguán, escalera, sótano, cuartos instalaciones, etc)
  • Todas las fachadas
  • Todas las cubiertas
  • Las unidades de inspección (viviendas o locales) obligatorias en función de lo dispuesto en normativa y manuales del IEE.CV, primándose la inspección de las unidades situadas en planta primera y última por ser las más sensibles a sufrir patologías. Se debe tener en cuenta que la inspección es obligatoria en un número determinado de viviendas, por lo que se le solicitará la colaboración de los vecinos para la revisión de su vivienda.

Además de la información sobre el estado de conservación del edificio, se recogerán datos sobre las condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética del edificio.

Será aconsejable la realización de catas en fachadas, cubiertas y estructura si el técnico así lo aconseja, aunque la decisión final siempre será de la comunidad de propietarios al no ser este punto obligatorio.

Informe

Una vez recopilada toda la información necesaria (levantado de planos de zonas comunes, caracterización de la envolvente térmica, inspeccionado y diagnosticado de patologías, etc) se redactará el correspondiente Informe de Evaluación del Edificio IEE.CV, que deberá contener las recomendaciones y propuestas de actuación para mantener o rehabilitar el inmueble. En la Comunidad Valenciana se establece, como herramienta autorizada para la redacción del mismo, el programa informático IEE.CVWIN.

Con las conclusiones extraídas del Informe, se comunicará a la Comunidad el resultado y se procederá al registro telemático de dicho Informe.

El profesional redactor del informe presentará telemáticamente el Informe de Evaluación del Edificio antes de la solicitud de ayudas a la rehabilitación, remitiendo una copia a la Comunidad, junto con el acta de inspección, para que pueda adjuntarlo a la documentación solicitada por su ayuntamiento.

Enlaces:

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http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/informe-de-evaluacion-del-edificio

http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17559

NO ERA UN JUICIO MÁS

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Juzgados de Toledo. Viernes 12:25 de la mañana.
Tras esperar en la fila correspondiente al puesto de información, por fin me encontraba en la sala que se me había reservado desde el país nórdico para la videoconferencia, cuya conexión estuvo lista con apenas unos manejos del informático.
Nada hacía presagiar que este procedimiento tuviera alguna particularidad reseñable, hasta que una de las partes intervinientes me indica que las cuestiones planteadas por ellos irían en función a los criterios de la pericia caligráfica de su país. Este comentario me pareció que entraba dentro de una cierta lógica y no le di demasiada importancia, pero al mismo tiempo servía de base para cuestiones en las que mis palabras podían pasar de ser interpretadas en lugar de ser escuchadas.
¿Hay en España alguna autoridad forense que se ocupe de materias como la pericia caligráfica u otras materias? En España, al igual que aquí ¿existe algún método de gradación numérica?
La primera pregunta me hizo reparar en el detalle de que el cliente, en uno de sus frecuentes viajes a España recurrió a mí porque según él, además de que la policía ignoró la solicitud de la prueba pericial, había una ausencia absoluta de profesionales ajenos a la misma. Por tanto, de ser cierto esto, deduje que no admitirían de buena gana la idea de que profesionales independientes fueran colaboradores de la administración de justicia, al tiempo que no harían alusión a la esencia del problema: la prestación de un servicio que le fue denegado en su lugar de origen.
El segundo interrogante me sirvió para corroborar la tesis de una falta de entendimiento manifiesto de las diferentes formas de trabajar en países del entorno europeo. Yo particularmente tengo respeto por las diferentes maneras de trabajar porque no las ignoro, pero no creo adecuado que con posterioridad a un seguimiento metodológíco, nos podamos permitir el lujo de concluir con imprecisiones en las que en una escala de 5, nuestro nivel de seguridad sea de 4. Siempre sin obviar que no todas las conclusiones pueden ser certeras
Por tanto, aunque la conexión fue buena, el entendimiento no lo fue en absoluto, debido al desconocimiento y quizá cierto desdén por la forma de trabajar ajena. Una postura que en ningún caso lleva a una puesta en común y sí a la realización de juicios paralelos dentro de un mismo acto judicial, pues no hay que ignorar que mientras estas preguntas se alejaban de los hechos que señalaban el informe, las otras se habrían evitado con la lectura dicho estudio. En definitiva, no se hizo una sola pregunta técnica sobre los grafismos cuestionados.

Artículo de : ALBERTO REPISO , perito calígrafo incluido en el buscador judicial Thesauro 

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CLÁUSULA SUELO

Inicio, La Construcción De, Residencia, Arquitectura

La cláusula suelo ó  de limitación a la variación del tipo de interés es una condición financiera que la mayoría de las entidades financieras introdujeron,  sobre todo desde el año 2007,  en los contratos de préstamos hipotecarios con la finalidad de impedir que el tipo de interés baje de una cota mínima por más que el Euribor – aunque también en caso de IRPH –descienda,  como está ocurriendo principalmente desde el año 2013. Suele consistir como media en un 3,00% ( puede oscilar según préstamos de un 2% y hasta un 8,50% ). Están insertas en la mayoría de las escrituras de préstamo hipotecario en la cláusula TERCERA BIS. La razón por la que la mayoría de los  bancos o cajas de ahorro no las han dejado de aplicar unilateralmente es que se benefician que no todos los consumidores las reclaman ( se calculan que hay unos 50.000 afectados en la provincia de Málaga y hasta unos 4 millones en toda España ) .

Nuestro TS considera que forman parte del objeto principal del contrato así constituyen una condición general de la contratación, son cláusulas predispuestas e impuestas por una de las partes que se incorporan a una pluralidad de contratos, por lo tanto suponen un contrato de adhesión que provoca un desequilibrio en detrimento del consumidor. Son nulas porque , entre otras razones,  dan una apariencia que el préstamo contiene un interés variable. Es muy necesario que las cláusulas abusivas se tengan por no puestas para conseguir un efecto disuasorio en la protección integral del consumidor como exige la Directiva 93/13CEE, la modulación de las mismas no es congruente con la normativa europea y se debe subrayar el control de oficio que los jueces deben realizar ( en la práctica este control de oficio deja mucho que desear )  . Tiene su  marco jurídico  en la Directiva 93/13CEE, Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios  (LGDCU) , Ley Condiciones Generales de la contratación ( LCGC ) , Artículo 1.303 Código Civil, Orden de 5 Mayo 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras  de los préstamos hipotecarios, … a los cuales me remito.

En el ámbito de los derechos de los consumidores en sus relaciones con las entidades bancarias, además de la cláusula suelo en la que el amparo judicial – por la intervención de la normativa de Europa y bastantes jueces españoles que han interpretado pro consumidor – está protegiendo,  se debe avanzar todavía mucho más y deseo subrayar los agravios e inconvenientes jurídicos que en la práctica se están produciendo en los casos de:  IRPH , derechos pequeños empresarios ó PYMES, las llamadas titulizaciones de los préstamos, gastos de formalización, soberbias jurídicas de algunas entidades bancarias, etc. .

Esta es una  materia muy dinámica, cambiante, oscilante, mediática lo que me obliga a limitar la extensión de este artículo a unos aspectos que por mi criterio profesional y oportunidad considero de alguna forma más relevantes.

En cuanto a la OFERTA VINCULANTE, las entidades bancarias suelen manifestar que en el  caso de existir ésta no se puede discutir la abusividad, lo cual no es cierto pues la referida normativa sectorial de la Orden Mayo 1994 establece tres hitos, así se exigen tres pilares: Folleto informativo con adecuada información, Oferta vinculante clara y control del clausurado por el notario autorizante. Aunque conste la existencia de oferta vinculante firmada es reiterada Jurisprudencia que aún así es nula la cláusula suelo.

En relación al R.D. LEY 1/2017,  de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, la situación no puede decirse que haya mejorado sustancialmente. A mi entender no aporta nada nuevo ni positivo al consumidor ante los abusos bancarios y lo peor de todo es que ha modificado el sistema de imposición de costas previstos en los arts. 394 y 395 LEC, o sea contra la jerarquía normativa un simple RD Ley ha modificado la LEC. Dudo del pretendido efecto de disminuir la presentación de demandas judiciales pues gran parte de los  bancos siguen intentado “confundir y aburrir al consumidor hasta la extenuación” si no están debidamente asesorados por un abogado.

Las principales novedades que se introducen son ciertas obligaciones formales que se imponen a las entidades de crédito, como la implantación de un sistema de reclamación previa y la difusión del procedimiento entre los consumidores afectados.

Incluye la obligación de la entidad de aportar, con  su respuesta, un cálculo desglosado de las cantidades a devolver, incluyendo intereses, obligación que se está incumpliendo en la práctica, ya que las entidades se están limitando, bien a responder negativamente a la solicitud, o como mucho a ofrecer importes o compensaciones, sin aportar cálculos detallados que satisfagan la restitución íntegra como se pretendía.

Respecto al conocimiento de la existencia del procedimiento, las entidades han incluido en su web, con escasa visibilidad en la mayoría de los casos, la descripción del procedimiento,  lo correcto habría sido notificar la implantación del sistema a todos los consumidores afectados.

Sobre algunos detalles en el PROCEDIMIENTO DEMANDA JUDICIAL, lo que ejercitamos es una demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de nulidad de condición general de la contratación y reclamación de cantidad, será muy conveniente que le adjuntemos un cálculo de la diferencia de cuotas, disminución de capital  e intereses legales realizado por un acreditado perito bancario, en este sentido son importantes los arts. 253.3 y 712 LEC. En todo caso debemos dejar muy claramente cuales son las bases de cálculo. Lo que demandamos, entre otras alegaciones,  es la abusividad de la cláusula suelo por no superar la cláusula suelo un primer filtro de transparencia gramatical – también denominado filtro de inclusión o incorporación – y un segundo filtro de transparencia material que implica examinar si el consumidor conocía o podía conocer fácilmente la carga económica y jurídica que le imponía el contrato pues el consumidor está en un posición de inferioridad sobre el profesional. La famosa STS de 9 de mayo 2013 ( también conocida como sentencia del medio paso ) limitó sus efectos en el tiempo de su fecha y hasta la sentencia del TJUE de 21 diciembre 2016 ( sentencia del paso entero ) no se han ampliado sus efectos desde la fecha del contrato. Desde la modificación de la LOPJ de 1 octubre 2015 nuestras demandas se presentan en los Juzgados de Primera Instancia y no en Juzgados de lo Mercantil.

Las entidades bancarias cuando reciben nuestra  demanda suelen oponernos además de las causas de fondo por la que entienden que no debe anularse la misma (negociada, pleno conocimiento, información suficiente, etc. ) las siguientes excepciones procesales: falta de legitimación activa ( la doctrina legal y jurisprudencial nos dice que “cuando existe una comunidad de bienes cada uno de los miembros de la comunidad puede accionar en beneficio de los demás, cuyo consentimiento se presupone”., excepción procesal de litispendencia ( se solía presentar esta excepción alegando por la entidad que había planteadas demandas colectivas contra la entidad ), excepción de no consumidor  ( en el caso de personas jurídicas, autónomos ,empresarios o alguna personas físicas no es tan automática y generalizada la nulidad de la cláusula suelo debiéndose estudiar cada caso concreto, aunque mi opinión es que también debería alcanzarles. La clave está en el destino o finalidad al que se destina el dinero recibido por el préstamo hipotecario pues no podemos aplicar el control reforzado de transparencia ni la LGDCU y de momento sólo tenemos la vía judicial de acción individual de condiciones del art. 8.1 LCGC – no la 8.2 – en relación con el art. 1058 Cc y art. 57 del Código de Comercio, alegando vicio de consentimiento y falta de buena fe , no les protege la inversión de la carga de la prueba siendo necesario además de prueba documental demostrar que no hubo negociación) , cosa juzgada ( excepción que requiere por su casuística e incidencias un análisis tan pormenorizado que no podemos abarcar en este artículo) ,  y otras menos frecuentes excepciones procesales.

 

PRESCRIPCIÓN. La acción de nulidad, cuando se trata de nulidad de pleno derecho y no de mera anulabilidad, no prescribe, esta es una de las afirmaciones que más firmemente están asentadas en nuestra jurisprudencia civil, aunque hay doctrina que discrepa en este sentido.

En los contratos de hipoteca ya cancelados, en los que ha transcurrido  un tiempo desde dicha cancelación, por cualquier vía (porque ha cumplido, por transacción o por ejecución). Si el contrato contenía cláusula suelo y  no se reclamó judicialmente ni la nulidad ni la restitución, ¿cuándo prescribe la acción para recuperar las cantidades indebidamente pagadas al banco de más por la aplicación de esta cláusula?

La acción de restitución de los contratos afectados por nulidad según el artículo 1.301 del Código Civil es de 4 años desde la consumación del contrato, es decir desde que todas las prestaciones derivadas del contrato están cumplidas, o sea cuando el contrato se consuma al haber terminado.

 

Juan Fernández Olmo

Colegiado ICA Málaga num. 2610

Bufete Ignacio Fernández

AELAX, Defensa Consumidores y Usuarios Bancarios.

Integrado en el buscador profesional Thesauro 

Un mal hábito: cruzar las piernas

 

Artículo de: Rosa M.ª Sánchez Rubio , fisioterapeuta de Madrid , incluida en el buscador de profesionales Thesauro 

En varios post, hemos tratado las consecuencias que tiene la mala higiene postural sobre nuestro cuerpo.

Hoy, me gustaría hacer especial hincapié en un pequeño detalle en el que pocos nos fijamos cuando estamos sentados durante las largas horas de trabajo o bien en casa mientras nos relajamos: cruzar las piernas.

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Os sorprendería la cantidad de horas que pasamos al día con las piernas cruzadas. Sólo tenéis que hacer la prueba pensando en vosotros mismos. ¿Cuánto tiempo en total estimas que lo haces al cabo del día? Ya respondo yo, ¡demasiado!

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Recordad que existen varias formas de cruzar las piernas: a la altura de los tobillos, rodillas, etc.

Esta práctica tan extendida, crea una descompensación en la cadera que se eleva a la zona lumbar y consigue crear una curvatura en la columna vertebral. No suena bien, ¿verdad? Imaginad lo que provoca esta postura mantenida contínuamente durante horas. Y no, cambiar de pierna de vez en cuando no lo compensa. Por lo que, si alguna vez has tenido problemas sin conocer el origen de éstos, como dolor en la zona del glúteo, dolor lumbar aunque hayáis tenido la espalda “correctamente” apoyada en el respaldo de la silla, etc. podéis mirar en retrospectiva y pensar si la posible causa de estos dolores es la costumbre de tener las piernas cruzadas.

Además, existen otros problemas asociados como problemas circulatorios, que nos regalan la aparición de varices, inflamación en las piernas, etc.

La próxima vez que os sentéis, ya sea para trabajar o para descansar un rato, pensad bien en la posición de vuestras piernas, ya que vuestro cuerpo os lo agradecerá.

LexNET: mejoras en su desarrollo para una eficiente justicia digital

Artículo de : BARTOLOMÉ PROCURADORES  de Madrid, profesionales incluidos en el buscador judicial Thesauro 

LexNET, la herramienta electrónica que a diario usamos procuradores, abogados y otros operadores jurídicos para el intercambio de comunicación de notificaciones y escritos con los órganos judiciales, está en los últimos meses más de actualidad que nunca.

 

A finales de julio, un grave fallo de seguridad en LexNET permitió que expedientes de procesos judiciales quedaran expuestos a usuarios ajenos a los mismos, lo que supuso el cierre de LexNet durante varios días y ha obligado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

 

A este respecto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una sesión extraordinaria acordaba abrir diligencias informativas sobre lo sucedido en el sistema LexNET, para esclarecer “si la posible quiebra de seguridad del sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (LexNET) produjo una violación de las normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo por esta grieta en la seguridad de la plataforma.

 

Y si así despedíamos el curso judicial, a la vuelta del descanso vacacional, LexNET nos recibía el 1 de septiembre con nuevos cierres del sistema. Los as posteriores, el servicio funcionó de manera inestable y el 19 y 20 de septiembre volvió a sufrir paros.

 

Los defectos de LexNET afectan al trabajo diario de procuradores y abogados

 

El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, obliga desde enero de 2016 a los operadores jurídicos a hacer uso de LexNET para todas nuestras comunicaciones con los órganos judiciales, y a estas alturas no parece descabellado señalar que seguramente todos los que hacemos un uso continuo de la plataforma coincidiremos en que ésta no ha logrado funcionar como se esperaba.

 

En la actualidad, el uso de LexNET en la práctica de la procura, la abogacía y el resto de actividades profesionales en el ámbito de la justicia está marcada por lentitud del sistema; incidencias en las notificaciones; límites en la subida de documentos (en un inicio de 10 MB y actualmente de 15MB), que nos obligan también a hacer la presentación de la documentación por otras vías; que el programa se quede colgado en cualquier momento o no nos permita acceder a él; la necesidad de guardar borradores de los escritos de manera continua para no perderlos en caso de cualquier error de este tipo, la incompatibilidad con sistemas operativos, buscadores y actualizaciones de Java, por poner algunos ejemplos.

 

Por otro lado, cabe señalar que, con el foco mediático sobre LexNET tras el fallo de seguridad ocurrido en julio, se ha abierto de nuevo el debate sobre si la gestión de la plataforma, actualmente en manos del Ministerio de Justicia, debería residir en el poder judicial. Sobre este asunto existen opiniones enfrentadas, y es una cuestión que cabría debatirse en profundidad, en aras de la división de poderes que, como todos sabemos, es el pilar fundamental del Estado de Derecho.

 

LexNET y una eficiente justicia digital

 

Es de imperante necesidad un mejor desarrollo de LexNET porque parece obvio que, más allá de las repercusiones que el uso de LexNET tiene en el día a día de la actividad de procuradores y abogados y de los órganos judiciales, lo cierto es que la transcendencia de la información que se gestiona a través de esta plataforma digital, merece un óptimo nivel de servicio y una irrefutable seguridad, para lograr así que la digitalización de estas comunicaciones repercutan directamente en un incremento de la eficiencia y en una mejor justicia.

 

Confiamos en que la nueva inversión de 55 millones de euros para mejoras informáticas anunciada por el Ministerio de Justicia sirva para implementar la funcionalidad, la seguridad, así como, las prestaciones de LexNET, como recientemente ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez.

 

Porque somos conscientes que los avances tecnológicos implican grandes cambios, y en especial en nuestra profesión y área de trabajo, a la que además de los cambios meramente técnicos hay que añadir los cambios culturales que estos nuevos usos implican. Y no hay duda que la transición del papel a la justicia digital es uno de ellos. Pero si queremos una eficiente ley en red y no una ley atrapada en la red, es urgente que LexNET se adapte más eficazmente a las necesidades actuales de la justicia, no al revés.

Modificación en los criterios de la imposición de costas procesales: de vencimiento, a temeridad

Artículo de: BARTOLOMÉ PROCURADORES incluidos en el Buscador Judicial Thesauro como procuradores en todos los partidos judiciales de Madrid 

El PSOE presentaba en septiembre de 2017 una Proposición de Ley relativa a las costas procesales, interesando por tanto la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, argumentando que con esta reforma se facilitará el acceso a la administración de Justicia.

 

En la citada Proposición de Ley, los socialistas pretenden modificar el criterio actual aplicable de vencimiento objetivo por el criterio de mala fe o temeridad. Esto en la práctica implica que se pasará de un sistema en el que el litigante que obtiene una sentencia a su favor en la que se reconocen todas sus peticiones, tiene derecho a que se condene en costas al otro litigante, recuperando así el dinero que tuvo que gastarse para litigar; a un sistema en el que el nuevo criterio se basará en la mala fe o temeridad, que implicará que, aunque una de las partes gane el pleito y vea reconocidas todas su pretensiones, la parte contraria sólo será condenada en costas si el juez o tribunal considera que al demandar o contestar la demanda, ha actuado con mala fe o temeridad. De no ser así, y aunque pierda el pleito, no tendrá que abonar las costas procesales del otro litigante, sino únicamente las suyas.

 

El criterio de temeridad en costas procesales no es nuevo

El criterio de temeridad en las costas procesales no es algo nuevo en nuestro ordenamiento procesal civil. Hasta que se aprobó la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil se usaba este criterio. El artículo 523 de dicha ley supuso un cambio sustancial en materia de costas, ya que por vez primera en nuestra legislación procesal se estableció el principio del vencimiento objetivo como criterio fundamental. Años después, la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil ratificaba este criterio.

 

El Consejo General de la Abogacía propone también un cambio de criterio en las costas

Esta reforma no coge por sorpresa a los operadores judiciales, ya que el Plan Estratégico 2017-2020 del Consejo General de la Abogacía (CGAE), presentado en el mes de febrero del pasado año por su Presidenta, Victoria Ortega, contemplaba ya un cambio en este ámbito. Concretamente el texto hacía referencia literalmente a “revisar el criterio de la condena en costas para que el principio de vencimiento no suponga una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva”, por lo que parece que este cambio tiene el beneplácito del CGAE.

 

Además, esta reforma llega en un momento en el que la banca, con una elevada litigiosidad provocada por las cláusulas suelo o la devolución de los costes de constitución de la hipoteca, podría beneficiarse. De hecho, hace unos meses el Tribunal Supremo establecía como criterio general que el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso.

 

La modificación de las costas: de un criterio objetivo, a uno subjetivo

Es indudable que esta reforma en el criterio de las costas procesales supondría un enorme cambio en nuestro ordenamiento. Y este tipo de cambios siempre vienen acompañados de polémica y opiniones enfrentadas.

 

Entre los profesionales del ámbito jurídico, muchas voces muestran preocupación ante la posibilidad de que deje de primar un criterio objetivo y se imponga otro subjetivo, que provocará aleatoriedad en las resoluciones, ya que dependerá del criterio del juzgador si se aprecia una actuación temeraria o contraria a la buena fe.

 

Por otro lado, muchos consideran que esta medida repercutirá en un beneficio para el ciudadano, ya que, con el nuevo criterio, las costas no supondrán una limitación para acudir a la justicia. Para otros, en cambio, no parece muy coherente pretender conseguir un mejor acceso a la justicia de los ciudadanos basado en el hecho de que exista la posibilidad de que para aquel que reciba una sentencia favorable, ésta suponga a su vez una carga económica.

 

También muchos compañeros abogados y procuradores muestran preocupación por el posible aumento de la tasa de litigiosidad a través de demandas poco fundadas que podrían colapsar los juzgados.

 

La tramitación de la reforma legal ha sido respaldada por todos los grupos políticos excepto Unidos Podemos, que votó en contra de la consideración de la propuesta. Por todo ello, la modificación legislativa en materia de costas procesales ya ha comenzado su tramitación parlamentaria.

 

Todo apunta a que el criterio actual será sustituido por el criterio de mala fe o temeridad y habrá que esperar a ver en qué queda la modificación definitiva, ya que se espera que los distintos grupos parlamentarios presenten enmiendas para afinar la normativa propuesta inicialmente por los socialistas.

Notarios de toda Europa se dan cita en Valencia para analizar el uso de nuevas tecnologías como el blockchain

1 Foto Foro Futuro Notarial

Valencia, 17 de enero de 2018: El Colegio Notarial de Valencia ha sido la sede elegida en España, por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE), para organizar la cuarta edición del Foro sobre el futuro de la profesión notarial y la tecnología blockchain. Notarios de Austria, Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia han analizado el papel que va a jugar la tecnología de la cadena de bloques como complemento al trabajo diario ofrecido por los más de 40.000 notarios de Europa.

 

Por parte de España, estuvieron presentes en la jornada de trabajo el notario de Burjassot y miembro de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), César Belda; la notario de Alicante, María Reyes Sánchez; el notario de Ayora y miembro del grupo de trabajo de nuevas tecnologías del CNUE, José Carmelo Llopis, y el decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha y miembro de la empresa de tecnologías del notariado español (Ancert), Luis Fernández Bravo.

 

En su intervención, el notario Luis Fernández Bravo profundizó en la importancia actual de la identidad digital, que, aseguró, ha venido para quedarse, y en la certificación que debe ofrecer el notario en la gestión de la acreditación personal por medios electrónicos. “Debemos ser los notarios los que certifiquemos la vinculación de la persona física y su representación en el mundo electrónico, su capacidad de obrar, para garantizar confianza y seguridad jurídica preventiva al igual que lo llevamos realizando en el plano analógico durante siglos”, ha asegurado.

 

Por su parte, respecto a la tecnología blockchain, el decano de Castilla La Mancha indicó que la cadena de bloques puede servir al mundo notarial de complemento, como “una gran base de datos tecnológica donde poder circular documentos, con seguridad, comodidad y eficiencia; una sede notarial donde el usuario pueda disponer de toda su documentación de forma digital y que ésta sea visible para todas las notarías”.

 

El notario de Ayora, José Carmelo Llopis, fue el encargado de explicar las diferentes iniciativas que a lo largo de estos últimos años se han desarrollado en materia tecnológica y los retos de futuro, dejando patente que la cadena de bloques está presente en todos los ámbitos; que una parte del sector privado está adaptando a su propio ritmo el blockchain, y que el bitcoin se conoce cada vez más y la gente empieza a utilizarlo para invertir, pero que para que sea una herramienta generalizada es imprescindible la actuación de las administraciones públicas con carácter general o de la UE con carácter particular. Tal y como dejo claro Llopis, “desde hace muchos años la UE no ha sido ajena al movimiento generado alrededor del blockchain, ni a los proyectos o ideas que se basan en esta tecnología de cadena de bloques, que, más allá de teorías, analizan ahora qué va a ocurrir de forma legal con estos contratos inteligentes y la necesidad de llegar a una regulación civil y mercantil de los efectos que produce el blockchain”.

 

María Reyes, precursora de la plataforma EUfides, fue la encargada de explicar esta plataforma de los notariados de la Unión Europea, cuyo objetivo es la conexión telemática de las notarías de toda Europa, como sistema de cooperación europea entre todos los notarios que facilite el negocio jurídico transfronterizo, combinando la libre circulación, la digitalización y la libre elección del notario. Tal y como avanzó, si el proyecto nació para dar cobertura a las transacciones inmobiliarias, colaborando los notarios europeos para garantizar el perfecto asesoramiento del cliente evitando los desplazamientos de un país a otro, ahora EUfides se utiliza más en el Derecho de familia, para particiones de herencias o separaciones matrimoniales cuyos cónyuges residen en diferentes países.

 

Asimismo, del resto de países de la Unión Europea ha participado en el Foro Robert Horvath, de Hungría, experto en la materia y miembro de MakerDAO, quien ha analizado los orígenes del blockchain, así como los retos de la red Ethereum como almacenamiento de forma segura y anónima de documentos y archivos notariales. De esta forma, aseguró que el notariado tendrá más trabajo con la implantación de estos sistemas de cadenas de bloques, que utilizan la tecnología para certificar un activo real pero cuya transacción para garantizar la legalidad la debe seguir autorizando un notario.

 

Fue Alexander Winkler, notario de Austria y director del CNU, el encargado de explicar al resto de compañeros el proyecto piloto realizado en su país con la tecnología blockchain para la constitución de una sociedad limitada por vía digital. De esta forma, por medio de la tecnología de cadenas de bloques, el notario crea una sala de datos digital donde poder redactar los estatutos, identificar a los fundadores, recoger los acuerdos, quedando reflejados todos los movimientos realizados. “Una vez se determinan los términos de la empresa, el notario por videoconferencia lee los estatutos y comprueba en directo el momento de la firma de las escrituras, controlando la legalidad, para poder inscribir la sociedad en el registro mercantil posteriormente”, concluyó.

 

Por su parte, Domenico Cambareri, notario de Italia y delegado de relaciones con Europa del Consejo Nacional del Notariado Italiano, explicó el proyecto de su país llamado “Notarchain”: una base notarial digital donde de forma segura se puede almacenar y gestionar toda la información notarial, utilizando la tecnología blockchain. Los asistentes manifestaron su interés por este proyecto, señalando la conveniencia a nivel europeo de crear una cadena notarial que sirva para que los notarios amplíen sus horizontes geográficos y mejoren sus servicios al ciudadano con la máxima seguridad.

2 Intervencion Garcia Collantes Presidente CNUE

En la clausura, el presidente del CNUE, José Manuel García Collantes, estuvo acompañado por el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez, así como por el presidente del Forum sobre el futuro de la profesión notarial y notario de Hungría, Tamás Parti,  y por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos.

 

En su intervención, Collantes destacó cómo los notarios “hemos sabido descender desde las grandes ideas a los problemas concretos de las nuevas tecnologías”. Para el presidente del CNUE, si en 2016 el reto era crear una gran base de datos central con información que nos permitiera luchar contra el blanqueo de capitales, ahora “debemos mejorar los sistemas de identificación electrónica y ver el blockchain como una herramienta útil notarial”, añadió, “aquí estamos analizando los proyectos que en este momento algunos países como Austria o Italia están estudiando. Hoy entre todos estamos perfilando esas ideas para la creación de una cadena de bloques basada en tecnología blockchain que puedan utilizar por todos los notarios de Europa”. Para Collantes, “estas ideas deben ser transformadas en proyectos concretos donde la decisión política es necesaria para su puesta en funcionamiento y, por ello, me encargaré de trasladar las conclusiones de este foro a la próxima asamblea general del Consejo de Notariados de la UE”.

 

El presidente del CGN, José Ángel Martínez, quiso también dirigir unas palabras a los asistentes, enfatizando el papel que el notariado valenciano ha prestado en materia de nuevas tecnologías a nivel nacional con el notario valenciano y anterior decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda, a la cabeza. “Estamos en el colegio notarial más antiguo de España cuyos orígenes se remontan en el siglo XIII y cuyos notarios se han caracterizado por enarbolar la bandera de las nuevas tecnologías a nivel nacional, y ahora europeo”, manifestó. Para el Presidente del Consejo General del Notariado, el colectivo notarial es una institución que se ha sabido adaptar a las necesidades y a los medios de cada momento y ahora más que nunca lo va a seguir haciendo para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la atención notarial prestada a la población.

 

Y es que, como bien indicó Tamás Parti, el Presidente del Foro y notario de Budapest, “nuestro entorno y nuestras relaciones legales están cambiando a un ritmo acelerado. El desarrollo de la tecnología, la creciente complejidad de la economía, el creciente flujo migratorio generan procesos contractuales nuevos, más rápidos y geográficamente más expandidos y, por lo tanto, relaciones legales más extensas”, añadió. “Si los notarios queremos mantener nuestras actividades en estos nuevos procesos ampliados, es crucial que nos adaptemos a ellos. Esta adaptación no significa que tengamos que renunciar a nuestras actividades tradicionales, sino ajustar una nueva forma de práctica notarial a este nuevo enfoque”.

Noticia facilitada por:

Dpto. de Comunicación y Prensa
COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

http://www.cnotarial-valencia.com